El Síndic de Greuges, alertado por la Plataforma de Afectado por la Hipoteca de Barcelona, ha abierto una investigación de urgencia para intentar encontrar alternativas para las siete familias que en el mes de febrero de 2015 ocuparon pisos del bloque La Bordeta, en el barrio de Sants. Rafael Ribó propone realojarlos en otras viviendas o bien que se queden en los pisos ocupados, a cambio de un alquiler social.

El Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona ya ha dictado la orden de desalojo a instancias de la propiedad, que continua correspondiendo a Nyala, SL  a pesar de que la Sareb gestiona su deuda.

El Síndic ha solicitado información al Ayuntamiento de Barcelona sobre los motivos por los que no se pudieron atender, en su momento, las solicitudes de vivienda social de los afectados y sobre las actuaciones de los servicios municipales en relación con la situación actual de estas familias.

También ha sugerido al Departamento de Territorio y Sostenibilidad que considere la opción de permitir la permanencia de los ocupantes actuales, a cambio de un alquiler que puedan asumir.

Asimismo, ha preguntado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acerca de los motivos por los que, en este caso, no se ha aplicado el protocolo que firmó en el año 2013 con el Ayuntamiento de Barcelona. Según este protocolo se suspenden las órdenes de desahucio para dar tiempo a los servicios sociales a valorar la situación de emergencia social de las familias y realojarlas.

Finalmente, el Síndic se ha dirigido a la Sareb para aclarar a quien corresponde la titularidad de este edificio y su intervención en este asunto.

Las familias afectadas decidieron ocupar el bloque después de no haber obtenido una vivienda digna y accesible conforme a sus recursos económicos, ni de los servicios sociales ni de la Oficina de la Vivienda. El edificio ocupado estaba vacío desde el año 2007, en que la empresa constructora Nyala, SL lo abandonó, prácticamente acabado.

El Síndic de Greuges ha solicitado al departamento de Salud que active campañas de concienciación social sobre la importancia de las vacunas desde una perspectiva que vaya más allá de la protección individual y que destaque los beneficios colectivos para la salud de los niños y adolescentes.

Además de hacer pedagogía con los usuarios del sistema de salud, el Síndic defiende que se realice un seguimiento de las recomendaciones que el personal sanitario dirige a las familias. Así, apuesta por actualizar los conocimientos del colectivo médico y por promover la formación de otros profesionales que atienden a los niños y adolescentes desde los ámbitos social y educativo.

Rafael Ribó también ha recomendado que se extreme la difusión de las consecuencias que pueden derivarse de la no vacunación para la salud individual y colectiva de niños y jóvenes. Según el síndic, se debe trabajar por seguir aumentado la responsabilización de las familias mediante una buena información que garantice que los padres conocen las razones clínicas que fundamentan la vacunación.

El Síndic ha formulado estas recomendaciones tras la aparición, a principios de junio, de diversos casos de difteria en Cataluña. Una enfermedad que hacía casi 30 años que estaba erradicada, y que ha provocado la muerte de un niño de seis años que no estaba vacunado. 

En el marco de esta actuación de oficio, el Síndic se ha dirigido a Salud para que active un sistema de control y seguimiento del número de niños y adolescentes no vacunados de difteria (y otras enfermedades cuya vacunación se considera recomendable de acuerdo con el criterio médico). Sería preciso diferenciar claramente si son casos en que las vacunas se contraindican por razones médicas o por la decisión adoptada libremente por la familia.

En lo que respecta a la conveniencia de que algunas vacunas a niños y adolescentes sean obligatorias, de acuerdo con criterios médicos, y a la adecuación del calendario de vacunas, Rafael Ribó ha instado al Departamento de Salud, en cooperación con las autoridades estatales competentes, a que lo valoren.

Según la normativa, las vacunas son una prestación pública con finalidad preventiva a cargo del Sistema Nacional de Salud con carácter ordinario no obligatorio (vacunas establecidas en los calendarios de vacunación), pero que pueden tener carácter extraordinario obligatorio en supuestos de epidemias o brotes.

La ley también establece que los ciudadanos tienen el deber de cumplir las prescripciones generales de naturaleza sanitaria comunes a toda la población, así como las específicas determinadas por los servicios sanitarios.

En cuanto al principio de autonomía de la voluntad y al derecho a la información; la normativa establece que los ciudadanos tienen derecho a la información epidemiológica y a conocer los problemas sanitarios de la colectividad cuando impliquen un riesgo para la salud pública o para su salud individual.

Con motivo de la investigación, el Síndic se ha dirigido a la Secretaría de Salud Pública para solicitar información y al Defensor del Pueblo para solicitarle que adopte, si procede, las medidas que considere adecuadas para garantizar el derecho a la salud de los niños y adolescentes.