Liliana Tintori y Mitzy Capriles, esposas de los opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma, se han reunido hoy con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y su Adjunto Primero, Francisco Fernández Marugán, para pedirles que intercedan a favor de la liberación de los presos políticos de Venezuela.

Las esposas del líder de la oposición venezolana y del alcalde de Caracas han expuesto a la Defensora del Pueblo la realidad política que se vive en su país y la situación de los disidentes encarcelados.

Soledad Becerril se ha comprometido a realizar una gestión con el Defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, a quien pedirá su colaboración en su calidad de máximo garante de los derechos fundamentales en aquel país.

La Defensora le enviará una carta en la que solicitará su intermediación con las autoridades de Venezuela para lograr la pronta excarcelación de los opositores.

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha asegurado que desconoce cuáles han sido las actuaciones de la Fiscalía desde que la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA) le remitió el caso del centro residencial de acción educativa (CRAE) El Petit Príncep, de Santa Coloma de Gramenet, en el mes de febrero de 2015. El Síndic solicita que se investiguen los hechos con carácter prioritario y teniendo en cuenta el interés superior de los niños.

Desde el primer momento, Ribó sugirió a la DGAIA que, de manera inmediata, se iniciaran actuaciones para investigar el alcance y la veracidad de las presuntas vulneraciones y que se adoptaran todas las medidas necesarias para proteger a los niños y los adolescentes afectados.

Si bien la investigación de los hechos por parte de la DGAIA (Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia), a raíz de la intervención del Síndic, fue muy rápida, Rafael Ribó lamenta que no se actuara con mayor contundencia des de un primer momento frente a situaciones de riesgo, de las cuales alertó en el mes de octubre de 2014, como el caso de la agresión sexual que produjo por negligencia del centro. La Administración debería haber activado medidas inmediatas que protegieran tanto a los agresores como a las víctimas.

En el expediente informativo de la DGAIA se detectaron indicios de diversas vulneraciones:

- discriminación hacia niños y adolescentes tutelados por parte de la directora del centro y posiblemente de algunos educadores;

- maltrato psicológico por parte de la responsable de salud y también, posiblemente, de  la directora del centro hacia algunos niños y adolescentes;

- negligencias en el ámbito de la salud con grave riesgo físico y/o psicológico (falta de control y seguimiento psiquiátrico adecuado, negligencias en el acceso a la medicación, errores en la preparación de medicación, problemas graves en la preparación de menús y comidas, etc.);

- falta de criterios organizativos comunes y coherentes y aplicación arbitraria del reglamento de régimen interno, de manera que se aplican sanciones y respuestas educativas no previstas en el reglamento o contrarias a la normativa en materia de infancia y adolescencia;

- falta de respeto a la intimidad y a la confidencialidad de los datos de los niños y adolescentes en el centro;

- falta de control de las incidencias en el centro y traslado no adecuado de estas incidencias a la DGAIA de acuerdo con el protocolo establecido.

El Síndic valora positivamente que Bienestar y familia apartara en un primer momento  a la directora y a la responsable de salud de la atención de los niños y, posteriormente, la entidad concesionaria. Asimismo, se debería haber sido más diligente en este proceso para evitar la continuidad de la entidad dirigida por la misma responsable, ya que este hecho afectó negativamente durante más tiempo al funcionamiento del centro.

El Síndic se ha dirigido al Departamento de Bienestar Social y Familia para  que active todos los mecanismos para proteger a los niños y adolescentes ingresados en el centro y para evitar que se produzcan situaciones de revictimización como la descrita.

Es necesario recordar que los niños y adolescentes ingresados en un CRAE lo están para ser protegidos de una situación vivida anteriormente de vulneración grave de derechos en su entorno familiar. Paradójicamente, bajo la tutela de la Administración, en este caso, han vuelto a ser víctimas de maltrato.

Finalmente, el Síndic también ha pedido que se valoren las responsabilidades patrimoniales que se puedan derivar de estos hechos para indemnizar a los niños, y también que se valore el tratamiento psicológico que necesitan para que se puedan recuperar plenamente.