El Síndic de Greuges ha transmitido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y al Defensor del Pueblo la queja de una madre a quien le han asignado desde el registro civil de Santa Coloma de Gramenet, un tiempo de espera de seis años, (tiene cita para el año 2021), para solicitar la nacionalidad española de su hija de 2 meses y medio.

El Síndic recuerda que esta dilación en un procedimiento para acceder a la nacionalidad vulnera el derecho a la buena administración porque supone dejar a un menor sin documentación con efectos sobre el ejercicio efectivo de otros derechos. Además, esta dilación es un ejemplo flagrante de mala administración y sería necesario exigir responsabilidades a las autoridades competentes, además de los cambios inmediatos necesarios para subsanar esta anomalía.

Rafael Ribó evidencia que se está cometiendo una ilegalidad y considera muy grave dejar apátrida a una persona hasta el año 2021. Dado que supone una vulneración de derechos, pide que se adopten con urgencia las medidas oportunas para corregir esta situación, de manera que el expediente de nacionalidad de esta niña tenga un carácter prioritario.

Igualmente, el síndic pone de manifiesto que en general es inadmisible que los procedimientos para acceder a la nacionalidad tengan estas demoras, y demanda que se emprendan medidas para resolver esta situación. En sus informes anuales, el Síndic ya ha alertado de que los registros civiles deben velar por no dejar a ningún niño sin nacionalidad y verificar si la inscripción del nacimiento del menor en el registro consular es calificada por la legislación extranjera aplicable como requisito para adquirir la nacionalidad de los padres. Constatado por el registro civil el citado carácter de la inscripción no practicada, es necesario otorgar al menor la nacionalidad española para evitar que quede en situación de apátrida originaria. En este sentido, cabe insistir en que es preciso que el Ministerio de Justicia incremente los medios para evitar las dilaciones extremas.

La normativa establece que los nacidos en España de padres extranjeros obtienen la nacionalidad española de origen si, al menos, uno de los progenitores hubiera nacido también en España. En el caso de que ninguno de los progenitores extranjeros hubiera nacido en España, se obtendrá la nacionalidad española si los padres fueran apátridas o si se acredita que ninguna de sus legislaciones atribuye al hijo una nacionalidad. En este sentido el consulado de El Salvador certifica que no se han hecho los trámites para acreditarla como ciudadana salvadoreña.

El Defensor del Pueblo ha formulado recomendaciones a las administraciones competentes para la aplicación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que entra en vigor el 1 de julio.

Las recomendaciones se refieren a registros corporales externos, al ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y de información y al rechazo en frontera de personas migrantes.

El Defensor del Pueblo ha mantenido el criterio general de no recurrir esta norma ante el Tribunal Constitucional, ya que ha sido recurrida por varios grupos parlamentarios.

No obstante, teniendo en cuenta que el recurso no impide que la Ley despliegue todos sus efectos hasta que el Alto Tribunal se pronuncie, la Institución ha pedido que se elaboren, con carácter de urgencia, instrucciones dirigidas a los funcionarios policiales para una correcta aplicación de la norma.

Recomendaciones

Para impedir cualquier extralimitación policial y garantizar el derecho fundamental a la intimidad, la Institución ha recomendado reforzar el inmediato control judicial y de la fiscalía sobre los registros corporales externos.

En relación con las sanciones económicas que pudieran imponerse por alteración del orden o del normal desarrollo de manifestaciones, se recomienda su limitación a casos de especial gravedad.

La Institución también ha recomendado que no se exija una autorización previa para la difusión de imágenes o datos personales o profesionales. Y que sea necesaria autorización judicial para retirar material informativo.

También se han formulado recomendaciones para que la figura del rechazo en frontera que establece la ley respete la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la normativa internacional.

Así, se ha recomendado que siempre que se produzca un rechazo en frontera se dicte una resolución administrativa, con asistencia letrada y de intérprete e indicación de los recursos que se puedan interponer contra ella.

En dicho procedimiento, el extranjero deberá recibir información sobre protección internacional y se verificará la posibilidad de acogerse a ella, que no es menor de edad o posible víctima de trata de seres humanos.