El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se ha reunido con una Plataforma de Afectados por el Salario Social para conocer de primera mano los retrasos en los pagos y las solicitudes de reconocimiento aún pendientes que sufren muchas familias andaluzas, sobre todo, localizadas en Sevilla y Cádiz, donde la situación se agrava.

El Defensor del Pueblo le ha reiterado su compromiso a insistir en el segumiento de este programa para garantizar “la prestación económica del salario social a familias en situación de extrema necesidad, sin otros ingresos, y sin perjuicio de la obligación legal de fiscalización de estas ayudas”.

Jesús Maeztu ha insistido, una vez más, que los incumplimientos en los pagos de esta ayuda está abocando a muchas familias a vivir situaciones de auténtica desesperación y emergencia social, toda vez que esta ayuda constituye, hoy por hoy, su única fuente de ingresos. Es por ello que pide a la Administración autonómica una solución urgente.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha mostrado su preocupación por estos retrasos, que ya lleva denunciando desde hace unos meses. A fecha de hoy, todavía son muchas las familias que continúan recibiendo el salario social con retrasos o están a la espera de ser beneficiaria de esta ayuda, por lo que, una vez más, desde la Institución andaluz se exige más agilidad y cuantas medidas sean necesarias para ponerse al día en el Programa de Solidaridad, comunmente conocido como salario social. 

El Defensor del Pueblo Andaluz ha elaborado un documento general de síntesis de la situación del acceso al derecho a la vivienda en nuestra Comunidad, a partir del análisis de la problemática planteada en la Oficina del Defensor en las quejas y consultas de los ciudadanos y ciudadanas andaluces en estos últimos años de crisis económica.

El resultado es un primer resumen de lo ya analizado en el Capítulo de Crisis Económica y Capítulo de vivienda de los Informes Anuales que el Defensor del Pueblo ha presentado ante el Parlamento de Andalucía, en el que se han incluido también algunas nuevas propuestas, y es también un avance de los talleres en los que está participando con todos los Defensores del Pueblo de España. Precisamente en marzo de 2015, con motivo de la entrega del Informe Anual 2014, el Defensor del Pueblo Andaluz pidió un Pacto por la Vivienda con todas las administraciones y agentes implicados ante la situación dramática de muchas familias andaluzas ante su necesidad de acceder a un alojamiento o vivienda digna.

Nuestro próximo objetivo será seguir avanzando y profundizando en esta problemática, incorporando el resultado de su actividad diaria a raíz de las reclamaciones ciudadanas sobre vivienda y las actuaciones de oficio que mantiene abiertas y las que vayan incoándose, así como de las aportaciones y propuestas tanto a nivel estatal y autonómica, como local, que se verán en la próxima Jornada de Coordinación de los Defensores del Pueblo, prevista para septiembre de 2015 y que este año versa sobre la vivienda pública y otros instrumentos de la política de vivienda.

El Síndic de Greuges ha ayudado a solventar el problema planteado por un ciudadano ante esta institución en marzo de este año. El afectado denunciaba la falta de solución por parte del EIGE (Entidad de Infraestructuras de la Generalitat), después de comunicarle en enero una avería en la bajante del edificio que le estaba ocasionando goteras y humedades en el techo de su casa, una vivienda de promoción pública de Alicante.

El defensor del pueblo valenciano se dirigió a la Conselleria de Infraestructura, Territorio y Medio Ambiente para interesarse por el tema y solicitarle información al respecto. Tras esta gestión, la Administración comunicó al Síndic su intención de proceder en breve a la reparación de los desperfectos reclamados por el interesado. A los pocos días, fue el propio afectado comunicó al Síndic la solución de su problema y, de esta forma, se procedió al cierre del expediente. 

IOI Ombudsman News 25/2015