El Consistorio adquirió una propiedad a un particular, que ocupa una parte de forma ilegítima

Santa Cruz de La Palma, 22 de junio de 2015.- El Diputado del Común se ha dirigido a la alcaldesa de Telde, María del Carmen Castellano, con el fin de recordarle el deber legal de inscribir en el Catastro y en el Registro de la Propiedad correspondiente cualquier propiedad adquirida por la Administración municipal.

Este pronunciamiento lo realiza esta institución ante la existencia de un bien inmueble municipal, que no se ha inscrito en el Catastro, y que fue adquirido a un particular, que “ocupa una parte, de forma ilegítima, además de haber construido sobre él”. “Construcción que al parecer ha anexado a su vivienda y, que la actuación ineficiente e ineficaz de esa corporación no ha logrado revertir, hasta la fecha”, se señala en la resolución remitida por el Diputado del Común al consistorio teldense.

Incidiendo, además, que esta situación no la ha logrado revertir (el Ayuntamiento de Telde) “a pesar de que incluso han ejercitado acciones civiles y han dejado caducar el plazo para pedir la ejecución de la sentencia firme recaída en el asunto, ganada por ese ayuntamiento, por estar más de cinco años sin actuar”. De ahí que el informe de este organismo cuestione  “qué responsabilidades se han depurado por lo expuesto, y cuánto ha supuesto de gasto para el erario municipal la apertura de un expediente de disciplina urbanística ineficaz, como el ejercicio de las acciones civiles”.

La resolución del Diputado del Común contradice al Ayuntamiento, que pretende seguir actuando por la vía civil en relación con la ocupación del terreno, ya que con el planeamiento vigente se ha convertido en bien demanial por destino y lo que procede son las acciones de índole administrativa tendentes a la recuperación del terreno, como al cese de la ocupación ilegítima, con el consecuente derribo de la construcción ilegal   correspondiente.

Desde el Diputado del Común, le recuerdan al Ayuntamiento de Telde, que están  obligados a responder por escrito a esta recomendación en un término no superior al de un mes, lo que supone que debe remitir un informe que explique la razón por la que esa Corporación municipal adquirió el inmueble referido y no lo inscribió en el Catastro, así como de las gestiones tendentes a revertir la situación de la ocupación ilegítima de un bien de dominio público municipal.

Una representación de la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) y la Fundación Forjando Futuro ha mantenido un encuentro con la Adjunta al Defensor, Mª Juana Pérez Oller, enmarcada dentro de la ronda de reuniones que están manteniendo para exponer el nuevo proyecto que ACPP está llevando a cabo, junto con la Fundación Forjando Futuros, en la defensa de las víctimas en el conflicto armado y en apoyo y asesoramiento a los reclamantes de tierra, víctimas de despojos forzados de su medio de vida por grupos armados ilegales.

El objetivo del proyecto es establecer canales de comunicación, colaboración, apoyo mutuo e intercambio de información entre abogados y abogadas defensores de Derechos Humanos en Colombia, y abogados y abogadas de los Colegios de Abogados de España con el fin de buscar apoyos en el asesoramiento a personas en procesos de restitución de tierras.

Comunicado de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ante la Carta Encíclica Laudato Si del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común.

La Carta Encíclica del Papa Francisco “Laudato Si (Alabado Seas), sobre cuidado de la casa común”, reconoce la incidencia de la actividad del ser humano en el cambio climático y pide, para combatirlo, un cambio en el estilo de vida, de producción y de consumo de la humanidad. Esa nueva actitud que reclama la sitúa en el plano de la ética.

En relación con el contenido de esta Encíclica, la Oficina del DPA desea manifestar que, efectivamente, a nuestro juicio y con independencia de las causas naturales que inciden en los cambios climáticos, cada vez ha tomado más peso y se ofrecen mayores certezas, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, más del 95% de los científicos coinciden acerca de que la actividad humana (causas antropogénicas) tiene una incidencia extraordinaria en lo que se ha dado en llamar el calentamiento global de nuestro planeta.

Sin lugar a dudas, por ello la Encíclica del Papa Francisco manifiesta que “La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilo de vida, de producción y de consumo, para combatir este calentamiento o, al menos, las causas humanas que lo producen o acentúan”.

Así las cosas y dadas las consecuencias, extraordinariamente graves que ese calentamiento está produciendo ya, y que va a provocar en el futuro, es urgente que en las agendas públicas se incluyan medidas tendentes a paliar sus efectos, siendo la fundamental, aunque por supuesto no la única, apostar por modelos de producción y consumo energético, movilidad y desarrollo económico, que hagan disminuir el consumo de energías mejorando su eficiencia, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y promover las energías renovables.

A esta estrategia responde la apuesta 20/20/20 de la Unión Europea y diversas iniciativas que, a nivel nacional y local, se han puesto en marcha. Asimismo, creemos que es muy necesario que los gobernantes, en sus distintos ámbitos territoriales, asuman, con rigor, las medidas que el IPCC ha propuesto para que sean adoptadas por los responsables de las políticas públicas.

Como se dice en la Encíclica del Papa Francisco “Por eso se ha vuelto urgente e imperioso el desarrollo de políticas para que en los próximos años la emisión de anhídrido carbónico y de otros gases altamente contaminantes sea reducida drásticamente, por ejemplo, reemplazando la utilización de combustibles fósiles y desarrollando fuentes de energía renovable”.

La Institución no sólo comparte esa preocupación y la necesidad de dar respuestas como las que se proponen en el IPCC 2014, sino que, en nuestro trabajo cotidiano, hemos realizado diversas iniciativas con esa finalidad.

En este contexto, recientemente hemos presentado al Parlamento de Andalucía el Informe Especial Seguridad, Accesibilidad y Calidad Ambiental en los Espacios Urbanos Peatonales de las Ciudades Andaluzas, pendiente a esta fecha de debate en la Comisión correspondiente, en el que, entre otros aspectos que afectan a la calidad de vida de los residentes en nuestras ciudades, planteamos la cuestión ambiental y la necesidad de apostar, decididamente, por modelos de movilidad sostenibles que, entre otros factores beneficiosos para la población, disminuyan la emisión de dióxido de carbono, principal causante del efecto invernadero.

Y es que, creemos, que uno de los mayores retos que, sin duda, actualmente tiene la humanidad es proteger el medio ambiente que, como manifiesta la Encíclica, “es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos”.

Desde esta Institución, en aras a que se asuma el compromiso por la sostenibilidad que se deriva de nuestro Estatuto de Autonomía según diversos preceptos de su articulado y que, justamente por ese motivo, debe convertirse en uno de los ejes de la acción pública autonómica, hemos iniciado diversas actuaciones de oficio y vamos a continuar actuando en el futuro.

Así, con esa finalidad, hemos reclamado un giro drástico en los modelos de planeamiento urbanístico que evite el alto consumo de suelo y de consumo de energía, como exige la denominada “ciudad dispersa”; estamos realizando un seguimiento exhaustivo del cumplimiento del objetivo del vertido “cero”, de acuerdo con al Directiva Marco del Agua; también estamos interviniendo en distintas cuestiones relacionadas con el deposito, tratamiento, reciclaje y reutilización de residuos sólidos; actuamos, tanto a instancia de parte como de oficio, en cuestiones relacionadas con la contaminación atmosférica y acústica; hemos pedido un cambio de rumbo en las políticas de movilidad y, en general, demandado el impulso hacia un cambio del modelo productivo. En definitiva, desde esta Institución lo que estamos demandado es una serie de iniciativas para que el compromiso de sostenibilidad, contemplado en una amplia legislación sectorial y en el discurso político, se transforme en una acción coordinada de las administraciones publicas y de la sociedad.

Se trata de un reto que hay que afrontar de manera urgente y eficaz y con el que esta Institución va a estar plenamente comprometida.