La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz continúa tramitando las quejas presentadas por la contaminación acústica originada por la actividad desarrollada por establecimientos de hostelería y otras entidades, contrarias a la normativa. En las últimas semanas, han sido varias las resoluciones emitidas por la Institución sobre este asunto.

Un trabajo en sintonía con la actuación de oficio (14/2491) del Defensor del Pueblo Andaluz que informa y advierte a todos los municipios de Andalucía de las consecuencias que puede tener para los responsables locales, políticos y funcionarios, la actitud pasiva frente a los titulares de establecimientos hosteleros que dan lugar a contaminación acústica.

Desde el año 2012, el Justicia de Aragón viene mostrando especial interés por el ejercicio de las competencias que tienen los Ayuntamientos para inspeccionar y controlar el estado de los edificios, y el reciente suceso de la calle Miguel de Ara de Zaragoza, atestigua la necesidad de que la Administración local ejerza con diligencia sus competencias de inspección y control de la edificación.
En unos casos, la Institución ha actuado en respuesta a las quejas ciudadanas que alertan sobre filtraciones, humedades y grietas ocasionadas, presumiblemente, por edificios colindantes en ruina; en otros casos, la Institución ha recurrido a la iniciativa propia para abrir expedientes de oficio con un enfoque más general. En los últimos tres años, se han tramitado alrededor de 40 expedientes que tienen como denominador común las consecuencias para la seguridad y salubridad tanto de personas, espacios y viviendas colindantes que se derivan de una actuación insuficiente de la Administración local ante el estado ruinoso de algunos edificios.
La supervisión de la Institución del Justicia en cuanto a la conservación de los edificios se centra en recabar información sobre la apertura de expedientes de ruina y el dictado de órdenes de ejecución subsidiaria que permiten a los Ayuntamientos intervenir cuando los propietarios de edificaciones ruinosas hacen caso omiso a sus requerimientos.
Con este objetivo, en 2012 la Institución abrió un expediente de oficio dirigido a los Ayuntamientos de los municipios aragoneses de población superior a 5.000 habitantes, si bien, la obligación legal generalizada de realizar una Inspección Técnica de Edificios (ITE) sólo afecta a para municipios de población superior a 25.000 habitantes.
La investigación culminó en 2013, y tras recabar toda la información necesaria procedente de 19 Ayuntamientos, se realizaron 12 sugerencias y recomendaciones a los Ayuntamientos de Zaragoza, Alagón, Barbastro, Alcañiz, Ejea de los Caballeros Caspe, Andorra, Tauste y Zuera, todas aceptadas, o parcialmente aceptadas, salvo las dirigidas a los consistorios de Alcañiz, Barbastro y Alagón de quienes no se obtuvo respuesta.
Para completar esta investigación, en 2014 el Justicia de Aragón volvió a dirigirse de oficio a los Ayuntamientos de las principales poblaciones aragonesas con el fin de supervisar su actividad de inspección y control del estado de conservación de solares, espacios en inacabado proceso de urbanización y edificaciones no terminadas, así como las actuaciones para transformar zonas degradadas en espacios de esparcimiento o uso alternativo público para el interés general. Gracias a la información recibida en tiempo y forma, hasta el momento se han realizado sugerencias a Ayuntamientos de Utebo, Monzón, Sabiñánigo y Tauste.

En total, las sugerencias y recomendaciones referidas a control de conservación de la edificación, expedientes de ruina, órdenes de ejecución, ejecución subsidiaria y estado de conservación de solares, suman 26 en los tres últimos años, 6 en 2014, disponibles en la web del Justicia: www.eljusticiadearagon.es
En ellas, además de los aspectos concretos que conciernen a cada caso, el Justicia de Aragón reitera los puntos esenciales de la normativa y Jurisprudencia en esta materia; que la obligación de conservación de la edificación es de los propietarios pero que el límite de tal deber legal es la situación de ruina, ante la cual, la Administración local debe intervenir. A tales efectos, el Justicia hace hincapié en sus pronunciamientos en la importancia de los informes técnicos adecuados, en cuanto a precisión de las obras a ejecutar y de su valoración económica, así como del plazo preciso para su ejecución. Y, por lo que respecta a la financiación de las ejecuciones subsidiarias, la Institución ha recomendado la habilitación de partidas de crédito ampliables en los Presupuestos, a costa de los obligados, que son los propietarios.  

                                  Al encuentro asiste la ararteko en funciones Julia Hernández y la responsable del área de vivienda de la institución

Santiago de Compostela

Representantes de todas las defensorías del Estado participan hoy en Santiago de Compostela en un taller sobre el derecho constitucional a la vivienda. A lo largo del día realizarán una evaluación de las condiciones de acceso a una vivienda pública, así como los instrumentos empleados en el desarrollo de las políticas de vivienda en cada territorio.

El programa de trabajo incluye las aportaciones de todas las defensorías en esta materia. Entre las cuestiones a analizar se encuentra el acceso a la vivienda pública en régimen de propiedad o alquiler y el acceso a una vivienda digna e idónea para las personas que no pueden disponer de ellas. Debatirán, también, sobre el problema de los inmuebles vacíos desde la perspectiva de su movilización, así como sobre el diseño de diferentes políticas en relación a las infravivendas.

Las ayudas públicas directas e indirectas, la regulación y control de las mismas, las bolsas de vivienda en manos de diferentes agentes o los planes desarrollados por parte de las administraciones y la movilización de inmuebles propios son otras cuestiones que se analizan en este encuentro.

Vitoria-Gasteiz, 2 de junio de 2015