El valedor do pobo, José Julio Fernández, y la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Ethel Vázquez Mourelle, firmarán mañana (13 horas) en la sede del defesor un convenio de colaboración en relación a las personas afectadas en nuestra comunidad por ejecuciones hipotecarias. En virtud del mismo, se comprometen a crear un marco de intercambio rápido y ágil de información con la finalidad de mejorar la atención a las familias afectadas por este problema a consecuencia de impagos de créditos o préstamos garantizados con hipoteca y dar una respuesta ágil a su situación. Con la medida se aspira a mejorar también la información otorgada a los afectados en relación a la protección de sus derechos.
Para materializar estos propósitos, el Valedor do Pobo procederá a dar traslado, preferentemente por medios electrónicos, de toda la información correspondiente a quejas o consultas recibidas en esta materia, a los efectos de que el Instituto Galego de Vivenda e Solo(IGVS) valore si cumplen los requisitos para que las familias puedan acogerse al Programa de Realoxo de Colectivos Afectados por Execucións Hipotecarias. En su defecto, se buscará orientación para que puedan acogerse a otras actuaciones o medidas desarrolladas por la administración.
El IGVS, por su parte, contactará con las personas afectadas para informarles del referido programa y para verificar si cumplen o no los requisitos y, en su caso, sobre la posibilidad de acogerse a esas alternativas. otras actuaciones o medidas. En el supuesto de que cumplan los requisitos, el IGVS le ofertará una vivienda en las condiciones del programa de realojo, ya sea a través de una vivienda de promoción pública o a través del programa Aluga, en la misma localidad o en localidades próximas, en función de las viviendas disponibles.
Una vez finalizadas las anteriores gestiones, el Instituto Galego de Vivenda e Solo trasladará al Valedor el correspondiente informe, con las actuaciones realizadas al respecto.
Durante el año 2014 el Valedor do Pobo recibió 54 quejas en materia de vivienda. Se refirieron fundamentalmente a la supresión de las ayudas públicas en forma de subsidiación de préstamos convenidos para la adquisición de viviendas de protección pública, a los defectos o deficiencias en viviendas tanto de promoción pública como de protección autonómica y a la privación de la vivienda habitual de los deudores hipotecarios.
Las quejas sobre vivienda muestran, a juicio de nuestra institución, la insatisfacción de los reclamantes con la actuación de la administración, en cuanto a insuficiencia de las ayudas publicas para el acceso a la vivienda en un contexto de reducción del gasto público. Al mismo tiempo se constata que parte de las quejas evidencian la insuficiente información que recibe la ciudadanía sobre actuaciones y medidas desarrolladas por parte del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, aspecto que se pretende mejorar con la activación del convenio.
