El síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, se ha desplazado hoy a Tarragona para presentar el Informe al Parlamento 2014, especialmente las cuestiones relacionadas con las comarcas tarraconenses.

 En total, el Síndic ha tramitado 1.559 quejas procedentes de la demarcación de Tarragona, que representan el 16% de toda Cataluña. Esta cifra indica las quejas que se han investigado en el año 2014, con independencia del año de apertura. El número de quejas iniciadas específicamente en el 2014 ha sido de 1.155.

En el año 2014, en relación con el año 2013, tanto las quejas tramitadas (que fueron 1.072) como las iniciadas (855) han aumentado. Por localidades, las que han registrado más quejas nuevas en el 2014 son Alcancar (393), relacionadas con el proyecto Castor, Tarragona (120) y El Vendrell (69).

El ámbito del medio ambiente ha sido el más prolífico, concretamente el proyecto Castor, que ha generado 500 quejas, seguido del de administración pública (239) y del de las políticas sociales (237). Respecto a las consultas (826) las políticas sociales, con 224, encabezan el listado.

La actuación o falta de actuación de las administraciones tarraconenses ha sido el motivo de 277 investigaciones. El Ayuntamiento del Vendrell, con 57, ha sido la administración que más ha generado. La disconformidad por el cobro de una tasa de vado ha centrado 20 de estas quejas. En segundo lugar se encuentra el Ayuntamiento de Tarragona (48).

El tiempo empleado por el Ayuntamiento de Tarragona en tramitar la información solicitada por el Síndic ha sido de casi 98 días, con lo que se ha demostrado una capacidad de respuesta más ágil que en el año 2013, de 115 días, y que la media de ayuntamientos catalanes, también de 115 días.

Actuación de oficio a raíz de las indemnizaciones del Castor

Por iniciativa propia, el Síndic ha tramitado 16 actuaciones de oficio. De estas, una de les más destacadas es la investigación entorno al proyecto del almacén de gas Castor.

En un principio iniciada con motivo de los movimientos sísmicos, con posterioridad, y a raíz de la queja formulada por la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Sénia, el Síndic centró la investigación en la rescisión de la concesión del proyecto y el pago de una indemnización a la empresa concesionaria por parte de los usuarios.

También se ha llevado a cabo una investigación ante las demandas de las organizaciones ecologistas de parar las prospec­ciones petrolíferas actuales y futuras que afectan al Mediterráneo.

Queja contra el Ayuntamiento de Tortosa por el derecho de acceso a la información

Rafael Ribó ha aprovechado la visita a Tarragona para explicar en el marco de una jornada sobre transparencia y buen gobierno la nueva competencia del Síndic como garante de la Ley de transparencia, con el encargo de elaborar un informe anual sobre el cumplimiento que hacen las administraciones de dicha ley.

Sobre este tema, ha destacado una queja por la falta de respuesta del Ayuntamiento de Tortosa a una solicitud de acceso a unas actas de reuniones. El Síndic pide al Ayuntamiento de Tortosa que dé respuesta al escrito del promotor.

Seis visitas de la Autoridad Catalana para la Prevención de la Tortura

En calidad de Autoridad Catalana para la Prevención de la Tortura (ACPT) el Síndic ha efectuado seis visitas a centros y espacios donde se encuentran personas detenidas. En concreto, ha visitado la comisaría de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Local de Montblanc y Valls. En la ciudad de Tarragona se ha desplazado a la comisaría de los Mossos y a la de la Guardia Urbana y a Reus ha visitado el hospital psiquiátrico universitario Instituto Pere Mata y la residencia socio-sanitaria Monterols.

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional que suprime la ACPT, el Síndic ha creado el Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura para continuar ejerciendo las funciones que le atribuyen el Estatuto de autonomía de Cataluña y la Ley 24/2009, del 23 de diciembre, respetando el marco constitucional y la sentencia.

Las funciones del Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura se llevarán a cabo por medio del Equipo de Trabajo del Síndic de Greuges, con la asistencia y el asesoramiento del Consejo Asesor para la Prevención de la Tortura, de acuerdo con el marco legal previsto, y bajo las previsiones y la dirección del Síndic.

12 desplazamientos del equipo itinerante de recogida de quejas

El Síndic ha visitado 12 localidades tarraconenses para recoger quejas. Los desplazamientos se han materializado en 133 quejas y 66 consultas. Las localidades visitadas en el 2014 han sido: Amposta, Cunit, Valls, Riudoms, Tarragona, Móra la Nova, Torredembarra, El Vendrell, Vila-seca, Cambrils, Tortosa y Reus.

Ribó ha hecho estas declaraciones a raíz de la reciente sentencia de Tribunal Supremo que avala la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de fijar en un 25 por ciento el porcentaje de enseñanza en castellano en las escuelas que cuenten con familias que así lo requieran.

Según el síndic, Cataluña debe garantizar un modelo educativo de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, pero ha subrayado que es la comunidad educativa quien debe llevar el peso del debate y tomar las decisiones.

El síndic ha recordado que el modelo de inmersión lingüística, funciona en Cataluña hace 32 años con toda con normalidad y serenidad, ha garantizado la cohesión social, la igualdad de oportunidades. Además, ofrece buenos resultados académicos de conocimiento tanto del catalán como del castellano, comparables e incluso superiores a los de otras comunidades autónomas con una única lengua.

“Es un modelo que responde a todos los tratados internacionales suscritos por el Gobierno español, como la Carta de Lenguas”, ha manifestado Ribó, que también ha afirmado que el modelo catalán de sociedad plurilingüe ha sido destacado internacionalmente como ejemplo a seguir.

El Síndic ha abierto una actuación de oficio  ante las disfunciones organizativas que puede ocasionar el recurso interpuesto por el Gobierno del Estado contra el procesó de preinscripción escolar en Cataluña. El citado recurso viene motivado por la voluntad de prorrogar el periodo de matriculación para poder informar al alumnado de manera individualizada sobre la opción de elegir el castellano como lengua vehicular.  Esta imposición, a parecer del síndic, podría resultar contraria a la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del TSJC.