Privatpersonen sollen bis zu 600 Euro für Wohnraumsanierungen bekommen. Dafür müssen sie allerdings eine Reihe von Vorschriften kennen und befolgen, denn jenseits des Gesetzes sind noch die Richtlinien des Finanzministeriums, das Informationsblatt der Abwicklungsstelle, die im Internet abrufbaren „häufig gestellten Fragen“ und die Angaben im Förderantrag zu beachten. Der Förderantrag einer Familie aus Niederösterreich wurde abgelehnt, weil sie die Rechnung des ortsansässigen Installateurs in bar bezahlt hatte – eine für Volksanwältin Brinek unverständliche Vorgehensweise: „Ich verwehre mich dagegen, dass im Falle von bar bezahlten ordnungsgemäßen Quittungen offenbar Steuerhinterziehung vermutet wird. Die Vorschrift, dass ein unbeteiligter Dritter, also eine Bank mitwirkt, erscheint mir völlig absurd.“

In einem anderen von der Volksanwaltschaft kritisierten Fall wurde die Förderung abgelehnt, weil die Förderrichtlinien mehrfach verändert wurden. Einmal wurde der Arbeitsbeginn als relevant angesehen, dann wurde allerdings plötzlich auf das Rechnungsdatum abgestellt. Brinek fordert zur Sicherstellung der Gleichbehandlung, allen derart Betroffenen die Förderung zu gewähren.

Gemeindewohnung unter Wasser

Bereits bei Bezug der Wohnung musste der Mieter einer kleinen Wohnung in der Donaustadt feststellen, dass es Probleme mit dem Wasserabfluss gibt. Er informierte umgehend die Hausverwaltung. Die von Wiener Wohnen daraufhin in Auftrag gegebene Rohrreinigung blieb aber ohne Erfolg, denn als der Mieter im Februar nach Hause kam, stand seine Wohnung unter Wasser. Mittlerweile wurde die Sanierung in Angriff genommen, offen blieb allerdings, wer für die entstandenen Schäden am Mobiliar aufkommt. Volksanwältin Brinek dazu: „Ich erwarte mir ein Angebot seitens Wiener Wohnen, das eine Mietzinsrefundierung und einen angemessenen Schadenersatz umfasst.“ Als erfreulich bezeichnet die Volksanwältin, dass dem Betroffenen eine Ersatzwohnung in unmittelbarer Nähe angeboten wurde.

El evento se desarrollará durante los días 16, 17 y 18 de abril en INFECAR, y acogerá un total de 68 expositores desde los que se pretenden fomentar y promocionar la accesibilidad universal.

El lema de la Feria, " Una isla que construye puentes con el mundo " subraya la apuesta de   Gran Canaria por un Turismo Accesible y un Turismo para Todos . Idea con la que se pretende trabajar para que cualquier persona con o sin discapacidad, disfrute de cualquier producto o servicio turístico.

Esta Institución sigue convencida de que la falta de transparencia de las cláusulas suelo, en los términos descritos por el Tribunal Supremo, es extensible a la mayoría de los contratos hipotecarios en vigor que incluyen tales cláusulas, por lo que considera necesario que las entidades financieras procedan a su inmediata eliminación sin obligar a las personas afectadas a acudir a la lenta y costosa vía judicial.

Hace unos meses volvíamos a dirigir una petición en tal sentido a las entidades financieras radicadas en Andalucía pero, lamentablemente, la respuesta obtenida ha sido negativa, insistiendo dichas entidades en la adecuada comercialización de las hipotecas y la transparencia de sus cláusulas suelo, remitiendo a la vía judicial la posible resolución de discrepancias.

A través de la Defensora del Pueblo hemos conocido que estas mismas conclusiones son las que las entidades financieras habrían trasladado al Banco de España como resultado del proceso de revisión de sus cláusulas suelo realizado a instancias del mismo con objeto de analizar su adecuación a los criterios de transparencia de la sentencia de 9 de mayo de 2013. En base a estas conclusiones el Banco de España ha manifestado que "las informaciones disponibles no permiten concluir que esté siendo incumplida la sentencia del Tribunal Supremo".

Esta Institución no comparte tal conclusión por lo siguiente:

 1. Por la reiteración de pronunciamientos de distintos órganos judiciales que vienen declarando de forma abrumadora la nulidad de las cláusulas suelo sometidas a su consideración. En particular por el hecho de que las cláusulas suelo anuladas por los Tribunales responden a modelos empleados en multitud de contratos de préstamo similares por las entidades financieras lo que, a nuestro juicio, ponen en evidencia el escaso rigor del proceso de revisión realizado por dichas entidades y de la conclusión a la que se habría llegado.

2. Porque muchas de estas cláusulas cuya transparencia resulta defendida por las entidades financieras, con frecuencia coinciden sustancialmente con alguna de las que obtuvo la declaración de nulidad por el Tribunal Supremo, por lo que habría que concluir igualmente que no se permite la comprensibilidad real de la cláusula suelo.

3. Porque, el propio Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España ha concluido en un porcentaje elevadísimo de las raclamaciones resueltas sobre claúsulas suelo que las entidades financieras habían incurrido en mala praxis al no haber cumplido adecuadamente con los deberes de información que les exige la normativa antes de la formalización del contrato de préstamo hipotecario.

Por todo ello, hemos considerado oportuno trasladar a la Defensora del Pueblo la posibilidad de intervenir ante el Banco de España con objeto de que éste supervise con medios propios, al menos por muestreo, el proceso de revisión de las cláusulas suelo ordenado a las entidades financieras.

Asimismo hemos planteado la necesidad de que el Banco de España pudiese adoptar decisiones vinculantes para las entidades financieras en caso de que, tras su intervención, pudiese sostener la falta de transparencia de determinadas cláusulas que se utilizan en los contratos de préstamo hipotecario de modo estandarizado.

Finalmente, hemos indicado la conveniencia de requerir al Banco de España la sustanciación de los expedientes sancionadores que resulten oportunos ante la reiteración por parte de las entidades financieras de incumplimientos de la normativa sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios.

Por otro lado, nos hemos dirigido al Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía para conocer la situación de los expedientes sancionadores que se anunciaron como resultado de la campaña de inspección en materia de créditos hipotecarios para vigilancia de la no inclusión de cláusulas abusivas.

Creemos que la adopción de medidas sancionadoras ante la negativa de las entidades financieras a eliminar las cláusulas que puedan considerarse abusivas por falta de transparencia puede contribuir a que las entidades financieras realicen un ejercicio serio y responsable de aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo a las cláusulas suelo incorporadas a sus préstamos hipotecarios.

Ante el conocimiento de un nuevo desahucio de una madre con dos menores en Estepona, el Defensor del Pueblo Andaluz exige una solución de los poderes públicos para poder atender los casos de emergencia habitacional que lamentablemente se siguen sucediendo en nuestra Comunidad.

Desde esta Defensoría, son cada vez más numerosas las quejas que se reciben en las que los ciudadanos demandan desesperados, una solución a su necesidad de vivienda, que en la mayoría de los casos, termina con la situación de familias desahuciadas de sus domicilios.

Frente a ello, las políticas públicas de viviendas puestas en marcha están resultando insuficientes para dar una respuesta eficaz y eficiente a esta dramática situación que, en relación con el acceso a una vivienda digna, vive un sector muy numeroso de la población andaluza, y muy especialmente, familias con menos recursos y en riesgo de exclusión social.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha vuelto a insistir en la necesidad de un gran pacto por la vivienda con todos los agentes implicados para responder a esta urgente necesidad de vivienda de muchas familias andaluzas. Una reivindicación que se recoge en el Informe Anual del Defensor del año 2014, y que ha elevado al Parlamento de Andalucía y los poderes públicos competentes.