El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido a la Conselleria de Bienestar Social para recomendarle que estudie y valore incluir en los certificados de discapacidad un texto que permita identificar al portador de un certificado de incapacidad total o absoluta como persona con, al menos, un 33% de discapacidad (…).

Esta ha sido la respuesta del defensor del pueblo valenciano a la queja planteada por un representante de COCEMFE que señalaba que algunas administraciones están exigiendo que se acredite el grado de discapacidad igual o superior al 33% con el debido Certificado de Discapacidad, no dando por válido el documento de incapacidad permanente total (IPT) o el de incapacidad permanente absoluta (IPA) emitidos por la Seguridad Social, que conllevan aparejado dicho grado de discapacidad.

Además, según el promotor de la queja, la Conselleria se niega a valorar de nuevo a estas personas que tienen reconocida la incapacidad permanente total o absoluta, pues considera que esta condición ya lleva implícito un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

En esta situación tan paradójica se encuentran muchas personas con discapacidad que poseen el IPT o el IPA pero no tienen reconocido en un certificado de discapacidad el 33%. De esta forma, se  les complica acceder a ayudas o subvenciones que le corresponden, puesto que hay administraciones, especialmente en el ámbito local,  que parecen ignorar esta equiparación.

La Conselleria, por su parte, presentó un informe al Síndic en el que mantiene que no es necesario homologar reconocimientos puesto que la normativa actual es muy clara al respecto. En ella, se enumeran los documentos que acreditan el grado de minusvalía del 33%, entre ellos se encuentra tanto la resolución de incapacidad permanente total como la absoluta.

En este sentido, el Síndic reconoce los argumentos esgrimidos por la Conselleria de los que no se infiere una actuación negligente, sin embargo considera que esta postura está causando un perjuicio a muchas personas con discapacidad. Por ello, apela a la necesidad de seguir favoreciendo la inclusión de estas personas, evitando situaciones difíciles y malos entendidos. Asimismo, el Síndic advierte que el artículo 8 del RDL 1/2013 dispone que los poderes públicos podrán adoptar medidas de acción positiva destinadas a prevenir o compensar las desventajas o especiales dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en todos los ámbitos de la vida.

De esta manera, el Síndic considera que, dado las continuas trabas en torno a la validez de los documentos acreditativos de la discapacidad, la Conselleria debería hacer un esfuerzo por implementar una medida de acción positiva e incluir en los certificados de discapacidad un texto informativo que permita identificar al portador de un certificado de incapacidad total o absoluta como una persona con, al menos, un 33% de discapacidad.

Ver el contenido íntegro de la resolución del Síndic sobre este asunto.

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha resaltado hoy en el Senado que el Gobierno haya escuchado las recomendaciones y sugerencias de la Institución para regular la “segunda oportunidad” de las personas físicas “deudores de buena fe”.

Soledad Becerril ha presentado hoy el Informe Anual 2014 ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo y ha celebrado la aprobación de Real Decreto-ley 1/2015, conocido como “ley de segunda oportunidad”, como uno de los logros de la actuación de la Institución.

Según ha recordado, el Defensor del Pueblo reiteró el año pasado la recomendación para establecer un procedimiento de insolvencia independiente, o ley de segunda oportunidad, para particulares y consumidores de buena fe sobreendeudados: una recomendación que ya había sido formulada con ocasión de dos informes monográficos anteriores.

Tal y como pedía el Defensor del Pueblo, la nueva legislación introduce por primera vez el concepto jurídico de deudor de buena fe. Una figura que recogen ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, por la que los deudores afectados por circunstancias imprevisibles y fuera de su control, ven perdonadas sus deudas sin necesidad de acuerdo con los acreedores, siempre que se cumplan determinados requisitos.

El RDL 1/2015 también regula un procedimiento de insolvencia personal, mediante un acuerdo extrajudicial de pagos, al que pueden acogerse tanto empresarios como personas naturales no empresarias, antes de tener que recurrir al concurso de acreedores. Entre las recomendaciones realizadas a la Administración, el Defensor del Pueblo había reclamado que el procedimiento fuera “amplio en su aplicación, sencillo, eficaz y gratuito”, a fin de permitir el saneamiento de las economías domésticas sobreendeudadas.

La Defensora ha valorado además que la normativa recientemente aprobada recoja otra de las recomendaciones de la Institución y flexibilice el acceso al Código de Buenas Prácticas para dar cabida a más población. En opinión del Defensor del Pueblo, es necesario que a dicho Código puedan acogerse deudores que, sin estar en el «umbral de exclusión» definido en el mismo, se encuentran abocados a la ruina por no poder pagar sus deudas al haberse reducido considerablemente sus ingresos.

El 2014 en cifras

El Informe Anual de la Institución revela que, en 2014, los temas que más preocuparon a los ciudadanos fueron los relacionados con asuntos sociales (rentas mínimas, prestaciones de dependencia), problemas sobre impuestos estatales, autonómicos y locales, y retrasos en la administración de justicia. En total, la Institución recibió 23.186 escritos de queja.

El Defensor formuló 467 recomendaciones a las administraciones de las que más del 72 % fueron aceptadas.

Además, la Institución aumentó las actuaciones de oficio un 41%, hasta alcanzar los 489 expedientes. Así se iniciaron actuaciones de oficio sobre la inclusión educativa de alumnos con discapacidad, supervisión de acogida de inmigrantes, problemas sobre pobreza energética, cortes de suministro eléctrico y sistemas de facturación.

Portal de transparencia

La Institución puso en marcha en 2014 un portal de transparencia en el que se detalla la gestión presupuestaria, salarios, contratos, convenios y viajes oficiales. También se creó un nuevo servicio que permite a los ciudadanos consultar el estado de sus quejas a través de www.defensordelpueblo.es.

Para la Defensora del Pueblo “la transparencia no puede limitarse a la exposición de sus datos”. Por este motivo, y para dar el mejor servicio posible a los ciudadanos, la Institución informa de las actuaciones y requerimientos formulados, los tiempos empleados y los resultados obtenidos. Por primera vez, en el Informe Anual se ofrecen estos datos con los tiempos medios empleados por el Defensor para contestar a los ciudadanos y los tiempos utilizados por las administraciones para contestar al Defensor.

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La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido al Ministerio de Sanidad y a las Comunidades Autónomas que impulsen la implantación de la historia clínica electrónica en todos los niveles asistenciales del Sistema Nacional de Salud.

En opinión de la Institución, es necesario diseñar una aplicación informática de uso general en todo el Sistema para que los antecedentes clínicos básicos de los pacientes, sobre todo los que necesitan continuidad asistencial, estén disponibles.

Soledad Becerril, que ha comparecido este martes en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, ha subrayado en la necesidad de evaluar el mapa de los servicios de urgencias extrahospitalarios, potenciando su estructura material y de recursos humanos y ampliando el número de centros con actividad 24 horas al día.

Estas recomendaciones han sido formuladas a raíz del reciente estudio“Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes” elaborado por la Institución y todos los defensores del pueblo autonómicos.

Las recomendaciones, enviadas al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y a las administraciones sanitarias autonómicas que no tienen Defensor del Pueblo, inciden en la gestión eficiente de los servicios de urgencias hospitalarias y en los derechos de los pacientes.

Así, la Institución recomienda mayor coordinación con servicios médicos asistenciales, dotación suficiente de plantillas y adecuación de infraestructuras. Además, el Defensor del Pueblo pide que se respete la  dignidad e intimidad de los pacientes, que se facilite el acompañamiento de familiares, y que se garantice su seguridad.

La Institución también ha recomendado a Sanidad que promueva la aprobación de la especialidad médica y de enfermería de urgencias y emergencias.

El estudio analiza los problemas comunes del conjunto de los servicios de urgencias y ha sido elaborado con la participación de profesionales de los servicios de urgencias, de gestores y directores y de asociaciones de pacientes.

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Ver el estudio sobre Urgencias hospitalarias

El Defensor del Pueblo Andaluz considera que la reforma del denominado"Código de Buenas Prácticas", operada a través del Real Decreto Ley 1/2015, es positiva por decretar la inaplicación definitiva de las cláusulas suelo incluidas en los contratos hipotecarios como una de las medidas de las que se podrán beneficiar las personas incluidas en el ámbito de aplicación de este Código. No obstante, considera totalmente insuficiente dicha decisión, ya que la mayoría de las personas consumidoras no reunen los requisitos necesarios para ser incluidos dentro del "Código de Buenas Prácticas", por lo que seguirán teniendo que soportar las cláusulas suelo incorporadas a sus contratos hipotecarios.

Esta Institución viene pidiendo de forma reiterada la eliminación de todas las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios, por entender que tras la sentencia del Tribunal Supremo de 2013 no tiene sentido mantener la vigencia de unas cláusulas que en su inmensa mayoría no superan los requisitos de trasparencia que exige el Alto Tribunal. La negativa de las entidades financieras a aceptar su eliminación voluntaria y la inexistencia de una norma que les obligue a ello ha llevado a muchas personas a tener que acudir a los Tribunales de Justicia, provocando con ello un auténtico colapso en los Juzgados de lo Mercantil y forzando a estas personas a asumir los elevados costes y soportar los prolongados retrasos que se derivan de estos procesos judiciales.

El Real Decreto Ley 1/2015 ha sido una oportunidad perdida para la adopción de una medida, como es la eliminación de TODAS las cláusulas suelo, que estimamos necesaria por razones de justicia social hacia la ciudadanía y hacia las personas consumidoras.