El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha presentado hoy ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón el estudio titulado “Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes”, elaborado de forma conjunta por todos los Defensores del Pueblo de España.
El Justicia ha hecho hincapié en que los problemas de urgencias, sobre todo la saturación y las esperas, no se pueden solucionar de forma aislada y hay que considerar el sistema sanitario asistencial en su conjunto. No en vano, tal y como se constata en el Informe, las urgencias son la principal vía de hospitalización, su actividad condiciona la gestión de las camas, la programación quirúrgica, la gestión de la listas de espera y, en los centros de salud, la organización de la actividad programada. En definitiva, Fernando García Vicente, ha apelado a tener presente las necesidades de los servicios de urgencias en la programación diaria del hospital.
Por otro lado, el Justicia ha resaltado la importancia de que las personas tengan una mayor educación sanitaria para conocer el papel que desempeñan las urgencias hospitalarias que, fundamentalmente, consiste en la estabilización del enfermo, y así poder decidir si acudir a estos servicios o a otros recursos asistenciales fuera de los grandes hospitales, para los que el Justicia ha pedido una mayor atención.
Es la primera vez que los Defensores del Pueblo coordinan un estudio conjunto y el tema elegido responde a una preocupación compartida y basada en las quejas de los usuarios de estos servicios, sobre saturación, inadecuación de las instalaciones, largas esperas, falta de intimidad, disconformidad con el diagnóstico, falta de personal, inadecuada atención por parte del médico en formación, etc.
La Institución del Justicia tramitó el pasado año 17 expedientes relativos a urgencias sanitarias, la mayoría sobre esperas excesivas y presuntos errores de diagnóstico. En tramitación en este momento se encuentra un expediente de oficio por la saturación del Servicio de Urgencias del Hospital “Miguel Servet” en determinadas épocas del año. De la información recabada de la Administración, se desprende que se está elaborando desde hace varios meses un plan de reorganización y adecuación de facultativos en los picos de mayor demanda asistencial y que se están potenciando otros dispositivos de atención a urgencias, como el del Hospital Provincial “Nuestra Señora de Gracia”.
Otro expediente de oficio en tramitación y a la espera del informe de la Administración, se refiere a la saturación del Servicio en el Hospital “Royo Villanova”, centro de referencia de la margen izquierda. Sobre este centro, también hemos recibido las quejas del personal de enfermería poniendo de manifiesto la escasez de personal.
La existencia o no de protocolos para garantizar el acompañamiento de las personas vulnerables ya sea por familiares o personal especializado es otro aspecto que preocupa al Justicia por lo que se ha dirigido a los hospitales más grandes de la Comunidad al objeto de tener información concreta.
Para elaborar este Informe, se han tomado como punto de partida los problemas comunes a todos los servicios de urgencias de las Comunidades Autónomas y se han analizado desde la perspectiva de los representantes de los pacientes, de los profesionales sanitarios y de los gestores.
Según el estudio, la urgencia es el principal motivo de ingreso hospitalario, alrededor del 61% de los casos; en 2012, en España, se produjeron 26 millones de consultas en los servicios de urgencias hospitalarias, de los cuales el 79,5% fueron a cargo de la financiación pública. De acuerdo con estos datos, pareciera que la mitad de la población acude cada año a estos servicios, pero los barómetros sanitarios reflejan que las urgencias hospitalarias las utilizan el 15% de la población. Del total de los usuarios, el 25% tienen más de 65 años con una o más enfermedades crónicas y un porcentaje similar, menos de 16.
Los picos de demanda asistencial se sitúan en la franja horaria entre las 12 de la mañana y las 22 o 23, mientras que la mayor concentración de profesionales se produce en el turno general, entre las 8 y las 15 horas; por otro lado, la presencia de médicos en formación se situaría entre el 30 y el 40%, incluso más por las tardes-noches y fines de semana, lo que haría conveniente una adaptación de los recursos humanos en general.
El estudio sostiene que las situaciones de saturación suponen un menoscabo a la dignidad de los pacientes y para aliviarlas propone 7 medidas concretas, entre ellas: promover la gestión de altas tempranas para mejorar la capacidad de hospitalización, programar reservas de camas en planta en función de los ingresos previsibles en urgencias, establecer criterios de ingreso pactados en las distintas especialidades, de modo que pueda autorizarlos el médico de urgencias, potenciar medidas alternativas a la hospitalización convencional, como la cirugía mayor ambulatoria, el hospital de día o la atención domiciliaria y mejorar la gestión del transporte sanitario para no ralentizar la salida de los pacientes de urgencias.
El estudio también aborda la atención en urgencias a personas en situación vulnerable: personas inmigrantes en situación irregular, mayores con déficit cognitivo, menores, personas con discapacidad, enfermos mentales, enfermos crónicos, personas víctimas de maltrato, en situación de riesgo social y personas en custodia.
Respecto a las personas inmigrantes, el estudio constata que su derecho a recibir del sistema público atención sanitaria urgente, se ve mediatizado por prácticas administrativas concretas como la obligación de suscribir compromisos de pago con carácter previo a la asistencia, lo que genera inquietud y puede tener un efecto disuasorio. El estudio recuerda que el derecho de este colectivo se prolonga hasta el alta médica, es decir, más allá de los servicios de urgencias, por lo que debe estar garantizado.
En relación con las personas en situación de fragilidad, los Defensores insisten en la necesidad de facilitar su acompañamiento por familiares o allegados, o por personal formado específicamente para esta atención con horarios y disponibilidad adaptada a las franjas de mayor asistencia.
Una mejor coordinación entre los diferentes niveles asistenciales permitiría prestar una debida atención a los enfermos crónicos, a los de edad muy avanzada y a las personas en riesgo de exclusión social, para quienes las urgencias son siempre el recurso más idóneo.
El estudio también insiste en la necesidad de seguir avanzando en la implantación de la historia clínica electrónica y la mejora de los procedimientos para la tramitación de las quejas y sugerencias de los pacientes.  

El Comité de Bioética de Aragón ha aprobado una declaración sobre las sujeciones físicas y farmacológicas que apoya las sugerencias que el Justicia ha formulado sobre la materia, en especial, la conveniencia de que se apruebe en la Comunidad Autónoma una norma que regule el uso de las sujeciones como garantía del respeto a los derechos de los usuarios.

De acuerdo con el Justicia, el Comité de Bioética recomienda limitar el uso de las sujeciones a lo estrictamente necesario, como un uso excepcional, cuando se hayan agotado otras medidas alternativas y siempre con un protocolo que contemple la prescripción médica, el consentimiento informado y la revisión periódica, entre otros aspectos.

Otra recomendación del Comité compartida con la Institución, es el impulso a la formación de los profesionales sobre Metodología de Gestión y Eliminación de Sujeciones y la promoción de campañas de sensibilización a colectivos de interés como pueden ser usuarios, familiares, cuidadores, juristas, etc.

El Comité de Bioética es un órgano colegiado, deliberativo, independiente, multidisciplinar, participativo y de carácter consultivo que desarrolla sus funciones sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas de la medicina y ciencias de la salud.

El Comité asesora al Gobierno de Aragón y también a instituciones sanitarias y sociales, de carácter público y privado y emite informes, propuestas y recomendaciones sobre las materias de su competencia.  

El adjunto primero del Síndic de Greuges, Ángel Luna, ha mantenido hoy su primera reunión de trabajo con los nuevos representantes de la Plataforma en defensa de la ley de la dependencia de Alicante.

Durante el encuentro, el portavoz de la plataforma, Jaume Martorell, ha mostrado su preocupación por las actuaciones que se están llevando a cabo desde la Administración autonómica para hacer efectivo el cobro de las tasas que deben pagar las personas dependientes usuarias de centros y servicios.

Asimismo, los representantes de este colectivo han trasladado su inquietud por las comunicaciones que están recibiendo las personas con dependencia, en las que se les requiere que comuniquen a la Conselleria los datos de la cuenta bancaria en la que debe cargarse el importe de la tasa, sin concretar el importe de la misma;  a la vez que les informan de los posibles recargos que pudieran derivarse de las demoras en el pago.

A esta nueva problemática hay que añadir las dificultades originadas por las demoras en la tramitación de expedientes y el reconocimiento de los derechos de los herederos. Sobre estas últimas cuestiones, el Síndic no se cansa de insistir en sus recomendaciones que se agilicen los tiempos de resolución de los expedientes, que se reconozca el derecho de percepción de prestaciones a los herederos de personas dependientes fallecidas sin PIA, y  que se dote de presupuesto las partidas destinadas a la atención a la dependencia.

Berria, Eldiarionorte.es, Diario de Noticias de Álava, Gara

En pleno siglo XXI existe mucha gente aun en Euskadi que tiene dificultades para mantener una temperatura adecuada en su casa durante los meses fríos. La encuesta de necesidades sociales 2014 sobre pobreza, elaborada por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, refleja dos indicadores a tener en cuenta al respecto. Por un lado, el número de personas que tienen problemas para mantener su hogar a la temperatura adecuada ha alcanzado en 2014 la cifra de 237.526. Por otro, la población afectada por cortes de suministro de servicios en el hogar (incluyendo agua, luz o teléfono) en 2014 ha sido de 38.255. Ese fenómeno -que según el anterior informe sufren en distinto grado un 11% de los vascos y vascas- es conocido como pobreza energética e implica disponer de dificultades serias o imposibilidad de acceso a la energía en el hogar por carencia de recursos, malas condiciones objetivas de la vivienda o el excesivo precio de los recursos energéticos.

En Euskadi la pobreza energética es un fenómeno relativamente desconocido. Las condiciones climatológicas más benévolas que en otras latitudes, el indudable impacto positivo del consolidado sistema de garantía de ingresos que disponemos o la falta de caracterización de este indicador hasta hace relativamente poco tiempo, ha supuesto una tendencia a categorizar la pobreza energética dentro de la pobreza en general como un elemento para evaluar el riesgo de exclusión social.

La pobreza energética es una cruda realidad, conocida en Europa como fuel poverty, y forma parte desde hace décadas de la agenda política de países como el Reino Unido, Irlanda o Bélgica. Esta preocupación ha dado lugar a una primera regulación por parte del Derecho comunitario. Un paso importante para afrontar la lucha contra la pobreza energética han sido, sin duda, las previsiones recogidas en las directivas comunitarias para regular las normas comunes del mercado energético del sector de la electricidad (Directiva 2009/72/CE) y del gas natural (Directiva 2009/73/CE). Estas directivas comunitarias deben darnos la luz de cómo hacer frente a la pobreza energética. Existe una obligación de servicio público que impone garantizar un servicio energético (eléctrico y gasístico) de calidad, a unos precios razonables y que proteja a los consumidores domésticos y, en particular, a los clientes más vulnerables. Una de las medidas que recoge es la prohibición de interrumpir el suministro en periodos críticos, lo que en la práctica implica la imposibilidad de un corte del suministro en épocas de mayor frío invernal.

Hasta la fecha en el Estado Español estas disposiciones han sido parcialmente transpuestas mediante la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que en su artículo 45 tiene en consideración únicamente algunos aspectos relativos a los consumidores vulnerables como es el bono social.

Por ello, resulta necesario un análisis integral de la pobreza energética, para paliar y prevenir sus efectos. Dicho análisis debe integrar las actuales políticas de protección de los consumidores (bono social), políticas sociales (renta de garantía de ingresos y las ayudas de emergencia social) y de vivienda (eficiencia y ahorro energético de las viviendas).

Pese a esas medidas ya existentes, debemos reconocer la imposibilidad real de paliar todos los efectos de la pobreza energética. Los motivos pueden ser diversos. El incremento de la factura eléctrica en los últimos años para el consumidor eléctrico es una realidad innegable. La actual situación del sistema energético, la falta de impulso del autoconsumo o de las energías renovables de uso doméstico han generado una pérdida de oportunidad en esta materia. Asimismo, la crisis ha supuesto un gran inconveniente para abordar las mejoras en las condiciones de eficiencia energética que la normativa urbanística y de vivienda han venido incorporando. Por otro lado, las políticas sociales han mejorado la situación, pero no han evitado las dificultades de algunos colectivos para hacer frente a unas condiciones adecuadas de bienestar energético.

Ante estas situaciones, diversos colectivos como la Asociación de Ciencias Ambientales o la Plataforma por un nuevo modelo energético -en Euskadi, Gure Energia- celebran la semana europea de la pobreza energética. Estos colectivos exigen una incorporación de este fenómeno energético en la agenda pública para conocer sus efectos sociales, educativos o en la salud de las personas, en especial, en determinados colectivos, como las personas mayores o la infancia. Con el objeto de dar respuesta a esas propuestas, la institución del Ararteko quiere hacerse eco de la necesidad de establecer una estrategia vasca contra la pobreza energética. La pobreza energética es una cuestión de especial relevancia social que debe ser incorporada al debate social que requiere, con carácter más general, el actual modelo energético, para su transición a un modelo más sostenible.

Iñigo Lamarca Iturbe
Ararteko en funciones

Berlin: (hib/HAU) Der Petitionsausschuss unterstützt Bemühungen, das Urheberrecht dahingehend zu ändern, dass urheberrechtlich geschützte Werke unentgeltlich im Schulunterricht sowie an Universitäten genutzt werden können. In der Sitzung am Mittwochmorgen beschlossen die Abgeordneten einstimmig, eine dahingehende Petition dem Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz als Material zu überweisen und den Fraktionen des Bundestags zur Kenntnis zu geben.