El Defensor del Pueblo Andaluz ha celebrado una reunión, este lunes, 9 de febrero, con responsables de BMN Caja Granada, para abordar el problema de las cláusulas suelo y el de aquellas personas que no puedan pagar sus hipotecas y estén en riesgo de ser desahuciadas.

Ambas partes acordaron colaborar para revisar aquellos casos que los ciudadanos han trasladado al Defensor a fin de comprobar si se dan las condiciones para una retirada de la citada cláusula. Asimismo, se abordó el problema de las personas que no pueden pagar sus hipotecas y enfrentan el riesgo de verse desahuciadas y perder sus casas. Por parte de BMN Caja Granada se asumió el compromiso de valorar los casos que se le derivaran desde la Oficina del Defensor y tratar de encontrar soluciones a los mismos. El Defensor del Pueblo Andaluz valora muy positivamente el resultado de la reunión

La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Públicas, a través de su Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias, ha remitido respuesta a la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz ante los retrasos en el reconocimiento del salario social. En la misma, la Consejería da cuenta de las cuestiones planteadas por la Institución en los siguientes términos:

1. Respecto a la recomendación del Defensor sobre que sin más dilación, que la estrictamente necesaria para la comprobación de los datos y requisitos en la norma, se dicte resolución que ponga término al procedimiento de las personas afectadas, aprobando definitivamente el reconocimiento y concesión del Programa de Solidaridad a las solicitudes que hay en espera desde hace meses, la Consejería ha informado que “ha destinado un importe de 50,1 millones de euros, lo que ha supuesto la resolución de un total de 25.774 expedientes, tanto de concesión como de denegación o archivo. De los mismos, 21.334 fueron resoluciones de concesión del Ingreso Mínimo de Solidaridad”.

En su escrito la Consejería nos informa que “durante la primera semana del mes de febrero se han celebrado en las ochos delegaciones territoriales de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales las primeras Comisiones de Valoración del ejercicio 2015, al objeto de dar respuesta a las solicitudes pendientes de 2014. Asimismo, hay previsión de celebrar nuevas Comisiones de Valoración a finales del mes de febrero o principios de marzo de 2015”.

2. En relación con la Recomendación de que antes de que se agote la partida presupuestaria prevista para el Programa de Solidaridad 2015, de ser necesario, se arbitre la dotación de fondos suficientes para hacer frente a las solicitudes de acceso al Programa que se presente en este año, y también con la finalidad de corregir el importante desfase que se viene arrastrando entre las solicitudes presentadas en cada ejercicio y el presupuesto anual con cargo al cual se abonan las mismas”, desde la Consejería se nos informa que “hay que subrayar que, además de que estos créditos tienen la consideración de ampliables, en función de lo aprobado en letra “l” del artículo 7 de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, desde finales de 2014 se están desarrollando una serie de medidas o aprobando un conjunto de programas destinados a personas que tienen un perfil similar a las beneficiarias del Ingreso Mínimo de Solidaridad”.

Jesús Maeztu ha recordado que los beneficiarios del salario social son familias, en muchos casos con menores y personas dependientes a su cargo, para las que esta ayuda supone el único ingreso para su sostenimiento. Es por ello que aunque reconoce que las medidas anunciadas por la Consejería para la resolución de esta problemática, vienen a paliar en parte esta situación, ha insistido en que seguirá atento a su ejecución y a demandar el reconocimiento de todas las solicitudes pendientes, conforme a la norma.

Improcedencia de ubicar un velatorio en una residencia de ancianos por motivos legales y de oportunidad. Ayuntamiento de Belver de Cinca.

El Justicia tramitó 2.501 quejas y realizó 452 sugerencias a la Administración, casi un 3% más que en el año anterior

A fecha de hoy, el 64% de las 2.501 quejas que se presentaron al Justicia de Aragón en 2014 se han solucionado y el Justicia, Fernando García Vicente, confía en que esta cifra sea del 80% cuando se cierren los expedientes que aún están en tramitación, y que suponen el 23% del total. La estadística de 2013, un año muy similar al pasado tanto en número de quejas como de sugerencias y con prácticamente todos los expedientes cerrados, ofrece un porcentaje de casos solucionados del 82%.
Las sugerencias realizadas a las Administraciones en 2014 fueron 452, casi un 3% más que en 2013, de las cuales, hasta el momento, se han aceptado el 57%, rechazado el 19%, pendientes de respuesta se encuentran el 16% y archivadas debido al silencio de la Administración, el 8%.
El mayor número de sugerencias formuladas correspondido al área de Bienestar Social, 124, y el área en la que más sugerencias se aceptaron fue en Vivienda, el 86%, seguida de Educación, con el 80% de sugerencias aceptadas de un total de 66. En el lado opuesto, destaca el elevado porcentaje de sugerencias rechazadas en el área de Bienestar Social, el 31%, seguida de Interior, un 30%. En el primer caso, la Administración rechazó prácticamente todas las sugerencias en las que el Justicia ponía en evidencia retrasos en la aplicación de la ley de la Dependencia; en el segundo, las sugerencias rechazadas versaron principalmente sobre multas de tráfico urbano y la presunción de veracidad que la Administración otorga al agente de la autoridad frente al testimonio del ciudadano.
En cuanto a sugerencias archivadas sin respuesta de la Administración, destaca el área de Servicios Públicos con un porcentaje del 47%, seguida de Urbanismo, con el 21%. De las Sugerencias sobre Hacienda, el 63% todavía están pendientes de respuesta, siendo el porcentaje más elevado en el apartado de sugerencias en trámite.
De las 2.501 quejas tramitadas el año pasado, 1.659 quejas procedieron de la provincia de Zaragoza, 308 de Huesca y 214 de la provincia de Teruel. El resto hasta la cifra total, procedieron de otros lugares de España, o bien, la persona firmante, no especificó su residencia. Un total de 178 quejas, fueron avaladas por un número significativo de personas, pudiendo considerar estos asuntos de carácter colectivo. Entre estas quejas, destaca la que firmaron 709 vecinos de Fraga solicitando que el autobús urbano accediera al casco histórico de la localidad.
De oficio, la Institución abrió el año pasado 170 expedientes.
El porcentaje de quejas procedentes del medio rural, entendiendo como tal localidades que no son capitales de provincia, fue del 36% un porcentaje que se incrementa cada año y que respalda la utilidad del programa de visitas a las comarcas, que permite al Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, atender personalmente a los ciudadanos interesados en plantear una queja o consulta. En 2014, el titular de la Institución visitó 11 comarcas y se reunió con más de 100 personas y asociaciones, fundamentalmente de carácter social, que también le trasladaron sus problemas e inquietudes. Desde que se pusiera en marcha esta iniciativa en 2011, las personas recibidas directamente por el Justicia suman más de 500.
Volviendo a la estadística general, por materias, la que concitó mayor número de asuntos fue Bienestar Social, con 423 quejas, si bien la cifra fue menor que en 2013 debido a que las quejas sobre el Ingreso Aragonés de Inserción, en su mayoría retrasos en la concesión y denegaciones, se redujo casi a la mitad, pasando de 300 a 165, aunque continuaron siendo las más numerosas en éste área, en concreto, el 39% del total. Los retrasos detectados fueron hasta de nueve meses, una demora preocupante en una prestación concebida para dar rápida respuesta a situaciones de exclusión sobrevenida y de urgente necesidad. Dentro de esta área, también destacan las quejas sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia y la tardanza de la Administración en elaborar el Plan Individual de Atención (PIA) de la persona dependiente y en aprobar la prestación adecuada al mismo. En concreto se recibieron, 100 quejas una cifra similar a la del año anterior.
En número de quejas, sigue el área de Educación con 243, seguida de Economía y Hacienda con 224, Sanidad, con 177 y Empleo Público, con 173.
En Educación, descendieron las quejas relacionadas con la concesión de becas de comedor escolar y se mantuvieron en números similares a años anteriores las que denuncian escasez de oferta de plazas para acceder a primero de Educación Infantil en determinados centros y zonas escolares.
Las quejas del área de Economía y Hacienda más numerosas reflejan, por un lado, la disconformidad de los ciudadanos con las valoraciones de bienes inmuebles a efectos del pago de impuestos, y por otro, la discrepancia con la recaudación de impuestos en general y con el embargo de bienes y salarios por deudas sin respetar la prohibición de embargar el mínimo establecido por las leyes procesales.
Como es tradicional en el área de Sanidad, se repiten las quejas por las listas de espera en especialidades, el retraso en el reintegro de gastos y el rechazo en la financiación de tratamientos por parte de la Administración. Por otro lado, la preocupación del Justicia de Aragón y del resto de Defensores del Pueblo por los problemas derivados de la gestión de los servicios de urgencias hospitalarios y su afección a los derechos de los pacientes, motivó la elaboración del estudio conjunto titulado “Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes” que próximamente se presentará en las Cortes de Aragón.
Otros datos destacados, son el incremento de las quejas sobre Contratación Pública que pasaron de 28 a 61 en 2014 y el descenso de un 20% se los expedientes de Función Pública que sumaron 173 el pasado año. Algunos ejemplos de quejas sobre Contratación Pública se refieren a la tramitación de los contratos de asistencia técnica o a las modificaciones de contratos de obras y servicios una vez adjudicados.
Por otro lado, el aumento de la oferta de empleo público y que la Administración haya facilitado la movilidad puede explicar el descenso de las quejas en esta área.
Del total de quejas tramitadas en 2014, correspondieron al ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma 1.130, al de la Administración Local 735 expedientes, y al ámbito de competencia del Estado 54. El resto, hasta alcanzar la cifra total de 2.501 expedientes, fueron quejas rechazadas, remitidas a otros defensores del pueblo, a colegios profesionales y a empresas privadas que gestionan servicios públicos.
La forma preferida por los ciudadanos para dirigirse al Justicia de Aragón fue, un año más, la visita personal. 1.226 personas optaron por esta vía que les permite recibir información, a veces, inmediata, tener ayuda para redactar la queja, y consultar en el momento las dudas que puedan surgir. Las quejas por correo electrónico continúan incrementándose año a año y el pasado fueron 827, un 6% más que en 2013.
En cuanto a Informes Especiales, además del citado estudio sobre las Urgencias Hospitalarias, en 2014 se elaboraron los titulados “Estado de observancia, aplicación e interpretación del Ordenamiento Jurídico Aragonés, en el que se analiza la situación de nuestro Derecho desde el plano de la constitucionalidad de las normas aragonesas y de las normas estatales que nos afectan, y el “Informe sobre la situación de los Menores en Aragón” el que se detallan las actuaciones desarrolladas por la Institución en materia de protección y defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, así como las 11 visitas que la asesora responsable del área realizó a los centros de acogida, protección, reforma y atención a menores discapacitados. Una conclusión destacada de estas visitas es la necesidad de que se incremente el número de familias de acogida, una opción más conveniente que la atención de los menores en residencias.

Por otro lado, la vocación de la Institución de poner voz a quienes, por el motivo que sea tienen más dificultades para dirigirse directamente a la Administración, ha llevado al personal de la Institución a visitar 19 centros de mayores y de personas con discapacidad que, atiendo a su especial vulnerabilidad, precisan de un mayor acercamiento para poder expresar sus problemas e inquietudes. En términos generales, en las visitas de 2014 se percibió el descontento de las residencias privadas porque consideran que la Administración concierta pocas plazas o, aún concertándolas, no las ocupa efectivamente.

Con el objetivo de contribuir a la difusión de la actividad de la Institución y del Derecho Aragonés, la Institución publicó en 2013, 5 libros y su titular, pronunció 15 conferencias, dentro y fuera de la Comunidad Autónoma.
Como es habitual, 24 grupos distintos de personas, en su mayoría escolares, tuvieron la oportunidad de visitar la sede y conversar con su titular.
El presupuesto de la Institución en 2014 fue de 2.025.206,48 un 0,73% menos que el año anterior.