La Lettre d’Information du Défenseur des droits // N° 15 - février 2015

Técnicos del Defensor del Pueblo, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, supervisaron del 28 al 30 de enero un vuelo de repatriación de extranjeros desde el aeropuerto de Madrid-Barajas con destino a Bogotá (Colombia) y a Santo Domingo (República Dominicana).

En este vuelo de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión (FRONTEX), organizado por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, se expulsó a 45 ciudadanos colombianos y 16 dominicanos.

Los técnicos de la Institución supervisaron la recepción en el aeropuerto de Madrid-Barajas de las personas extranjeras que iban a ser repatriadas, el embarque en el avión, así como el procedimiento seguido durante todo el vuelo hasta la llegada al destino.

La Institución, en su doble condición de Defensor del Pueblo y Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ha supervisado desde 2010 seis vuelos FRONTEX con destino Ecuador y Colombia; Macedonia y Serbia; Albania y Georgia (en dos ocasiones); Nigeria; y

Tras la intervención del Justicia de Aragón, el año de espera para ser intervenido de cadera se ha reducido a seis meses y el pasado mes de noviembre, el vecino de Fuentes de Ebro que acudió a la Institución con fuertes dolores que le impedían trabajar, fue sometido una intervención para ponerle una prótesis.
Pepe, nombre ficticio, de 51 años y autónomo, llevaba cuatro años aquejado de fuertes dolores en su cadera derecha consecuencia de la artrosis producida por una operación anterior. Inicialmente, y con el fin de retrasar la colocación de una prótesis todo lo posible, se decidió intervenirle para quitarle los clavos y limpiarle la articulación con el convencimiento de que ganaría en movilidad, podría librarse de las muletas y tendría menos dolor.
Sin embargo, los buenos pronósticos no se cumplieron y la situación de Pepe empeoró hasta el punto de ser necesaria una nueva intervención para colocarle la prótesis para la cual, la lista de espera era de entre 12 y 14 meses, según le informaron desde el centro hospitalario.
Tras recibir la queja, el Justicia de Aragón se interesó por el caso ante la Administración sanitaria que, finalmente, nos ha informado que la operación se llevó a cabo el pasado mes de noviembre.
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, se muestra muy satisfecho porque se haya reducido al máximo el tiempo de espera ya que, además de los dolores, esta persona tenía que ir en muletas y no podía trabajar con el agravio añadido que esto suponía para la estabilidad económica de toda la familia.

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha tramitado la queja de un vecino de Moncada que indicaba que el Ayuntamiento no había cumplido con la recomendación del Síndic de febrero de 2013. En ella, el defensor instaba al consistorio a adoptar todas las medidas necesarias para evitar los perjuicios que injustamente estaban soportando el interesado por el mantenimiento de los avales para garantizar el pago de las cuotas de urbanización.

Por su parte, el Ayuntamiento de Moncada comunicaba al Síndic que en julio de 2013 se inició el procedimiento para la resolución de la adjudicación del Programa de Actuación Integrada (PAI),  pero que todavía no se había adoptado el acuerdo definitivo relativo al expediente que incluirá, entre otras cuestiones, la satisfacción de las pretensiones del interesado que, a la vista de la legislación aplicable, corresponden acordar (…).

En la fase de alegaciones, el autor de la queja insistía en denunciar la excesiva tardanza en concluir dicho procedimiento, por lo que el aval bancario que presentó al promotor en  2008, por un importe de 70 085.64 euros, todavía no le ha sido devuelto. Además, según el interesado, a parte del coste de dicho aval, está el hecho de que el banco tiene pignoradas acciones y depósitos por dicho valor de los que no puedo disponer (…).

Por todo lo expuesto, el Síndic ha recomendado al Ayuntamiento de Moncada que, teniendo en cuenta el dilatado periodo de tiempo transcurrido desde el 31 de julio de 2013 – fecha de inicio del procedimiento de resolución de la adjudicación del PAI- se agilice la terminación de dicho procedimiento y se acuerde la devolución del aval bancario al interesado.

Puede consultar el contenido íntegro de la resolución del Síndic sobre esta materia.