El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha participado hoy en la presentación del estudio Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes, que ha tendido lugar en la sede del Defensor del Pueblo en Madrid. El informe ha sido elaborado conjuntamente por las instituciones españolas de defensores del pueblo: el Defensor del Pueblo; el Defensor del Pueblo Andaluz; el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana; el Valedor do Pobo de Galicia; el Diputado del Común de Canarias; el Ararteko del País Vasco; el Justicia de Aragón; el Síndic de Greuges de Catalunya; el Procurador del Común de Castilla y León y el Defensor del Pueblo de Navarra.

Hoy en día, los servicios de urgencias suponen la principal vía de hospitalización. En este sentido, el mayor número de quejas que llegan a los defensores está vinculado con la saturación de los servicios y las consecuencias que ello tiene en la atención a los pacientes. Se trata de un área asistencial que vive en un escenario de constante presión asistencial.

El estudio atiende a tres objetivos generales: la identificación de los derechos y garantías implicados en la asistencia sanitaria de urgencias y estándares de aplicación; la especial consideración de la atención a personas en situación vulnerable; y las reclamaciones y sugerencias de la ciudadanía como barómetro del servicio y como herramienta para su mejora.

Para realizar este proyecto se constituyó un equipo de trabajo, integrado por personal de todas las instituciones de defensores participantes, cuyo primer cometido fue completar un mapa de las quejas recibidas en el conjunto de las instituciones. El formato adoptado para las reuniones fue de carácter sectorial. Las personas y entidades invitadas a participar en las reuniones responden a principios de representatividad y pluralidad de todas las comunidades autónomas que, en todo caso, representan a: profesionales sanitarios de urgencias y emergencias, gestores de los servicios de salud y  asociaciones y entidades de apoyo a los pacientes y usuarios.

El estudio culmina con 40 conclusiones, de cuyo contenido cada defensor extraerá aquellas recomendaciones que estime oportuno trasladar a las correspondientes administraciones,  con el propósito de mejorar aquello que deba ser mejorado. 

En cuanto a los recursos materiales y humanos, el informe incide en la necesidad de reconocer la especialidad médica y de enfermería de urgencias y emergencia, lo que ayudaría a mejorar la calidad asistencial, el funcionamiento de los servicios y la eficacia organizativa hospitalaria.

Asimismo, aprecia una dotación insuficiente de plantillas titulares que en muchos casos es suplica con médicos residentes que asumen un grado excesivo de responsabilidad en la actividad asistencial, sobre todo en ciertas franjas horarias de la tarde y noche.

En relación con los medios materiales, el estudio evidencia que la implantación de la historia clínica electrónica y la compatibilidad entre las plataformas TIC de los diferentes Servicios de Salud aún está incompleta, lo que afecta negativamente a los servicios de urgencias. Asimismo, insta a mejorar los procedimientos para la tramitación de las quejas y sugerencias de los pacientes.

Los defensores consideran además un fracaso del sistema la atención en los servicios hospitalarios de urgencia de los pacientes en fase terminal, puesto que estas áreas no garantizan una muerte digna ni preservan el duelo de familiares y allegados.

En cuanto a la asistencia a personas inmigrantes en situación irregular, el informe advierte que el derecho a recibir una atención sanitaria de urgencia en ocasiones se ve dificultado por prácticas administrativas que generan inquietud y tienen efectos disuasorios. Además, recuerda que este derecho no finaliza con el alta de urgencias sino con el alta médica, es decir, cuando se resuelve el problema de salud que dio lugar a la urgencia.

En cuanto a la atención a las personas especialmente frágiles (personas menores, mayores, con enfermedad mental, en riesgo social…), los defensores recomiendan como medida más eficaz el poder estar acompañados por sus familiares o allegados.

El estudio también invita a mejorar los métodos de triaje, así como la introducción de programas de calidad en el ámbito de los servicios hospitalarios de urgencias, que es hoy en día una exigencia legal y, al mismo tiempo, una garantía del adecuado funcionamiento de estos servicios.

El contenido íntegro del informe se puede consultar en nuestra página web: http://www.elsindic.com/documentos/408_Urgencias_definitivo.pdf

13 Janurary 2015

After visit to Marijampolė Correction House, the Seimas Ombudsman Augustinas Normantas stated that temporary detention cells were dilapidated and without windows. Moreover, he voiced that complaints of inmates and searches were not registered and recorded properly.

“In some temporary detention cells windows, sinks and taps are missing, cells are dirty with foul-smelling sanitary installations," – reacting to these complaints of inmates, the advisers of the Seimas Ombudsman A. Normantas visited Marijampolė Correction House, without any forewarn.

On 8 January 2015 the advisers of the Seimas Ombudsman discovered that the complaints of inmates are palpable and factual.

The head of Marijampolė Correction House explained that missing windows were always being removed in spring and fixed in autumn. However, windows, which were allegedly broken by inmates, are not installed even in freezing conditions.

The advisers of the Seimas Ombudsman did not find any evidence in proof of words of the head of Marijampolė Correction House. Any documents or other indications did not show an existence of depredations of property caused by inmates.   

“There should be an appropriate environment for an inmate to change his / her behaviour in prison. Custody conditions, an occupation as well as the attitude of administration towards inmates have a great impact on behaviour of a prisoner," – noted the Seimas Ombudsman A. Normantas.

In Marijampolė Correction House, the advisers of the Seimas Ombudsman also visited a health care division, spoke with inmates as wells as their relatives. One more problem observed by them that the documentation of correction house is being managed improperly. Requests and complaints of inmates have not been documented and studied accurately.  Moreover, some of them have been ignored at all.

At the same time, the Seimas Ombudsman learned that a recommendation, which had been produced in previous year to record a bigger number of searches carried out in correction house, was not being followed. There were more than 2529 searches undertaken in 2014, only 21 were recorded. Moreover, information provided in these recordings was insufficient and inaccurate.

Die Stadt Wels schrieb die Belieferung der Schulen mit Essen neu aus, jedoch erhielt nicht das Familienunternehmen den Zuschlag, sondern ein internationaler Großkonzern mit Sitz in Frankreich. In der Ausschreibung der Stadt Wels wurde unter anderem die Verpflichtung zur täglich frischen Zubereitung der Mahlzeiten und ein Zertifikat „Gesunde Küche des Landes Oberösterreich“ gefordert. Das Familienunternehmen erfüllte die Kriterien, konnte aber preislich mit dem Großkonzern nicht mithalten. Der mit dem Billigstbieter schließlich ausgehandelte Vertrag enthielt diese Bedingungen nicht mehr.

Die Magistratsdirektorin der Stadt Wels hielt in der Diskussion fest, dass der neue Anbieter alle Auflagen erfülle und merklich günstiger sei. Der Magistrat Wels habe alle rechtlichen Erfordernisse berücksichtigt und das Verfahren korrekt abgewickelt. Volksanwalt Dr. Fichtenbauer entgegnete, dass vom wichtigen Erfordernis der frischen Essenszubereitung im Vertrag abgegangen wurde und die Beschwerdeführer damit benachteiligt wurden. Eine EU-Verordnung aus dem Jahr 2014 sehe bereits vor, dass bei Vergabe öffentlicher Aufträge umweltbezogene, soziale und arbeitsrechtliche Erfordernisse berücksichtigt werden müssen. „Auch wenn diese Verordnung erst 2016 in Kraft tritt, so ist doch zu bedenken, dass die Zutaten zu den Speisen nun über mehr als 2.000 km durch Europa transportiert werden“, so der Volksanwalt.