26/01/2015

 La Defensora del Pueblo y los defensores autonómicos han presentado hoy el estudio conjunto “Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes” que examina la realidad de los servicios de urgencias y el impacto de su funcionamiento sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El estudio se ha aprobado en una reunión de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, con el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu; el Justicia de Aragón, Fernando García; el Diputado del Común, Jerónimo Saavedra; el Procurador del Común de Castilla y León, Javier Amoedo; el Adjunto General al Síndic de Greuges de Catalunya, Jordi Sànchez; el Síndic de Geuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi; el Valedor do Pobo de Galicia, José Julio Fernández; el Defensor del  Pueblo de Navarra, Francisco Javier Enériz y el Ararteko, Íñigo Lamarca.

Según ha explicado la Defensora, el informe analiza los problemas comunes al conjunto de los servicios de urgencias, sin detallar la situación de ninguno de ellos, puesto que “son las grandes cuestiones, en las que hay un alto nivel de coincidencia, las que resultan más determinantes para la atención que reciben los pacientes”.

El estudio contiene 40 conclusiones. Así, valora positivamente las medidas de ampliación o renovación llevadas a cabo en los espacios físicos dedicados a la atención de urgencias en los hospitales, pero considera necesario que se introduzcan cambios en la organización y gestión de los servicios para resolver los problemas de presión asistencial y de saturación.

El informe indica que las repetidas situaciones de saturación de las urgencias pueden suponer un menoscabo de la dignidad de los pacientes y propone que se tenga en cuenta a los responsables de los servicios de urgencias en la toma de decisiones sobre disponibilidad de recursos, camas hospitalarias y personal.

Los defensores del pueblo abogan también por garantizar que existan suficientes profesionales en los servicios de urgencias en todas las franjas horarias y todos los días de la semana.

Además, reclaman que se cree una especialidad médica de urgencias y emergencias y recuerdan que la insuficiente dotación de plantillas titulares en muchos centros provoca que los médicos internos residentes asuman un grado excesivo de responsabilidad.

Colectivos vulnerables

El estudio señala que una buena coordinación entre servicios de urgencias y servicios extrahospitalarios es imprescindible para que los pacientes hagan un uso adecuado de las urgencias y para que los enfermos crónicos, las personas de edad avanzada y las personas en situación de exclusión social, reciban la atención debida.

Los defensores apuntan que en muchos lugares la continuidad asistencial de los inmigrantes en situación irregular no está garantizada. Así, recuerdan que estos pacientes deben recibir asistencia médica, más allá del alta en los servicios de urgencias,  hasta que se resuelva el problema de salud que dio lugar a la urgencia por enfermedad grave o accidente.

El estudio ha contado con la participación y aportaciones de pacientes, profesionales sanitarios y gestores administrativos de los 17 servicios autonómicos de salud y del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para Ceuta y Melilla. Todos ellos debatieron un documento común de 124 cuestiones basado en las quejas recibidas y las visitas realizadas por los defensores.

Este informe ha sido realizado de manera conjunta por el Defensor del Pueblo y todos los comisionados autonómicos, que han examinado la aplicación práctica de los derechos y garantías de los pacientes en los servicios de urgencia hospitalaria.

El informe analiza los problemas comunes del conjunto de los servicios de urgencias y ha sido elaborado con la participación de profesionales de los servicios de urgencias, de gestores y directores y de asociaciones de pacientes.

El informe fue realizado por la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en colaboración con todos los comisionados autonómicos
 

Santa Cruz de La Palma, a 26 de enero de 2015.- El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, participó en la jornada de hoy en la presentación del estudio “Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes”, realizado de forma conjunta entre la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y todos los comisionados autonómicos.

La presentación de este informe, en el que se ha examinado la aplicación práctica de los derechos y garantías de los pacientes en los servicios de urgencia hospitalaria, se llevó a cabo en la madrileña sede del Defensor del Pueblo y contó con la asistencia de los defensores autonómicos de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y País Vasco.

E l informe analiza los problemas comunes del conjunto de los servicios de urgencias y ha sido elaborado con la participación de profesionales de los servicios de urgencias,  gestores y directores de centros, así como asociaciones de pacientes.

Jerónimo Saavedra destaca la importancia de este informe que permite hacer una radiografía sobre la situación de uno de los ámbitos más sensibles en lo que se refiere a la atención sanitaria como son las urgencias. Un servicio que, lamentablemente, en Canarias se encuentra de plena actualidad debido a la saturación que estás sufriendo las urgencias de determinados centros sanitarios.

La Institución del Defensor del Pueblo Andaluz lleva años trabajando en adecuar sus sistemas de funcionamiento para la mejor prestación de sus servicios a la ciudadanía. La organización no ha querido permanecer ajena a los impulsos de modernización de los organismos y estructuras de las Administraciones Públicas o de sus instituciones y organismos análogos.

Precisamente el escenario actual de reforma de las Administraciones y de sus Instituciones, basada en la reivindicación de principios de eficiencia y rigor en el gasto público, no es para el Defensor del Pueblo Andaluz una novedad. Antes al contrario; la reciente historia de la Institución ha sido una respuesta coherente hacia estos valores porque desde hace años la Institución ha perseguido la adecuación de su actividad a las nuevas demandas de servicio y atención a los ciudadanos, la simplificación de procesos, fijación de compromisos objetivos de servicios y garantías para su prestación. De hecho, contamos con una Carta de Servicios aprobada desde 2003 que ha sido recientemente renovada.

Este proceso de implantación de un Sistema de Gestión de Calidad, basado en la norma ISO 9001, ya obtuvo en su primera fase, la verificación y certificación por parte de la entidad AENOR en el ejercicio de 2011. Desde ese momento se ha seguido un trabajo de extensión del sistema a las restantes actividades de la organización.

Al inicio del quinto mandato de la Institución (2013-2018), el Defensor se comprometió formalmente ante el Parlamento a continuar con la mejora de los sistemas de gestión propios basados con la clara vocación de garantizar la mejor atención a los ciudadanos. Para ello, desde la dirección se acordó reforzar las iniciativas que para organizar y desarrollar la completa implantación del sistema de gestión de calidad en el Defensor del Pueblo Andaluz.

En Octubre de 2014 renovamos nuestra certificación, pionera en este tipo de organizaciones institucionales. Satisfechos por la acreditación lograda y, desde luego, comprometidos con su significado.

Los Defensores del Pueblo han presentado hoy el estudio conjunto “Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes” que examina la realidad de los servicios de urgencias y el impacto de su funcionamiento sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos. El estudio ha contado con la participación de pacientes, profesionales sanitarios y gestores administrativos de los 17 servicios autonómicos de salud y del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para Ceuta y Melilla. Todos ellos debatieron un documento común de 124 cuestiones basado en las quejas recibidas y las visitas realizadas por los defensores. 

El estudio contine 40 conclusiones, entre ellas:

- Los defensores ven necesario introducir cambios en la organización y gestión de los servicios para resolver los problemas de presión asistencial y de saturación

- Abogan por garantizar la suficiencia de profesionales en todas las franjas horarias y todos los días de la semana

- Piden la creación de una especialidad médica de urgencias y emergencias