Ils viennent d’Al ban  ie, du Bénin, de France, de Maurice, du Nouveau-Brunswick (Canada) et du Sénégal, et ils vous parlent des droits de l’enfant ! - 20/11/2015 

Initié par le Comité sur les droits de l’enfant de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF), ce projet d'exposition a permis d’organiser des ateliers d’expression artistique dans six pays.

Les enfants ont d’abord été sensibilisés à leurs droits par les Médiateurs/Ombudsmans organisateurs de ces ateliers. Ils ont ensuite été invités à exprimer leur perception des droits de l’enfant en général ou de donner leur avis sur un droit en particulier par le dessin, la peinture, la danse, le chant, la poésie, la sculpture...

Le Comité a ensuite sélectionné les œuvres les plus marquantes réalisées par de jeunes Francophones sur leurs droits pour une exposition à l'occasion du Congrès des membres tenu à Québec. Elles ont également été regroupées dans ce catalogue. Certaines sont superbes, poétiques, d’autres concernées voire indignées ; toutes ces œuvres méritent d’être considérées et entendues.

Les droits de l’enfant sont protégés par une Convention internationale adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations Unies. Or, 25 ans après, les jeunes participants nous indiquent par leurs œuvres, que cette Convention est encore trop peu appliquée à travers le monde.

Les enfants s’adressent à vous ! Écoutez-les !

La relación del Justicia de Aragón con colectivos sociales de ayuda a personas necesitadas, como la Fundación La Caridad de Zaragoza, el proyecto de participación infantil y juvenil a través de los colegios, representados hoy por el colegio Ramiro Solans, y la fluidez en las relaciones del Justicia con otras instituciones autonómicas, han sido algunos de los aspectos más valorados por la delegación del Defensor del Pueblo de Turquía que, durante esta semana, ha permanecido en Zaragoza, dentro de un proyecto financiado por la Unión Europea denominado Twinning para el "Apoyo al establecimiento de la Institución del Ombudsman en Turquía".

El objetivo de la visita era conocer en profundidad cómo se trabaja en las distintas áreas del Justicia de Aragón con el fin de dar cumplimiento al mandato estatutario de defensa de los derechos y libertades de las personas. Para ello, además de sesiones de trabajo en la propia Institución, dirigidas por los Asesores responsables, se han celebrado visitas exteriores para aportar al enfoque técnico y jurídico una perspectiva práctica y, sobre todo, cercana a las personas.

Para el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, la experiencia ha resultado gratificante y enriquecedora y “un honor haber podido contribuir a fortalecer la Institución del Defensor del Pueblo de Turquía, con nuestra experiencia” En este sentido, el Justicia también ha expresado su agradecimiento a la Unión Europea por el apoyo económico que hace posible este proyecto.

La Institución anfitriona en España y ejecutora del proyecto es el Defensor del Pueblo, que junto con su homólogo en Francia, el Defensor des Droits francés, son los encargados de dirigir el programa de entrenamiento en el que, además del Justicia de Aragón, colaboran el Sindic de Greuges de la Comunidad Valenciana y el Procurador del Común de Castilla y León.

Ombudsman News 46/2015

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, se ha dirigido al presidente de la Junta Electoral Central, Carlos Granados, para que evite que los condenados por delitos de terrorismo puedan presentar su candidatura a las próximas elecciones generales convocadas para el 20 de diciembre.

La Institución quiere que la Junta Electoral extreme la supervisión de las listas electorales para evitar la proclamación de candidatos inelegibles según la normativa vigente.

La Defensora del Pueblo recuerda que el artículo 6.2.b de la Ley Orgánica 5/1985 de Régimen Electoral General establece que son inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de terrorismo cuya pena contemple inhabilitación para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo. Según la ley, tampoco pueden ser elegidos aquellos condenados cuya sentencia establezca inhabilitación absoluta, especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal.

Con esta actuación, la Institución quiere que se garantice el pleno cumplimiento de la ley en una cuestión que hiere la sensibilidad ciudadana y especialmente a las  víctimas de terrorismo.