El Síndic de Greuges de Cataluña ha presentado el Informe extraordinario sobre al acceso a la vivienda social, un documento elaborado a partir de las quejas concretas recibidas en este ámbito y de las actuaciones llevadas a cabo por iniciativa propia en los últimos años.

Con motivo de la presentación del Informe, el síndic, Rafael Ribó, ha pedido a la Administración la máxima celeridad posible para establecer un mecanismo o protocolo de actuación que garantice los realojamientos de las personas en situación de riesgo de exclusión residencial. El protocolo citado debe dar una respuesta inmediata y transversal, y de acuerdo con criterios unificados para toda Cataluña.

Esta es una de las diversas recomendaciones del Informe, en que el Síndic insta a la Administración a dar cumplimiento a la Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda social y la pobreza energética, aprobada en el mes de julio de 2015 por el Parlamento catalán.

Según Ribó, toda situación de emergencia residencial debe entenderse desde la triple perspectiva de: facilitar, con agilidad y celeridad, el acceso a una vivienda, garantizar un acompañamiento social y promover la reinserción laboral de las personas afectadas. Estas acciones deben estar coordinadas por un único servicio, que debería tener en cuenta el interés superior del menor. Es necesario motivar, de acuerdo con este interés, las resoluciones de los procedimientos de adjudicación de viviendas en situación de emergencia social.

El acceso a una vivienda de estas características debe ser inmediato y prioritario cuando afecta a niños y adolescentes. Es preciso considerar que la mera presencia de niños en la unidad de convivencia es un factor que puede determinar la existencia de una situación de emergencia (que, sin esta presencia de niños, podría no serlo).

En este sentido, es necesario que las administraciones públicas dispongan de una reserva de viviendas para dar respuesta a las situaciones de emergencia, y que los servicios sociales y los de vivienda dispongan de recursos humanos y materiales suficientes.

La aplicación de medidas frente a las situaciones de emergencia es sólo uno de los cinco apartados en que está estructurado el Infome. Del resto de apartados, tres giran alrededor del parque social de vivienda (gestión, alquiler social y adjudicación de viviendas con protección oficial) y un último plantea medidas de prevención para evitar situaciones de exclusión residencial.

En lo que atañé a la gestión del parque social de vivienda, el Síndic recomienda que todas las administraciones públicas dispongan de un inventario o registro único y permanentemente actualizado de las viviendas con protección oficial de que disponen en que queden reflejadas las características de cada inmueble.

Además de insistir en que la SAREB debería destinar a alquiler social un porcentaje de al menos el 30% de las viviendas que ha obtenido a bajo coste,   también sugiere que se impulse la movilización del parque de viviendas de titularidad privada desocupado como medio más inmediato para dar respuesta a las necesidades actuales de vivienda de alquiler. 

En cuanto a la adjudicación de viviendas con protección oficial, considera que es necesario garantizar el acceso a la vivienda protegida de las personas que no disponen de ningún tipo de ingreso económico o de aquellas que disponen de ingresos muy reducidos.

Entre las iniciativas previstas para prevenir situaciones de exclusión residencial, destaca que es nesario hacer efectivas las medidas contra el sobreendeudamiento relacionado con la vivienda habitual, previstas en la ley citada anteriormente. Así, por ejemplo, es preciso materializar la creación de un procedimiento extrajudicial para resolver las situaciones de sobreendeudamiento.

Finalmente, sugiere que el Gobierno de la Generalitat de Catalunya promueva la firma de protocolos con el poder judicial para que, antes de cualquier desahucio, los juzgados avisen a los servicios sociales y de vivienda competentes, de manera que estos puedan actuar de acuerdo con las circunstancias de cada caso. Y mientras se resuelve el realojo, es necesario valorar la suspensión del lanzamiento.

Encontrarán todas las sugerencias en el último capítulo del Informe.

LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, TEMA DE ANÁLISIS Y DEBATE MAÑANA EN EL FORO DE DERECHO ARAGONÉS

La profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza, María Martínez será la encargada de abrir mañana la tercera sesión del Foro de Derecho Aragonés, con la ponencia titulada “Espacios naturales protegidos: ¿Oportunidad o limitación de derechos?” A su exposición, le seguirán las co-ponencias del abogado, Joaquín de Guerrero, y del Ingeniero de Montes, Pablo Munilla.

La cita, a las 19,30 en el salón de actos del Colegio de Abogados de Zaragoza y la entrada es libre hasta completar el aforo.

Este año, se cumple el 25º Aniversario de los Encuentros del Foro de Derecho Aragonés. La iniciativa nació con un enorme consenso de todas las profesiones jurídicas de Aragón para facilitar el estudio del Derecho Aragonés, entonces vigente, y proporcionar material para una futura reforma de la Compilación. Con el tiempo, se consideró oportuno que algunas de las sesiones se celebraran en Huesca y en Teruel y que se incorporaran temas de derecho público relacionados con el privado.

En la actualidad, los objetivos iniciales se han cumplido y los trabajos que se han presentado en más de 300 ponencias y coponencias constituyen el acervo especializado más importante de Derecho Aragonés, recopilado en unas Actas que han servido de base para la redacción del Código Foral vigente.

Además del Justicia de Aragón, integran el Foro, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, los Colegios de Abogados de Huesca, Teruel y Zaragoza, el Colegio Notarial de Aragón, el Colegio de Procuradores de Zaragoza y el Decanato Territorial de Aragón del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles.
 

La institución del Defensor  del Pueblo expresa todo el apoyo y solidaridad al Gobierno de Francia ante la gran tragedia sufrida por los atentados terroristas en París. Como Defensor de los Derechos, el primer y supremo derecho que proclamamos y defendemos es  el derecho a la vida.

Manifestamos nuestro profundo dolor hacia las familias de las víctimas y les acompañamos en su pesar.  El yihadismo se ha convertido en una amenaza muy grave para todo occidente, y tenemos que ser fuertes para defender los valores de una sociedad que respeta la vida, los derechos y la libertad. Estamos al lado de todo el pueblo de Francia y de su Defensor.

El Fondo Social de la Vivienda (FSV), creado en 2013 para dar una solución habitacional a las familias en situación de especial vulnerabilidad, ha acelerado la asignación de sus pisos tras poner en marcha la sugerencia del Defensor del Pueblo de dar una mayor difusión a la oferta y posibilidades del fondo.

En concreto, el Defensor del Pueblo instó al Ministerio de Fomento, como órgano competente en materia de política de vivienda, a impulsar la ampliación de los potenciales beneficiarios del FSV y sugirió dar una mayor difusión al conocimiento por el público del Fondo, con medidas directas o indicando a las entidades bancarias participantes que dieran una mayor difusión esta posibilidad.

En un escrito enviado a la Institución, el Ministerio de Fomento afirma que desde enero de 2015, se han alquilado cerca del 72% de todos los pisos aportados, esto es, 4.215 viviendas. Esta cifra contrasta con los 695 contratos firmados en el primer año de existencia del FSV o los 1.767 contratos del año pasado, según detalla el ministerio.

Fomento achaca la “evolución positiva” experimentada por el FSV en los últimos meses, al aumento del colectivo de posibles beneficiarios y a la mayor difusión de las posibilidades y oferta del FSV, “en línea con lo sugerido por el Defensor del Pueblo”.