Councils should be aware of their responsibilities for transition planning for young people with Special Educational Needs the Local Government Ombudsman (LGO) has said.

Whether young people are educated independently or by the local authority, councils have a duty to ensure that teenagers in Years 9 to 11 have the proper plans in place to allow them to move on to post-16 education once they leave school.

A new investigation report highlights a case where Milton Keynes Council failed to plan properly for the further education of a privately-educated teenager, who had a statement of special educational needs (SEN). This left him without full-time education for 12 months.

As a consequence of this lack of support, the teenager applied for unsuitable sixth-form placements where, with guidance, he should have applied for college vocational courses. This meant that by the time he got his GCSE results there were no suitable places left for him to study at college.

Despite the council’s SEN team working to remedy the situation, the teenager has been left without formal education for an academic year, causing stress and strain on the family.

Dr Jane Martin, Local Government Ombudsman, said:

“Keeping good records and following statutory guidance properly will help to avoid pupils with Special Educational Needs missing out on important transitional planning, as happened in this case.

“Milton Keynes Council made efforts to address the situation once it became apparent, but many opportunities had been missed to ensure the young man had the right support at the right time. However I am pleased to see the council has agreed to my recommendations, and has announced further plans to ensure this situation should not reoccur.”

To remedy the complaint, the LGO recommended the council apologises to the mother and her son.

The council should also review its procedures to ensure that all pupils in years 9 to 11 with statements of special educational needs or education, health and care plans have Transition Plans in place and that these are reviewed as required and appropriate support is provided to pupils.

The LGO has also recommended the council pays the teenager £3,000 in recognition of his loss of opportunity and frustration caused by the postponement of his education. It should also pay the mother £500 in recognition of the distress caused by the strain on family relationships associated with her son being out of education and training for the period.

Milton Keynes Council has accepted the LGO’s recommendations. It has also said it will review its procedures with a view to setting up an assurance system for annual reviews including a check that transition plans have been included in annual review paperwork.

The council will also produce a good practice guide for school personnel to explain their role and responsibility in transition planning for young people with special educational needs or education, health and care plans. It will also ensure that transition plans for young people with particularly complex needs are supported by a guidance advisor.

Solamente dos días después de darle publicidad, la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) aceptó la recomendación que le dirigió la valedora do pobo para eximir del pago de tasas académicas al alumnado con diversidad funcional. La defensora, Milagros Otero Parga, había dirigido una recomendación al órgano que representa a las tres universidades gallegas para solicitar el cumplimiento de las exenciones de pago de precios universitarios para discapacitados, en concreto los que hacen referencia a la matrícula las pruebas de acceso a la universidad. Estas exenciones, previstas en la normativa, afectan además a víctimas de terrorismo o violencia de género.

La recomendación llegó después de conocer, por medio de una queja, el caso de un alumno con discapacidad reconocida de un 37%, al que se le negó la exención de la matrícula ordinaria para realizar las pruebas y tuvo que asumir el precio normal por importe superior a 60 euros. Por medio de su investigación, la defensora pudo saber que en la actualidad la CIUG, no solamente no estaba asumiendo las exenciones relativas a las personas con diversidad funcional o discapacidad oficialmente reconocida, sino que tampoco atendía las de personas víctimas de violencia de género o de terrorismo, a pesar de que están previstas en la normativa aplicable.

En tiempo récord, dos días después de darle publicidad a la recomendación, la Comisión Interuniversitaria aceptó corregir el criterio respecto de la no aplicación de las exenciones previstas para los precios públicos correspondientes a las pruebas de acceso a la universidad y que benefician las personas con diversidad funcional o víctimas de violencia de género o terrorismo, así como a revisar el cobro indebido del precio que tuvo que abonar la persona reclamante.

La valedora do pobo, Milagros Otero Parga, ha dirigido una recomendación a la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) para solicitar el cumplimiento de las exenciones de pago de precios universitarios para discapacitados. En concreto insta a esta entidad, que representa a las tres universidades gallegas, a que corrija su criterio y garantice la exención de pago de las pruebas de acceso a la universidad tanto para personas con diversidad funcional como para víctimas de terrorismo o violencia de género.

La recomendación llega después de conocer, por medio de una queja, el caso de un alumno con discapacidad reconocida de un 37%, al que se le negó la exención de la matrícula para realizar las pruebas y tuvo que asumir el precio ordinario, superior a 60 euros. Por medio de su investigación, la defensora pudo saber que en la actualidad la CIUG, no sólo no está asumiendo las excepciones relativas las personas con diversidad funcional o discapacidad oficialmente reconocida, sino que tampoco atiende las de personas víctimas de violencia de género o de terrorismo, a pesar de que están previstas en la normativa aplicable.

La valedora recomienda ahora a la Comisión Interuniversitaria que con urgencia “corrija el criterio respecto de la no aplicación de las exenciones previstas para los precios públicos correspondientes las pruebas de acceso a la universidad y que benefician las personas con diversidad funcional o víctimas de violencia de género o terrorismo; y que, con carácter particular con urgencia se corrija el cobro indebido del precio que tuvo que abonar la persona reclamante”.

La CIUG dispone de un mes para dar cuenta a la defensoría de la aceptación de la recomendación y, en su caso, de las medidas que adoptará para hacerla efectiva.
 

El Justicia tramitó 2.501 quejas y realizó 452 resoluciones, casi un 3% más que en el año anterior

A fecha de hoy, 1.999 quejas de las 2.501 recibidas en 2014 se han solucionado, lo que equivale al 80% del total. En tramitación, se encuentran 65 quejas, (un 3%) y las quejas archivadas sin haber podido solucionar el problema planteado, ascienden a 149 (un 6%)
Las Sugerencias realizadas a las Administraciones en 2014 fueron 422, un número similar a 2013, de las cuales, hasta el momento, se han aceptado el 62%, rechazado el 22%, pendientes de respuesta se encuentran el 16%.
El mayor número de sugerencias formuladas correspondió al área de Bienestar Social, 124, de las cuales, fueron aceptadas 73 (el 59% del total), rechazadas 44 (el 35%) y no han obtenido respuesta 7 (el 6%), siendo el área con un porcentaje más alto de sugerencias rechazadas, prácticamente todas en las que el Justicia ponía en evidencia retrasos en la aplicación de la ley de la Dependencia.
En número de sugerencias, le sigue el área de Educación, con 66, y un índice de aceptación del 80%, el más alto de las áreas junto con Sanidad, que fue del 81%.
En materia de Urbanismo se dictaron 53 sugerencias, de las cuales se aceptaron 30 (el 57%) rechazado 6 (11%) y sin respuesta 17 (32%). En el área de Empleo Público fueron dictadas 36 Sugerencias, 19 aceptadas (53%), 10 rechazadas (28%) y 7 sin respuesta (19%).
Mención especial merecen las Sugerencias que han tenido que ser archivas sin llegar a conocer la opinión de la Administración al respecto por falta de respuesta. En ese apartado, destaca el área de Servicios Públicos con un porcentaje del 53 % de Sugerencias archivadas sin respuesta, seguida de Urbanismo, con el 32% y Medio Ambiente con el 28%
De las 2.501 quejas tramitadas el año pasado, 1.659 quejas procedieron de la provincia de Zaragoza, 308 de Huesca y 214 de la provincia de Teruel. El resto hasta la cifra total, procedieron de otros lugares de España, o bien, la persona firmante, no especificó su residencia. Un total de 178 quejas, fueron avaladas por un número significativo de personas, pudiendo considerar estos asuntos de carácter colectivo. Entre estas quejas, destaca la que firmaron 709 vecinos de Fraga solicitando que el autobús urbano accediera al casco histórico de la localidad.
De oficio, la Institución abrió el año pasado 170 expedientes.
El porcentaje de quejas procedentes del medio rural, entendiendo como tal localidades que no son capitales de provincia, fue del 36% un porcentaje que se incrementa cada año y que respalda la utilidad del programa de visitas a las comarcas, que permite al Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, atender personalmente a los ciudadanos interesados en plantear una queja o consulta. En 2014, el titular de la Institución visitó 11 comarcas y se reunió con más de 100 personas y asociaciones, fundamentalmente de carácter social, que también le trasladaron sus problemas e inquietudes. Desde que se pusiera en marcha esta iniciativa en 2011, las personas recibidas directamente por el Justicia suman más de 500.
Volviendo a la estadística general, por materias, la que concitó mayor número de asuntos fue Bienestar Social, con 423 quejas, si bien la cifra fue menor que en 2013 debido a que las quejas sobre el Ingreso Aragonés de Inserción, en su mayoría retrasos en la concesión y denegaciones, se redujo casi a la mitad, pasando de 300 a 165, aunque continuaron siendo las más numerosas en éste área, en concreto, el 39% del total. Los retrasos detectados fueron hasta de nueve meses, una demora preocupante en una prestación concebida para dar rápida respuesta a situaciones de exclusión sobrevenida y de urgente necesidad. Dentro de esta área, también destacan las quejas sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia y la tardanza de la Administración en elaborar el Plan Individual de Atención (PIA) de la persona dependiente y en aprobar la prestación adecuada al mismo. En concreto se recibieron, 100 quejas una cifra similar a la del año anterior.
En número de quejas, sigue el área de Educación con 243, seguida de Economía y Hacienda con 224, Sanidad, con 177 y Empleo Público, con 173.
En Educación, descendieron las quejas relacionadas con la concesión de becas de comedor escolar y se mantuvieron en números similares a años anteriores las que denuncian escasez de oferta de plazas para acceder a primero de Educación Infantil en determinados centros y zonas escolares.
Las quejas del área de Economía y Hacienda más numerosas reflejan, por un lado, la disconformidad de los ciudadanos con las valoraciones de bienes inmuebles a efectos del pago de impuestos, y por otro, la discrepancia con la recaudación de impuestos en general y con el embargo de bienes y salarios por deudas sin respetar la prohibición de embargar el mínimo establecido por las leyes procesales.
Como es tradicional en el área de Sanidad, se repiten las quejas por las listas de espera en especialidades, el retraso en el reintegro de gastos y el rechazo en la financiación de tratamientos por parte de la Administración. Por otro lado, la preocupación del Justicia de Aragón y del resto de Defensores del Pueblo por los problemas derivados de la gestión de los servicios de urgencias hospitalarios y su afección a los derechos de los pacientes, motivó la elaboración del estudio conjunto titulado “Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes” que próximamente se presentará en las Cortes de Aragón.
Otros datos destacados, son el incremento de las quejas sobre Contratación Pública que pasaron de 28 a 61 en 2014 y el descenso de un 20% se los expedientes de Función Pública que sumaron 173 el pasado año. Algunos ejemplos de quejas sobre Contratación Pública se refieren a la tramitación de los contratos de asistencia técnica o a las modificaciones de contratos de obras y servicios una vez adjudicados.
Por otro lado, el aumento de la oferta de empleo público y que la Administración haya facilitado la movilidad puede explicar el descenso de las quejas en esta área.
Del total de quejas tramitadas en 2014, correspondieron al ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma 1.130, al de la Administración Local 735 expedientes, y al ámbito de competencia del Estado 54. El resto, hasta alcanzar la cifra total de 2.501 expedientes, fueron quejas rechazadas, remitidas a otros defensores del pueblo, a colegios profesionales y a empresas privadas que gestionan servicios públicos.
La forma preferida por los ciudadanos para dirigirse al Justicia de Aragón fue, un año más, la visita personal. 1.226 personas optaron por esta vía que les permite recibir información, a veces, inmediata, tener ayuda para redactar la queja, y consultar en el momento las dudas que puedan surgir. Las quejas por correo electrónico continúan incrementándose año a año y el pasado fueron 827, un 6% más que en 2013.
En cuanto a Informes Especiales, además del citado estudio sobre las Urgencias Hospitalarias, en 2014 se elaboraron los titulados “Estado de observancia, aplicación e interpretación del Ordenamiento Jurídico Aragonés, en el que se analiza la situación de nuestro Derecho desde el plano de la constitucionalidad de las normas aragonesas y de las normas estatales que nos afectan, y el “Informe sobre la situación de los Menores en Aragón” el que se detallan las actuaciones desarrolladas por la Institución en materia de protección y defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, así como las 11 visitas que la asesora responsable del área realizó a los centros de acogida, protección, reforma y atención a menores discapacitados. Una conclusión destacada de estas visitas es la necesidad de que se incremente el número de familias de acogida, una opción más conveniente que la atención de los menores en residencias.

Por otro lado, la vocación de la Institución de poner voz a quienes, por el motivo que sea tienen más dificultades para dirigirse directamente a la Administración, ha llevado al personal de la Institución a visitar 19 centros de mayores y de personas con discapacidad que, atiendo a su especial vulnerabilidad, precisan de un mayor acercamiento para poder expresar sus problemas e inquietudes. En términos generales, en las visitas de 2014 se percibió el descontento de las residencias privadas porque consideran que la Administración concierta pocas plazas o, aún concertándolas, no las ocupa efectivamente.

Con el objetivo de contribuir a la difusión de la actividad de la Institución y del Derecho Aragonés, la Institución publicó en 2013, 5 libros y su titular, pronunció 15 conferencias, dentro y fuera de la Comunidad Autónoma.
Como es habitual, 24 grupos distintos de personas, en su mayoría escolares, tuvieron la oportunidad de visitar la sede y conversar con su titular.
El presupuesto de la Institución en 2014 fue de 2.025.206,48 un 0,73% menos que el año anterior.

Parcheggia nelle strisce blu, paga la sosta, ritira l’auto oltre il termine di validità del ticket e trova sul parabrezza una multa per divieto di sosta, come se non avesse pagato affatto. E’ quanto accade in molti Comuni dell’Emilia Romagna e a segnalare la vicenda è il Difensore civico regionale, Gianluca Gardini, al quale i cittadini si sono rivolti per avere chiarezza circa le regole che disciplinano la sosta nelle strisce blu.

Nel 2011 – ripercorre la vicenda Gardini - il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva precisato con una nota che, nel caso in cui la sosta si prolunghi oltre il termine di pagamento, non si configura una violazione del Codice della strada, ma una "mera inadempienza contrattuale", le cui spese e penali devono essere previste da un apposito regolamento comunale. Insomma, nessun dubbio sembrava esserci sul fatto che la sosta sulle strisce blu prolungata oltre i termini non potesse essere equiparata al divieto di sosta, tanto che, nel marzo 2014, il ministero dell’Interno, il ministero dei Trasporti e l’Anci (l'Associazione nazionale dei Comuni italiani), con un comunicato congiunto, fecero sapere che “chi sosta all’interno delle strisce blu oltre il tempo per cui ha pagato il ticket non può essere sanzionato per divieto di sosta perché tale specifica circostanza non è prevista dal Codice della strada, ma può invece essere chiamato a rispondere di inadempimento contrattuale”.

L’automobilista, prolungando la permanenza sulle strisce blu, viene infatti meno al contratto di sosta che ha implicitamente sottoscritto con il Comune nel momento in cui paga il ticket. Un comportamento, secondo il parere dei ministeri dell’Interno e dell’Infrastrutture e Trasporti, che andrebbe sanzionato “ispirandosi a criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla tariffa richiesta per la sosta”. In altri termini, in questi casi la penale da pagare dovrebbe essere commisurata alla gravità dell’inadempimento, ossia al costo orario del parcheggio e al tempo di permanenza oltre il termine. Il compito di regolamentare questi aspetti, riferisce Gardini, spetta ai Comuni che, sulla base delle indicazioni fornite dai ministeri, devono adottare una specifica delibera in assenza della quale non è possibile elevare multe per sosta oltre il termine in aree di parcheggio non regolamentate

Dunque, una situazione definita. Salvo che, nel maggio di quest’anno, una nuova “esternazione” delle istituzioni competenti riporta la confusione. Qualche mese fa, infatti, prima il ministero dei Trasporti con un parere, poi Anci con una nota interpretativa, sono tornati sull’argomento rilevando la differenza tra “strisce blu regolamentate e non regolamentate”. L’inadempimento contrattuale – precisano entrambi gli enti - accompagnato dalla impossibilità di elevare le sanzioni ai sensi del Codice della strada e dalla necessità della delibera comunale che preveda l’importo, si verifica soltanto nel caso di aree di parcheggio non regolamentate, dove la sosta è consentita “a tempo indeterminato”, mentre viceversa è correttamente applicabile la sanzione prevista dal Codice della strada in tutti i casi di sosta permessa per un tempo limitato o “regolamentata” per corrispondere a motivate esigenze di  circolazione.

Ma a leggere l’ultimo parere del ministero dei Trasporti, prosegue Gardini, l’automobilista dovrebbe essere capace di “distinguere le strisce blu dove la sosta prolungata oltre il termine è passibile di multa (le cosiddette regolamentate), dalle strisce blu dove il parcheggio è consentito a tempo indeterminato e la sosta prolungata oltre il termine è al massimo passibile di inadempimento contrattuale, in proporzione al tempo eccedente (cosiddette non regolamentate)”. Una capacità davvero non comune, soprattutto se si considera che “la cartellonistica, per evidenti ragioni fisiche, non è in grado di riportare l’intera vicenda e chiarire agli utenti la sottile distinzione tra le diverse tipologie di strisce blu”. Gli stessi accertatori del traffico, in molte occasioni, si rivelano incapaci di cogliere questa sottile distinzione e continuano a fare multe per divieto di sosta anche nel caso di parcheggio prolungato su strisce blu dove la dove la sosta è consentita “a tempo indeterminato” e dunque non regolamentata.

Ne è nato insomma un “ginepraio giuridico che solo l’amministrazione italiana riesce a produrre”, commenta il Difensore civico, il quale ha deciso di rivolgersi ai Comuni della regione con “un invito alla buona amministrazione, per garantire una immagine trasparente e unitaria della pubblica amministrazione nelle sue diverse articolazioni”. Nello specifico, Gardini chiede ai Comuni emiliano-romagnoli non solo di “dotarsi delle norme regolamentari indicate dai ministeri o, in alternativa, di interrompere l’attività sanzionatoria svolta in contrasto con le regole del Codice della strada” ma anche di “pubblicizzare adeguatamente le diverse regole, rendendole chiare e comprensibili agli automobilisti, per lo più ignari di ciò che li aspetta se si trattengono sulle strisce blu oltre la scadenza del ticket”. Anche perché, ragiona la figura di garanzia dell’Assemblea legislativa regionale, “l’esiguità della sanzione di divieto di sosta, pari a 25 euro, ridotti a 17,5 euro se effettuata entro 15 giorni dalla contestazione, induce gran parte dei cittadini a effettuare il pagamento della multa, dal momento che il ricorso al Giudice di Pace comporterebbe di per sé il pagamento di un costo superiore alla sanzione, ed è accompagnato da ulteriori costi in termini di tempo e energie, oltre che da un esito incerto”. L’invito alla chiarezza, poi, è esteso alle istituzioni nazionali “perché mostrino la via d’uscita, una volta per tutte, dal labirinto kafkiano in cui hanno precipitato gli automobilisti d’Italia”.