Las profesiones jurídicas de Aragón rinden homenaje a los hispanistas suecos estudiosos de los Fueros: Tilander y Gorosch

El Foro de de Derecho Aragonés, cita jurídica tradicional del mes de noviembre, celebra este año su 25º Aniversario. Con este motivo, las profesiones jurídicas de Aragón rendirán homenaje a los hispanistas suecos estudiosos de los Fueros de Aragón: Gunnar Tilander y Max Gorosch. Este reconocimiento tendrá lugar el día 3 de noviembre a las 19,30 horas en el Salón de Actos del Colegio de Abogados de Zaragoza con la presencia de la Embajadora de Suecia en España, Cecilia Julin.

El acto estará presidido por el Presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, al que acompañarán en la mesa, el Decano de Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán, el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, y representantes de las principales instituciones aragonesas. Tras una primera parte, en la que se hablará del Foro de Derecho Aragonés, tomarán la palabra el Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, José Antonio Escudero, y del Catedrático de Historia del Derecho, Antonio Pérez Martín para rendir homenaje a Tilander y Gorosch.

Por otro lado, el programa especial de este año incluye una jornada dedicada a hacer balance de los 25 años del Foro con la destacada intervención de los Catedráticos de Derecho Civil, Jesús Delgado Echeverría y de Derecho Administrativo, Lorenzo Martín Retortillo.

Otros temas de análisis en los XXV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés serán los titulados: “Espacios protegidos: ¿Oportunidad o limitación de derechos?”, “Reglamento sucesorio europeo y derecho interregional” y “Seguros de vida, fondos de pensiones e instrumentos se previsión en el régimen matrimonial y la sucesión por causa de muerte”

El Foro nació con un enorme consenso de todas las profesiones jurídicas de Aragón para facilitar el estudio del Derecho Aragonés, entonces vigente, y proporcionar material para una futura reforma de la Compilación. Con el tiempo, se consideró oportuno que algunas de las sesiones se celebraran en Huesca y en Teruel y que se incorporaran temas de derecho público relacionados con el privado.

En la actualidad, los objetivos iniciales se han cumplido y los trabajos que se han presentado en más de cien ponencias constituyen el acervo especializado más importante de Derecho Aragonés, recopilado en unas Actas, que ha servido de base para la redacción del Código Foral vigente, que tiene vocación de permanencia.

Además del Justicia de Aragón, integran el Foro, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, los Colegios de Abogados de Huesca, Teruel y Zaragoza, el Colegio Notarial de Aragón, el Colegio de Procuradores de Zaragoza y el Decanato Territorial de Aragón del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles.

Nota: El Justicia de Aragón y la Embajadora de Suecia en España harán declaraciones a los medios de comunicación interesados a las 19,15 horas en su llegada al Colegio de Abogados de Zaragoza.


Fichero adicional:

• Programa de los XXV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés
  4-Foro 2015-TRIPTICO_A4-WEB.pdf

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, comparece mañana, 4 de noviembre, a las 11,00 horas ante el pleno de las Cortes de Aragón, reunido en sesión extraordinaria, para presentar el Informe de actividad de la Institución correspondiente al año 2014.

El año pasado, la Institución tramitó 2.501 quejas y realizó 452 resoluciones, un 3% más que el año anterior. El área de trabajo que recibió más quejas fue Bienestar Social, con 423 quejas y también de la que procedieron el mayor número de Sugerencias formuladas a las Administraciones, 124.

La Institución abrió de oficio 170 expedientes, 31 como consecuencia de las visitas a organizaciones no gubernamentales, asociaciones de carácter social y benéfico, centros de menores, residencias de la tercera edad, etc. realizadas tanto por el titular de la Institución como por el equipo de asesores.

El Síndic de Greuges de Cataluña considera inaceptable que los consumidores deban sufragar en la factura de la luz los conceptos que se incluyen dentro de la llamada cuña gubernamental, que son ajenas a su estricto consumo energético. Según Rafael Ribó, los consumidores deben asumir gastos que no les corresponden, y reclama que la factura sólo incluye el coste de la energía consumida y los impuestos propios de cualquier operación de consumo.

El 73% de incremento del precio de la electricidad en el Estado español en los últimos seis años se debe precisamente a la práctica de la cuña gubernamental, según el informe hecho público recientemente “Análisis comparativo de los precios de la electricidad en la Unión Europea y en Estados Unidos: Una perspectiva española”. El documento, elaborado por el investigador del Centro de Estudios Energéticos de Oxford, David Robinson, también destaca que a España el precio de la electricidad para uso doméstico se ha encarecido el doble que en la Unión Europea en el período 2008-2014.

En opinión del Síndic, los usuarios deberían poder disfrutar del suministro eléctrico a un precio asequible, siempre que su consumo esté dentro de unos parámetros de consumo básicos, esenciales y no suntuarios. Además, los sistemas tarifarios deberían fomentar el ahorro y la eficiencia energética con penalizaciones vinculadas al consumo irresponsable. Actualmente, sin embargo, un 33% de la factura se va en costes políticos y sociales, y un 28%, en impuestos, conceptos independientes del esfuerzo del consumidor.

La práctica que lleva a cabo la Administración consiste en introducir impuestos y otras cargas como las compensaciones por el llamado déficit tarifario, la moratoria nuclear, las primas a las energías renovables o las ayudas al carbón interno. El Síndic ya advertía de este fenómeno en el Informe sobre el derecho a los suministros básicos (electricidad, agua y gas), publicado en el mes de diciembre de 2014.

El sistema tarifario ha comportado un encarecimiento desmedido de la luz. Puesto que se trata de un suministro básico, el Síndic ha instado al Parlamento de Cataluña a hacer un seguimiento permanente del precio de la electricidad por medio de la comisión correspondiente o de la constitución de una subcomisión específica.

Este mismo órgano también debería analizar el impacto del incremento sostenido de los precios de la electricidad sobre la economía de las personas, especialmente las más vulnerables, y de las pimes, que hace aumentar sus gastos, e indirectamente, por tanto, desincentiva la creación de lugares de trabajo.

El Síndic también ha propuesto el reconocimiento del derecho a un suministro básico de la electricidad para las personas que cumplan determinados requisitos, estipulados en el marco de una normativa.

En esta línea, respecto a la factura, Rafael Ribó ha solicitado que se modifique la legislación reguladora del IVA, de manera que se aplique un IVA reducido a los consumidores vulnerables de electricidad, con el objetivo de asimilarlo al 10% del agua o al tipo impositivo reducido de otros países. Igualmente, sería necesario valorar si es legítimo que sobre un mismo suministro se deba aplicar al mismo tiempo dos impuestos: el IVA y el impuesto sobre la electricidad.

Poca sensibilidad frente a la suspensión del Decreto de Pobreza Energética

A raíz del recurso presentado por el Gobierno del Estado ante el Tribunal Constitucional y la suspensión automática del Decreto ley 6/2013, sobre pobreza energética, y las leyes de modificación del Código de Consumo de Cataluña, el Síndic solicita a las autoridades que prioricen la protección de los colectivos desfavorecidos.

Muchas personas en situación de vulnerabilidad energética se han visto afectadas a causa de esta suspensión. Frente a esta decisión, el Síndic da un paso más allá de evidenciar la falta de sensibilidad hacia las personas más vulnerables que ha demostrado el Gobierno del Estado con su actuación, proponiendo soluciones a esta situación.

El Gobierno de la Generalitat y el Parlamento de Cataluña, recogiendo los criterios del Informe sobre la pobreza energética en Cataluña, publicado por el Síndic en octubre de 2013, adoptaron medidas normativas en un primer paso para abordar el problema de la pobreza energética que sufren muchas personas vulnerables. A la vez, es necesario hacer constar que se trataba de la primera normativa del Estado aprobada por una comunidad autónoma en este ámbito.

El Síndic de Greuges de Cataluña ha abierto una actuación de oficio para aclarar las circunstancias de la muerte de cuatro personas en la residencia geriátrica Ribera del Sió de Agramunt a consecuencia de las fuertes lluvias.

Rafael Ribó, que lamenta estos hechos tan desafortunados, quiere enviar a las familias afectadas sus condolencias y el compromiso de que actuará con celeridad en el análisis de este caso.

El centro, según las informaciones publicadas, quedó totalmente inundado al desbordarse el río Sió y diversos usuarios con problemas de movilidad reducida o con problemas de salud, motivo por el que presuntamente se les había aplicado medidas de contención, no pudieron salir de la residencia.

A pesar de la intervención de los servicios de Emergencias a petición de los responsables del centro, entre Bomberos y Mossos d'Esquadra, sólo pudieron rescatar a cinco de las personas desaparecidas.

El Síndic ha solicitado información a la Confederación Hidrográfica del Ebro para saber si antes de construir el centro se había calculado el curso de las avenidas de agua. También se ha dirigido al Ayuntamiento de Agramunt, al Departamento de Interior y al Departamento de Bienestar Social y Familia, éste último para aclarar el sistema de emergencia empleado y también en relación con el protocolo aplicado a los residentes a quienes supuestamente se les había aplicado las medidas de contención.

La residencia Ribera del Sió es centro colaborador de la Generalitat, con 46 plazas públicas y el resto con posibilidad de Prestación vinculada al Servicio, de la Ley de Dependencia.

Manuel Aguilar Belda, Adjunto Segundo del Defensor del Pueblo entre 2000 y 2012, nació en mayo de 1949 en un pueblo de la provincia de Albacete. Cursó sus estudios primarios y secundarios en diversos centros educativos de su provincia y obtuvo las Licenciaturas en Psicología y en Pedagogía en la Universidad de Valencia a mediados de los años ’70 del pasado siglo. Posteriormente, y tras superar la correspondiente oposición, se incorporó como funcionario al Cuerpo Técnico Superior del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

No obstante, sus inquietudes sociales y culturales le llevaron, como a tantos jóvenes de su generación, al activismo político, y en su caso a una larga militancia en el Partido Socialista, de la que nunca abjuró, aunque por imperativo legal debiera abandonarla al incorporarse al Defensor del Pueblo.

En su trayectoria política, cabe destacar que de enero a junio de 1983 fue Consejero de Sanidad y Bienestar Social del ente preautonómico de la Comunidad de Castilla-La Mancha, y en las elecciones municipales de ese mismo año fue elegido Concejal del Ayuntamiento de Albacete. También desde 1983 fue Diputado al Congreso por Albacete, durante la II Legislatura de las Cortes Generales. En esta Cámara formó parte de la Comisión de Política Social y Empleo y fue Ponente de la Ley General de Cooperativas.

En la III, IV, V y VI Legislaturas (1986-2000), fue elegido Senador por Albacete, desempeñando sucesivamente los cargos de Portavoz Adjunto del Grupo Socialista del Senado, Secretario Primero de la Cámara y Vicepresidente Segundo del Senado. En 2000 concurrió de nuevo como candidato a las elecciones generales en Albacete, pero esta vez para el Congreso de los Diputados, siendo elegido Diputado por dicha circunscripción para la VII Legislatura.

Sin embargo, unos meses después de la constitución de la Cámara, Manuel Aguilar decidió abandonar la vida política e incorporarse al Defensor del Pueblo como Adjunto Segundo en junio de 2000. Enrique Múgica, recién elegido nuevo Defensor por las Cortes Generales, propuso que Mª Luisa Cava de Llano y él fueran los Adjuntos de la Institución y el Parlamento aceptó su propuesta por unanimidad.

En el Defensor, Manuel Aguilar, dada su mayor experiencia en las materias de índole social, se hizo cargo de dirigir la tramitación e investigación de las quejas formuladas por los ciudadanos y de las actuaciones iniciadas de oficio en las áreas de Sanidad, Trabajo y Política Social, Educación y Cultura, Medio Ambiente, Vivienda y Urbanismo, y Función y Empleo públicos, así como preparar y proponer al Defensor del Pueblo el informe anual y los informes extraordinarios que debieran elevarse a las Cortes Generales sobre las materias relacionadas con dichas áreas.

En 2005, Enrique Múgica fue reelegido para el cargo de Defensor del Pueblo y con él se mantuvo Manuel Aguilar como Adjunto Segundo encargado de las áreas sociales hasta el final de su mandato, e incluso durante la larga interinidad producida tras su cese.

Tras su larga etapa defensorial, desde 2012 Manuel Aguilar desempeñaba su trabajo como funcionario en el Tribunal de Cuentas, donde le ha sorprendido la enfermedad que ha acabado con su vida el 2 de noviembre de 2015.

Manuel estaba casado con Milagros García Aguilar y era padre de Manuel y Pablo. La Defensora del Pueblo, los actuales Adjuntos de la Institución, el Secretario General y todo el personal de la misma quieren expresar a su familia y amigos sus más profundas condolencias y rendir homenaje a su memoria.