La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha recomendado al Ministerio de Economía que regule la actividad de las empresas de recobro para proteger los derechos de los deudores y evitar que estas compañías utilicen métodos de cobro poco ortodoxos.

La actividad de recobro de deudas no está regulada en el ordenamiento jurídico español y no se necesita ninguna autorización administrativa para su ejercicio.

La mayoría de profesionales que se dedican al recobro de créditos impagados utilizan métodos legales, sin embargo existen otros que con sus actuaciones lesionan gravemente los derechos de los deudores, utilizando procedimientos coactivos y humillantes.

Ante estas situaciones intimidatorias, los deudores sólo pueden denunciar ante la justicia la actuación de estas empresas. Así, diversos tribunales han fallado que hay prácticas de recobro que suponen una intromisión ilegítima en el derecho del honor del presunto deudor.

Para evitar que este vacío legal permita la vulneración de derechos fundamentales, la institución ha recomendado regular la actividad de las empresas de recobro de deudas estableciendo las cautelas necesarias para dar protección a los derechos del deudor.