El Defensor del Pueblo de Navarra, Francisco Javier Enériz Olaechea, ha expuesto hoy en Santander, en el marco de las XXX Jornadas de Coordinación de los Defensores del Pueblo, distintos problemas detectados en materia de vivienda y que afectan a los ciudadanos y a las Administraciones públicas.

Así, ha expuesto un largo listado de hasta veintidós problemas detectados por un grupo de trabajo formado por los asesores de las diez instituciones del Defensor del Pueblo españolas.

Enériz ha señalado que la pérdida de ingresos por la crisis económica ha conducido a miles de propietarios e inquilinos de viviendas a no poder pagar hipotecas y alquileres, lo que les ha llevado a perder su vivienda. Ha citado datos del Consejo General del Poder Judicial, que calculan en más de 500.000 los desahucios de edificios de todo tipo (y no solo de viviendas) habidos en España desde 2008, de los cuales el 53% es por arrendamiento y el 42% por ejecución hipotecaria.

El Defensor del Pueblo de Navarra ha considerado la actuación de los poderes públicos como insuficiente para garantizar la protección eficaz del derecho constitucional de todos a acceder a una vivienda digna y adecuada.

La crisis ha coincidido, además, con la supresión y reducción de ayudas públicas al acceso de la vivienda en propiedad o alquiler y con la disminución de los recursos presupuestarios de todas las Administraciones públicas, lo que ha provocado que los poderes públicos se hayan visto desbordados y sin medios para atender las demandas ciudadanas.

El resultado es que han vuelto al hogar familiar o han compartido vivienda muchas personas que no pueden seguir viviendo de forma emancipada porque no pueden pagar una casa. Los problemas de acceso a una vivienda han afectado más gravemente a los colectivos más vulnerables (personas con discapacidad, familias monoparentales, mujeres víctimas de violencia de género, mayores de 65 años, menores de 35 años, personas en riesgo de exclusión social, familias numerosas, víctimas de terrorismo, emigrantes retornados desahucios y personas en situaciones de emergencia).

También ha puesto de manifiesto la carencia en España de viviendas asequibles, en concreto de viviendas protegidas, y ha destacado que solo el 26% del gasto público español en vivienda se ha dirigido a la vivienda protegida, en contraste con el 74% que se dirige a la adquisición de vivienda libre. Ha destacado, asimismo, que la cultura de la vivienda en España se ha basado en la propiedad y en considerar el sector inmobiliario como uno de los motores de la economía y un negocio en manos del mercado.

Otro problema puesto de manifiesto es que, con el fin de lograr liquidez, las Administraciones han vendido porciones del parque público de viviendas protegidas a empresas privadas vinculadas a fondos financieros. No solo se ha reducido la oferta de vivienda protegida en el momento en que la demanda está aumentando, sino que las empresas privadas propietarias de viviendas antes protegidas han elevado precios de alquileres y servicios a los ocupantes y se preocupan más de obtener plusvalías de su inversión de capital riesgo que de los inquilinos.

Otro problema expuesto es el retraso en la activación de plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2106.

Ha indicado que las medidas urgentes adoptadas por el Estado para la protección de las personas deudoras hipotecarias afectadas por desahucios o sujetas a ejecución hipotecaria, por ejemplo, el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, no han logrado rectificar el drama humano de las personas sin hogar o de aquellas que, por diversas causas, son lanzadas de la vivienda que tenían.

Los desahucios de miles de personas y familias de sus únicas viviendas se ha hecho sin un realojo o una solución habitacional, por lo que, en muchísimos casos, los desahuciados han tenido que buscar soluciones a sus problemas por sí solos.

Enériz ha declarado que, contradictoriamente con todo este panorama de la pérdida de vivienda por cientos de miles de personas, nos encontramos con un amplísimo parque de viviendas vacías: se calcula que hay 500.000 viviendas nuevas sin vender y en 2012 se estimaba que podían haber vacías casi 3,7 millones de viviendas. Muchas de estas viviendas vacías están en manos de entidades financieras, obtenidas de procesos de ejecución hipotecaria.

Otros problemas expuestos han sido el vivienda ruinosa, la vivienda inhabitable y que aproximadamente 1,5 millones de personas viven en infraviviendas. Precisamente, son los barrios más degradados los que menos posibilidades de rehabilitación tienen por cuanto sus residentes carecen de recursos y las ayudas públicas se han recortado o suprimido.

La SAREB no se concibe como un instrumento al servicio de la política de vivienda, sino como elemento de la política económica. Y el Fondo Social de Viviendas creado en enero de 2013 para dos años y prorrogado para dos años más hasta enero de 2017 no funciona correctamente. Tras dos años y medio de actividad, solo un 30% de sus 6.000 pisos está habitado, y solo el pasado 15 de septiembre se ha ampliado a 9.866 pisos tras el acuerdo con 29 entidades financieras, número muy pobre si se compara con los cientos de miles de desahucios que se han producido en los últimos años.

Otro problema relacionado es el que se enfrentan los contribuyentes del impuesto por el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalías). Los ciudadanos que venden su vivienda se manifiestan extrañados de tener que abonar un impuesto cuando no han obtenido ganancia patrimonial alguna. Sin embargo, los ayuntamientos no reconocen la disminución del valor.

Enériz ha criticado que hoy el derecho a la vivienda aparece en la Constitución con una visión muy insuficiente y superada por los tiempos actuales. “Ni siquiera es un auténtico derecho en la Constitución, aunque así se la califique, sino un principio rector de la política social y económica, que solo alcanza su condición de derecho exigible ante los poderes públicos y los tribunales de justicia cuando así lo recoja y desarrolle la legislación, en este caso, autonómica”, ha declarado. Y ha argumentado que el derecho constitucional a la vivienda no tiene un contenido preciso, y solo algunas pocas leyes autonómicas, como la reciente ley del Parlamento Vasco, lo concretan y hacen exigible ante los poderes públicos, pero, en todo caso, dicho contenido y su exigencia dependen de la voluntad del legislador autonómico y de sus recursos económicos, que hoy se presentan insuficientes.