El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha manifestado hoy su preocupación ante el fenómeno de las viviendas públicas vacías ya que “implica que existe un recurso que no está siendo destinado a la finalidad social para la que se creó y, al ser visible y conocido por la ciudadanía, socava la confianza de ésta en el correcto funcionamiento de las administraciones públicas”.

Según el defensor del pueblo valenciano, que está participando en las Jornadas de Coordinación de defensores que se celebran en Santander, el momento en el que suele originarse esta situación es al cambiar de titular, cuando hay que acondicionar la vivienda para un nuevo inquilino. El tiempo de ejecución es demasiado prolongado; la demora en la rehabilitación conduce a que un porcentaje importante del parque de vivienda pública esté inutilizado. A lo que ha resaltado que “la vivienda pública, por su propia naturaleza y fines, debería estar siempre movilizada. Es decir, no debería existir vivienda que, perteneciendo al parque público, permanezca en situación de desocupación”.

Asimismo, Cholbi ha puesto de manifiesto los problemas de control, inspección y sanción por parte de la Administración sobre el parque de vivienda protegida, especialmente en compraventa. Aunque todas las normativas autonómicas prevén cláusulas destinadas a garantizar el uso de la vivienda por la persona adjudicada y sanciona el incumplimiento de las obligaciones de ocupación, la experiencia demuestra que a veces no es suficiente, ya que la Administración, en la gran mayoría de casos, no tiene conocimiento de estas conductas excepto cuando se produce una denuncia de un tercero. 

Por ello, Cholbi considera más eficaz la gestión de la vivienda pública en régimen de alquiler; ya que existe un control más cercano, directo y efectivo de los recursos por parte tanto del departamento con competencias en materia de vivienda, como por parte de los servicios sociales.

Otra procedencia de viviendas públicas vacías detectadas por el síndic son aquellas que, promovidas al amparo de los planes de vivienda, no han podido ser adjudicadas a los colectivos a las que iban dirigidas, encontrándose actualmente desocupadas, por las elevadas e inasumibles condiciones económicas. Sobre esta cuestión, Cholbi propone que los requisitos iniciales de las promociones de vivienda puedan variar de acuerdo con las condiciones económicas y sociales de los destinatarios, permitiendo el cambio de precio o el cambio de régimen de compraventa a alquiler.

Por último, el defensor valenciano también ha subrayado la importancia de las políticas de rehabilitación, que eviten que quienes ya tienen vivienda (que en muchos casos fue protegida) la pierdan. Para ello, esta institución apuesta por “programar planes de intervención en barrios desfavorecidos, dirigidos a rehabilitar las viviendas sin implicar una angustia económica a sus propietarios”.

El síndic, José Cholbi, y los adjuntos Ángel Luna y Carlos Morenilla están participando durante los días 17 y 18 de septiembre, en las XXX Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo que se celebran en el Parlamento de Cantabria (Santander) y que están dedicadas a la vivienda. 

El Justicia de Aragon, Fernando Garcia Vicente, ha reclamado hoy la elaboración de un inventario de viviendas públicas vacías en Aragón con el fin de adoptar medidas de política de vivienda relacionadas con la dinamización del mercado del alquiler.
En las Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo que se desarrollan en Santander, el Justicia también ha insistido en la necesidad de agilizar los plazos de adjudicación de viviendas públicas, actualmente de 3 meses debido a la demora en la realización de las reparaciones y del procedimiento administrativo de adjudicación.
En la mesa redonda sobre viviendas vacías en la que también han participado los Defensores de Canarias, Andalucía y Valencia, Fernando García Vicente ha apuntado la necesidad de rebajar el precio del arrendamiento de las viviendas públicas, en la actualidad, muy similar al de la vivienda libre.
Por ultimo, el Justicia se ha referido a las viviendas protegidas de promoción privada que se encuentran desocupadas y ha reclamado facilidades normativas para cambiar el uso de venta a alquiler, dada la actual coyuntura económica. 

La Defensora del Pueblo y los nueve Defensores Autonómicos han firmado hoy la siguiente declaración:

Desde hace tiempo, Europa es testigo directo del drama que supone la guerra, el hambre, la intolerancia y la insolidaridad. Padecimientos que se visualizan en las personas que tratan desesperadamente de alcanzar nuestras fronteras y en los cuerpos inertes de aquellos cuyas esperanzas se quedaron por el camino.

Esta situación, lejos de ser superada, se ha visto ampliamente empeorada con ocasión del estallido de diversos conflictos bélicos que han venido a provocar la que ya se identifica como la mayor crisis de refugiados vivida por Europa desde la II Guerra Mundial.

En este contexto, los Defensores del Pueblo abajo firmantes no pueden permanecer impasibles ante este atentado contra los derechos humanos de cientos de miles de personas. Por tal motivo, estiman necesario y un deber:

1. Expresar su solidaridad y su firme compromiso con tales colectivos, poniendo sus Instituciones a su servicio y ofreciéndose a servir de cauce eficaz para la defensa de los derechos que les asisten y para garantizar su adecuada acogida, haciendo especial hincapié en los menores.

2. Suscribir plenamente la Declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados sobre la crisis de refugiados de Europa, sumándose así al llamamiento realizado por tal organismo internacional.

3. Recordar a las autoridades públicas europeas y españolas las previsiones contenidas en los artículos 3.5 y 21 del Tratado de la Unión Europea acerca de las relaciones de ésta con el resto del mundo y su acción en la escena internacional, en las que se definen los principios que han de inspirar las políticas y las acciones comunes y que se traducen, entre otros, en el fomento de la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional.

Asimismo, los compromisos asumidos por la Unión de definir y ejecutar políticas comunes que tengan por cometido mantener la paz, prevenir los conflictos y fortalecer la seguridad internacional; promover un sistema internacional basado en una cooperación multilateral sólida y en una buena gobernanza mundial; y ayudar a las poblaciones, países y regiones que se enfrenten a catástrofes naturales o de origen humano.

Ello, al objeto de atender las demandas planteadas por las personas refugiadas y, en particular, las solicitudes de asilo cursadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 18 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

4. Hacer un llamamiento al Gobierno de España, a los Gobiernos de las Comunidades Autónomas y a la entidades locales para que, con la mayor de las urgencias:

     – Asuman los máximos niveles de compromiso y solidaridad para acoger, con plena garantía, a las personas que huyen de la guerra y de la intolerancia.

    – Coordinen entre sí, con las instituciones internacionales y europeas y con las organizaciones y colectivos ciudadanos, las acciones excepcionales que al respecto deban acometerse para paliar la desesperada situación que presentan estas personas, propiciando actuaciones conjuntas dotadas de la máxima efectividad.

     – Insten a las instituciones internacionales y europeas, así como a otros Estados, el desarrollo inmediato de políticas comunes que contribuyan eficazmente a solventar los problemas que se suscitan en los Estados de origen de las personas refugiadas, causantes de la crisis migratoria.

5. Mostrar su máximo reconocimiento hacia las múltiples iniciativas solidarias que se están llevando a cabo desde distintos sectores sociales y, al mismo tiempo, animar a la Sociedad en general y, en particular, a los colectivos empresariales y a aquellos que dispongan de mayores recursos, a que en la medida de la capacidad que ostenten colaboren, de forma coordinada, en la atención de las ingentes y apremiantes necesidades que presentan estos colectivos ciudadanos, especialmente en los ámbitos habitacional, sanitario y alimentario.