El Defensor del Pueblo ha celebrado la entrada en vigor del nuevo protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género y de gestión de seguridad de las víctimas, que incluye una guía con consejos de seguridad para las víctimas.

Firmado por el Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, a finales de julio, el Protocolo establece también nuevos cuestionarios que la policía deberá utilizar para valorar el nivel de riesgo de la mujer que denuncie amenazas, malos tratos o agresiones.

La mejora de los instrumentos de detección de riesgo de violencia de género y de protección de las víctimas, especialmente en materia de coordinación entre administraciones, ha sido una preocupación constante del Defensor del Pueblo, que solicitó el pasado año la actualización de los indicadores de valoración policial  de riesgo que han sido objeto del nuevo protocolo.

A lo largo de los últimos años el Defensor ha supervisado, entre otros, el grado de cumplimiento de la “Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia Contra la Mujer 2013-2016” y ha instado a un refuerzo de todos los planes autonómicos y municipales para la actuación integral e individualizada con mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos.

Para la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, “combatir la violencia de género y garantizar la seguridad de las mujeres y niños afectados es una prioridad que nos compromete a todos” y para la que este nuevo protocolo supone “un paso importante”.

IOI Ombudsman News 33/2016

Following an invitation from Ireland’s Institutes of Technology Ombudsman Peter Tyndall met with them in Galway on Thursday 18 August to highlight his role in examining complaints from the public about the third-level education sector.  At the meeting the Ombudsman urged all providers of public services to use complaints as a source of learning.  He also encouraged students who are unable to resolve complaints locally to bring their complaint to his Office.

The Ombudsman’s Office is an independent office that examines complaints from the public against most providers of public services. Since 2013 the Ombudsman can examine complaints about all publically-funded third-level education bodies such as Universities and Institutes of Technology, and other education bodies such as the State Examinations Commission and Student Universal Support Ireland (SUSI).

Ombudsman Peter Tyndall said:

“We have worked very successfully with bodies in the third-level education sector such as Universities and Institutes of Technology, and also with SUSI and the State Examinations Commission, to resolve complaints and to improve the delivery of education services for the public.  We have highlighted the benefits of using complaints as a source of learning for providers of public services and we recently developed a Model Complaints System that we would like all service providers to use.”

The Ombudsman can examine complaints about the administrative actions of public service providers if the person is unable to resolve their complaint with the provider in the first instance.

In 2015 the Ombudsman received over 300 complaints about education services including those about:

·         Poor communication with students

·         Admission procedures

·         Unreasonable delay in providing grants or placements on courses

·         Education bodies not acting in accordance with their procedures

·         Appeals or Complaints Processes

The Ombudsman’s Model Complaints System is available here.

Students (aged 18 years of age or older) or parents can contact the Ombudsman’s Office.

For complaints from those under 18 contact the Ombudsman for Children at:

Website:          www.oco.ie

Telephone:       1800 20 20 40 or 01- 865 6800

E Mail: oco@oco.ie

El Síndic de Greuges de Cataluña ha solicitado que se instalen cámaras de grabación de imágenes en todas las dependencias de los centros penitenciarios donde los internos puedan sufrir vejaciones o maltratos. El objetivo de esta petición es garantizar la profesionalidad y el rigor de los funcionarios en su comportamiento y al mismo tiempo protegerlos de las denuncias y falsas acusaciones. 

Esta es una de las recomendaciones dirigida por el Síndic al Departamento de Justicia de la Generalitat con motivo de la queja de un interno del Centro Penitenciario de Quatre Camins que afirma haber sido objeto de un uso desproporcionado de la fuerza por parte del grupo de intervención especial. Los hechos ocurrieron en el patio del departamento de sancionados a raíz de la contención de dicho interno frente su actitud provocadora.

La queja se planteó en el marco de una visita del Síndic al centro, en calidad de Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura (MCPT). Según la exploración médica practicada por la facultativa del MCPT, el afectado presentaba múltiples equimosis que pueden ser compatibles con mecanismos directos de contusión.

En la resolución de la queja, el Síndic describe diversos déficits detectados en la actuación de la Administración, como la escasa concreción en el informe redactado por los funcionarios y en la hoja asistencial médica, que no detalla con exactitud las lesiones ni el tratamiento administrado. Otra irregularidad es, según el Síndic, la falta de comunicación inmediata de los hechos a la autoridad judicial competente. También lamenta que no hubiera ningún intento de negociación frente al conflicto y se optara directamente por la aplicación de medios coercitivos.

Frente esta serie de irregularidades, el Síndic hace diversas recomendaciones, además de la instalación de más cámaras, dirigidas a todo el ámbito penitenciario:

- Necesidad de redactar los informes de los hechos con el detalle de cada una de las actuaciones llevadas a cabo por los funcionarios y sin el uso mecánico de conceptos jurídicos indeterminados, que únicamente sirven para fundamentar la gestión de fuerza física por parte de la Administración.

- Necesidad de fomentar hasta el último extremo el diálogo, la negociación y la mediación con el interno antes de solicitar la asistencia del grupo de intervención especial.

- Comunicación inmediata de la aplicación de los medios coercitivos al juez de vigilancia penitenciaria, concretamente de las medidas que se mantienen durante un período de tiempo prolongado, como es el aislamiento provisional.

- Los servicios médicos penitenciarios deberían comunicar, tanto al juzgado de guardia como al director del establecimiento, cualquier incidencia en la que se constaten daños físicos a los internos, ya sea por incidencias entre internos como por incidencias provocadas entre internos y funcionarios.La actuación de los servicios médicos no debe circunscribirse únicamente a la atención sanitaria y curación de heridas, sino que debe velar por la imparcialidad y denunciar aquéllos casos en que presuntamente haya habido una aplicación extralimitada de la fuerza física.

- Los servicios médicos penitenciarios deben adaptar las hojas de asistencia médica, en los casos de lesiones por presuntos maltratos, a lo establecido en el Protocolo de Estambul. Es importante que éstas reflejen qué cuidados se han practicado al interno por las lesiones que presenta y cuál es la pauta médica que se le administra.