La historia es la siguiente. Una pequeña siria de una familia de refugiados en Jordania necesita una operación craneofacial muy compleja y delicada. En Jordania los médicos, tras la evaluación necesaria, no se atreven a semejante intervención. Empieza entonces, marzo 2016, la búsqueda de un hospital y unos médicos que acepten a esta pequeña paciente. Se conecta con seis hospitales europeos que podrían realizar la operación pero ninguno lo haría de forma gratuita. Y entonces aparece en escena el hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona que lo acepta plenamente.

La segunda parte de la historia empieza al plantearse la salida de la familia hacia España. La madre y la pequeña podrían obtener visados pero el padre y los otros tres hermanos, no. Es en ese momento, cuando la institución del Defensor del Pueblo, que ha tenido conocimiento de toda la historia, pide ayuda a la embajada de España en Jordania y esta proporciona los visados  para la familia completa. Y el día 13 de julio la familia llega a Barcelona, vía Madrid, pues otras capitales europeas no les han permitido ni el tránsito. En Barcelona, Cáritas y la fundación Jubert Figueras se hacen cargo de ellos y el ayuntamiento de Barcelona también colabora.

Esta es una historia, sólo una, de una familia de refugiados sirios que pasa por la angustia de tener que abandonar su país y hacerlo con una niña en una situación muy dramática. Han sido muchas las personas que han intervenido hasta alcanzar la llegada de la familia pero nada se hubiera logrado si el hospital de San Juan de Dios no se hubiera ofrecido para la operación.

Seguramente ni la orden ni el propio hospital contarán esta historia que desde un despacho de abogados norteamericano y otro español, de manera altruista, ha movilizado a tantas personas; que ha requerido de la opinión de especialistas de diversos países, del Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, de la embajada de España…y de tantos otros. Desde estas páginas del Defensor del Pueblo queremos dar las gracias a todas aquellas personas que se han interesado por esta pequeña siria, a los médicos, y muy especialmente a la orden de San Juan de Dios. Y desearles, como en tantas otras actuaciones suyas, que su generosidad se vea recompensada con el éxito de la operación.

Según las últimas noticias recibidas el resultado de la operación ha sido satisfactorio, si bien necesitará una segunda, transcurrido un tiempo.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son una herramienta estratégica para el sistema sanitario y también un potente elemento de mejora de la calidad del mismo.

Para ello, es preciso disponer de herramientas, comenzando por una tarjeta sanitaria individual que permita su lectura y comprobación en todo el territorio del Estado. Este es un mandato legal todavía pendiente de ejecución.

Otra pieza clave es la historia clínica electrónica, que ha de acompañarse de un sistema que posibilite el acceso por cualquier centro asistencial en España; lo que permitiría un mayor nivel de seguridad en la atención y evitaría la innecesaria reiteración de exploraciones y procedimientos.

En la misma línea la institución del Defensor del Pueblo ha reclamado el diseño de una aplicación informática de uso general en todo el SNS accesible a través de un sistema fácil (móviles, pulseras, etc.) que facilite el acceso por cualquiera de los Servicios de Salud, especialmente en situaciones de urgencia, a datos contrastados de la historia clínica. Esta iniciativa tendría especial interés en el caso de personas en situaciones vulnerables.

También la interoperatividad de la receta electrónica (RE) resulta fundamental para que los ciudadanos puedan acceder sin problemas a los tratamientos y medicamentos que precisen en un contexto de cada vez mayor movilidad territorial especialmente en el caso de personas mayores con padecimientos crónicos.

Los ciudadanos no comprenden bien que en el actual estado de desarrollo de las TIC el avance de la interoperatividad resulte tan lento. Es, pues, necesario que el sistema nacional de información sanitaria permita aquello que los ciudadanos sienten como un derecho: recibir una atención homogénea y normalizada en el conjunto del territorio nacional.

“España debe tener un gobierno con plenitud de funciones cuanto antes, porque el largo retraso de más de siete meses desde que se celebraron las elecciones de diciembre, es ya un problema para los ciudadanos”, ha asegurado la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en declaraciones a los medios.

“Son muchas las contestaciones del Gobierno al Defensor del Pueblo, en los últimos meses, en las que se nos dice a requerimientos nuestros o a quejas que plantean los ciudadanos que tenemos o tienen razón, pero que no pueden actuar porque están en funciones y tienen limitada su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos”, ha subrayado.

En la situación actual, el Ejecutivo no puede realizar, por ejemplo, transposiciones de directivas europeas de carácter económico y de consumo; modificaciones normativas sobre condiciones de accesibilidad en el transporte de viajeros, suministro eléctrico y bonos sociales; cambios en el régimen jurídico de funcionamiento de la administración local o en el acceso al cuerpo de profesores de educación no universitaria. Estas son todas cuestiones relativas a quejas de los ciudadanos.

“Siete meses largos son ya demasiado tiempo, y vería muy bien que hubiera un acuerdo entre formaciones políticas para tener próximamente gobierno”, ha subrayado la Defensora.

Nuestro ordenamiento jurídico contempla, como consecuencia de los delitos de terrorismo, además de la pena de prisión, la de inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público y la de pérdida del derecho de sufragio pasivo.

Se trata, en este último caso, de la imposibilidad de ser elegido en las urnas por los ciudadanos, presupuesto necesario para el acceso a la condición de diputado, concejal y demás cargos públicos de elección popular. El Código Penal expresa así, adecuadamente, el reproche social que merece el terrorismo y que ha de impedir a los condenados por esta causa, durante un largo período de tiempo, representar a los ciudadanos o actuar en el ámbito de las instituciones públicas.

El Estado de Derecho debe intervenir, en tiempo y forma, para que la sentencia firme que condenó a Arnaldo Otegi por pertenencia a ETA se cumpla en todos sus términos y, en consecuencia, no pueda concurrir a las elecciones al Parlamento Vasco recientemente convocadas. Si bien la pena de prisión quedó extinguida el pasado 1 de marzo, persiste hasta el año 2021 la imposibilidad de concurrir a comicios como los que se van a celebrar el 25 de septiembre próximo.

La fortaleza de la democracia se demuestra mediante el cumplimiento efectivo de la Ley. Por eso, es muy importante en la lucha contra el terrorismo que se cumplan las resoluciones judiciales en su integridad. El respeto debido a las víctimas y la ejemplaridad que debe predicarse de las instituciones también lo reclama.