Im Rahmen der Präsentation des Kärntner Landesetappenplanes zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention forderte Volksanwalt Günther Kräuter am 2. Dezember in Velden die rasche Änderung des Kärntner Chancengleichheitsgesetzes.

Kräuter: "Chronisch psychisch kranke Menschen haben ein Menschenrecht auf möglichst weitreichende Selbstbestimmung und Teilhabe an der Gesellschaft. Die so genannten Zentren für Psychosoziale Rehabilitation (ZPSR) in Kärnten entsprechen nicht diesen Ansprüchen. Rund 700 Menschen in Kärnten sind entgegen den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention in oft abgelegenen Bauernhöfen untergebracht, unzureichend betreut und somit eklatant benachteiligt."

Einmal mehr betonte der Volksanwalt in seiner Rede, dass – bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen – das Pflegepersonal unter oft schwierigsten Bedingungen großartige Leistungen vollbringe.

Erfreulich sei aus Sicht der Volksanwaltschaft, dass im Zuge der Entwicklung des Landesetappenplanes (LEP) auch Fachleute in Kärnten die Defizite und Mängel eindeutig feststellen und ebenso gesetzliche Reformen einfordern.

Kräuter kündigte in Anwesenheit von Landtagspräsident Reinhart Rohr, LH-Stellvertreterin Beate Prettner und Landesrat Rolf Holub eine vertiefte Diskussion im Kärntner Landtag zu den mittlerweile mehr als 130 Besuchen der Expertenkommission der Volksanwaltschaft an.

Insgesamt nahmen an der Landesenquete rund 250 Personen – darunter auch die zuständige Expertenkommission der Volksanwaltschaft mit Leiterin Univ. Prof. Dr. Gabriele Fischer – teil.

El Defensor del Pueblo ha pedido a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Gobierno balear que justifique la rebaja de la protección ambiental de los espacios naturales, tras la entrada en vigor de la nueva Ley de evaluación ambiental, aprobada el pasado mes de agosto.

El Defensor del Pueblo se ha interesado especialmente por la situación de la Sierra de la Tramontana, en Mallorca, que está catalogada como parte de la Red Natura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de Especial Protección para las Aves.

La nueva legislación introduce modificaciones que afectan a los usos de las “Zonas de Exclusión” -zonas de máxima protección medioambiental- y permite el acceso y la estancia en esas zonas para actividades recreativas y de ocio, previa autorización de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

La Institución ha abierto una actuación de oficio para conocer los motivos de las modificaciones de la Ley 5/2005 y ha preguntado por la medidas que aplicará el Gobierno balear para lograr la adecuada conservación de los espacios naturales de las islas.

El Defensor ha iniciado esta actuación tras decidir no interponer recurso de inconstitucionalidad contra apartados de la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Islas Baleares, tal y como le había pedido una asociación ecologista.

El Justicia de Aragón ha pedido al Departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales del Gobierno de Aragón que adopte, de forma paulatina, medidas en el ámbito de la educación, los servicios sociales, la vivienda y el empleo que favorezcan a las familias monoparentales.

En reciente Sugerencia, la Institución recuerda que, aunque los beneficios tributarios y fiscales son competencia de la Administración del Estado, el Gobierno autonómico tiene margen de maniobra con base en la Ley de Apoyo a las Familias de Aragón del año 2014, que reconoce específicamente este tipo de familias a las que entiende hay que dar atención prioritaria y específica en los programas y actuaciones diseñadas por el Gobierno de Aragón.

El Justicia de Aragón describe las ayudas previstas en otras Comunidades Autónomas que han legislado en el marco de sus competencias como Asturias, que prevé la devolución de hasta 300 euros de la cuota autonómica del IRPF, Andalucía con ayudas directas para el comedor escolar, dependiendo de la renta, entre otras necesidades, o Cataluña que contempla diversas medidas de subvención del alquiler de la vivienda.

En ámbito de la regulación estatal, entiende la Institución que sería deseable una modificación de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas para reconocer como tales a las familias monoparentales con dos hijos menores a cargo, equiparándolas con familias en las que el estado civil del progenitor que se ocupa de estos menores es el de viudo o separado, con el de evitar un agravio comparativo. No obstante, y mientras se produce este cambio, el Justicia de Aragón insta a la Administración a dar pasos concretos de protección y apoyo en los ámbitos señalados.

La respuesta que sobre esta cuestión envió a la Institución el Departamento que dirige la Consejera María Victoria Broto durante la tramitación del expediente, refleja la actitud favorable de la Administración para mejorar en la protección de estas familias, lo que ha sido valorado de forma muy positiva por el Justicia de Aragón.


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• Sugerencia 2426/2016

El Síndic de Greuges de Cataluña ha valorado positivamente el nuevo paquete de medidas de energía limpia que acaba de presentar la Comisión Europea por los beneficios que comportarán para los consumidores y para el medio ambiente. En este sentido, recomienda que las legislaciones de estas propuestas habiliten al Ombudsman a efectuar acciones concretes para fortalecer los derechos del consumidor.

Las propuestas que presenta la Comisión tienen tres objetivos principales: dar prioridad a la eficiencia energética, alcanzar el liderazgo global en el sector de las energías renovables y que los consumidores resulten beneficiados.

Los consumidores de toda la UE tendrán más opciones a la hora de escoger ofertas y  acceso a herramientas fiables de comparación de precios energéticos. Un aumento de la transparencia y una mejor regulación darán más oportunidades a la sociedad civil de involucrarse en el sistema energético y más poder de respuesta a las diferentes ofertas de precios. El paquete también contiene medidas destinadas a proteger a los consumidores más vulnerables.

Sin embargo, como ya ha manifestado en un comunicado de prensa la red europea de Ombudsman de la Energía NEON, de la cual el Síndic es miembro fundador, el redactado actual de la propuesta obvia el carácter independiente e imparcial de la institución del Ombudsman como garante de los derechos de los consumidores. El Síndic entiende que esta es una oportunidad para plasmar en el marco legal europeo la consolidación de la labor de los defensores.

Como han expresado expertos en la materia, las características de las instituciones de ombudsman son únicas entre los sistemas de resolución de conflictos en la medida que permiten tener un mayor nivel de compromiso para resolver disputas gracias a su citada independencia e imparcialidad.

El hecho de no citar a los ombudsman expresamente restringe la garantía de los consumidores de ver defendido sus derechos de una manera accesible y gratuita.