El Defensor del Pueblo ha presentado en el Congreso de los Diputados el informe “El asilo en España: La protección internacional y los recursos del sistema de acogida”, que analiza la situación del sistema de asilo española y aporta un total de 26 recomendaciones para mejorar el sistema de acogida e integración de quienes buscan refugio en España.

Dirigidas al Ministerio de Interior, a la Dirección General de Política Interior, a la Secretaría General de Inmigración y Emigración y a las Comunidades Autónomas las recomendaciones tienen como objetivo “establecer un sistema de seguimiento del procedimiento y acogida, para detectar problemas en el funcionamiento diario y proponer medidas de mejora”.

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, destaca en la presentación del informe los problemas en materia de asilo a los que se enfrenta no sólo España, sino el conjunto de Europa.

Así, señala que la Unión Europea nunca había tenido que “pensar y diseñar una política para recibir a cientos de miles de personas, desplazadas por las guerras, por el terror y por la persecución (…) Para eso no estaba preparada”.

El número de personas desplazadas de manera forzosa “ha desbordado la capacidad de los habituales procedimientos de entrada”, apunta.

La Defensora considera que la acogida humanitaria y la integración de estas personas son dos aspectos fundamentales que tanto la UE como España deben tener en cuenta.

La acogida exige actuar de acuerdo con un sistema común de asilo, agilizar los procedimientos para las solicitudes del mismo y los traslados a España, atender con especial diligencia a las situaciones de menores, personas con discapacidad y de trata de seres humanos.

También es necesario disponer de la asistencia jurídica precisa así como de un personal de atención muy cualificado para todas estas funciones.

Para facilitar la integración, la Defensora subraya que es preciso velar tanto por las ayudas económicas que perciban los refugiados, como por las distintas fases del proceso por las que puedan pasar.

Por eso, el Defensor del Pueblo ha considerado oportuno revisar las condiciones y circunstancias previstas en la ley reguladora del derecho de asilo y protección subsidiaria, de octubre de 2009, para conceder protección y procurar la integración de los refugiados. Esta es la finalidad del presente estudio.

Los datos sobre reubicaciones y reasentamientos en España incluidos en el informe son los oficiales a 30 de junio de 2016.

Según datos del Ministerio de Interior, a 12 de julio, los datos son:

Total reubicaciones             197

Desde Italia                            50

Desde Grecia                        147

 

Total reasentamientos        118

Desde Turquía                      57

Desde Líbano                       61

 

Descarga el estudio aquí

La Institución ha presentado el sexto informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) que, en 2015, realizó 62 visitas a lugares de privación de libertad y formuló 284 resoluciones.

El MNP inspeccionó centros situados en todo el territorio nacional. El principal objetivo de las visitas, no anunciadas previamente es detectar posibles deficiencias que pudieran favorecer la comisión de torturas o malos tratos, o dificultar la investigación y sanción de este tipo de actos.

El MNP también examina el trato y las condiciones que se presta a las personas privadas de libertad y comprueba si se garantizan sus derechos fundamentales. Para ello, mantiene entrevistas individuales y reservadas con los detenidos y con la dirección y el personal de los centros visitados, y examina instalaciones, registros y documentación, sistema de videovigilancia, etc.

El Defensor del Pueblo ha reconocido la actitud de colaboración que se ha encontrado en todos los centros visitados por parte del personal que presta los servicios.

De las 284 resoluciones formuladas -58 recomendaciones, 224 sugerencias y dos recordatorios de deberes legales- la Administración ha aceptado 236.

Recomendaciones aceptadas

En la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal realizada por la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre se han aceptado y hecho efectivas las siguientes recomendaciones del MNP:

• Reducir el plazo máximo de 8 horas para que sea efectivo el derecho a la asistencia letrada de los detenidos.
• Facilitar a los detenidos mayor información sobre sus derechos.
• Informar a los detenidos de su derecho a solicitar el habeas corpus.
• Prohibir la aplicación de la detención incomunicada a los menores de 16 años.
• Supervisión diaria por médicos forenses del detenido incomunicado.

 WEB

La nueva web del Defensor del Pueblo, que se ha renovado durante 2015, incluye un apartado específico de “Prevención de la Tortura”, en el que se pueden consultar los informes anuales, la actividad del MNP mes a mes, las resoluciones formuladas a las autoridades y un mapa geolocalizador de todas las visitas realizadas.

Descarga el informe aquí

La Defensora del Pueblo ha entregado en las Cortes Generales el Balance de la  actuación de los primeros seis meses del año, el informe del MNP (Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura) correspondiente a 2015 y el estudio sobre asilo en España: la protección internacional y los recursos del sistema de acogida. Balance de los primeros seis meses Entre enero y junio de 2016 el Defensor del Pueblo...

Die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten, Samiah El Samadoni, zeigt sich ent-täuscht von der jetzt beschlossenen SGB II-Änderung. „Die Gesetzesänderung enthält zwar einzelne positive Punkte. Unbefriedigend ist aber, dass trotz vieler konstruktiver Vorschläge so wenig umgesetzt wurde. Damit ist auch das Hauptanliegen dieser Reform, das Recht zu vereinfachen, nicht erfüllt worden“, sagte die Bürgerbeauftragte heute (Donnerstag) in Kiel.

Der Bundesrat hat am 8. Juli 2016 dem 9. Änderungsgesetz SGB II zugestimmt. Mit dem Gesetz-entwurf sollten zahlreiche Regelungen des SGB II vereinfacht und neu strukturiert werden. „Leider bringt auch die jetzt beschlossene Gesetzesänderung des SGB II nicht die von Vielen geforderten Verbesserungen und Vereinfachungen, weder für die Bürger noch für die Verwaltung“, kritisierte El Samadoni. „Stattdessen wird das Gesetz zum Nachteil der Leistungsempfänger verschärft und zudem noch bürokratischer durch zusätzliche komplizierte Regelungen.“

Der Bewilligungszeitraum wird zwar auf 12 Monate verlängert und die Gesamtangemessenheits-grenze bei den Kosten für Unterkunft und Heizung eingeführt, wie die Bürgerbeauftragte forderte. Das schafft mehr Flexibilität bei der Wahl der Wohnung und insbesondere können höhere Brutto-kaltmieten zum Beispiel bei energetisch saniertem Wohnraum durch geringere Heizkosten ausge-glichen werden. Aber grundlegende Probleme und Themen wie die Sanktionen für unter 25-Jährige und die Verpflichtung, eine vorzeitige Altersrente mit Abschlägen ab dem 63. Lebens-jahr in Anspruch zu nehmen, bleiben trotz verfassungsmäßiger Bedenken bestehen. El Samadoni fordert weiterhin, dass diese Regelungen abgeschafft werden.

Auch die Probleme im Zusammenhang mit der sogenannten temporären Bedarfsgemeinschaft wurden nicht gelöst. Diese entsteht, wenn getrennt lebende Eltern abwechselnd das Umgangs-recht mit ihren Kindern ausüben. Die temporäre Bedarfsgemeinschaft ist bisher nicht im Gesetz geregelt, sondern ein Konstrukt der Rechtsprechung. Sie besteht für die Zeit des Aufenthalts beim anderen Elternteil. Bezieht der überwiegend betreuende Elternteil Leistungen nach dem SGB II, sieht die Rechtsprechung des BSG vor, dass der Sozialgeldanspruch bei dieser Bedarfsgemein-schaft gekürzt wird.

Die dadurch entstehenden Probleme und Komplikationen durch Rückforderungen oder gar Verhin-derungen des Umgangsrechtes aus finanziellen Gründen könnten nach Ansicht der Bürgerbeauf-tragten durch einen Umgangsmehrbedarf gelöst werden. Dieser könnte dann gewährt werden, wenn sich das Kind beim getrennt lebenden Elternteil aufhält, ohne dass die Leistungen des ande-ren Elternteils gekürzt werden.