El Consejo Asesor del Mecanismo de Prevención de la Tortura (MNP) se reunió el día 16 de junio en la sede del Defensor del Pueblo.

El Consejo Asesor es un órgano de cooperación técnica y jurídica del Defensor del Pueblo en el ejercicio de sus funciones como MNP, integrado por la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril; el Adjunto Primero, Francisco Fernández Marugán; la Adjunta Segunda, Concepció Ferrer, y por ocho expertos independientes.

Los expertos que integran el Consejo son: la abogada y decana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, Milagros Fuentes (designada a propuesta del Consejo General de la Abogacía Española); la doctora y vicepresidenta del Colegio de Médicos de Ourense, Berta Mª. Uriel;  (designada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España); y la psicóloga clínica y vicepresidenta del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunitat Valenciana, Vicenta Esteve (designada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España); la magistrada y miembro del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa, Mª José García-Galán; el abogado y miembro del SPT, Emilio Ginés; el abogado del Estado y Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria, Jesús López Medel;  el catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Lorenzo Martín-Retortillo y el profesor de Derecho Penal de la Universidad Pontificia de Comillas y abogado especializado en Derecho Penitenciario, Julián Carlos Ríos Martín.

En la reunión se analizó la labor del MNP durante el primer semestre del año, y la Defensora informó sobre su comparecencia ante el Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas (SPT) en Ginebra, en el mes de febrero. Asimismo, se hicieron propuestas sobre visitas a lugares de privación de libertad y actividades de difusión para los próximos meses.

School admissions should be judged on fair, clear and objective criteria that would stand up to independent scrutiny, the Local Government Ombudsman (LGO) says.

Admissions should not be judged on subjective responses to questionnaires, where responses cannot be impartially assessed, as was the case in a complaint the LGO received about a Slough primary school.

A grandfather told the LGO Khalsa VA Primary School in the town did not properly consider medical evidence put forward by his daughter during an appeal hearing for his grandson.

The investigation found the appeal panel was not at fault on this, but during the course of the investigation the LGO became concerned about the way the school used a religious questionnaire to determine the allocation of places.

The admission arrangements made it clear the applicant’s commitment to the Sikh faith was used to rank places. Applicants had to submit a supplementary questionnaire in addition to the common form. The school’s Trust then marked each questionnaire and awarded a score. Those with a higher score were given a higher priority for a place.