El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, y la consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, han firmado este miércoles 11 de mayo en la sede de la Consejería un convenio de colaboración para garantizar los derechos de las personas LGTBI reconocidos por la Ley 11/2014. Con el acuerdo, además, se da cumplimiento a la citada normativa puesto que, en el ámbito de la colaboración y la coordinación entre instituciones, dicha normativa dispone la firma de acuerdos.

En virtud de este convenio el Síndic y la Dirección General de Igualdad suscriben el compromiso de establecer un mecanismo de comunicación ágil y fluido que facilite la investigación de posibles agravios o discriminación homófoba. Por un lado, la Administración deberá facilitar al Síndic toda la información que le sea requerida con celeridad y transparencia. Por otro lado, el Síndic trasladará a la Administración las quejas que reciba por discriminación relacionadas con la orientación o identidad sexual.

El Síndic de Greuges de Cataluña tiene el mandato del Parlamento de Cataluña de supervisar a la Administración en lo que respecta al cumplimiento del derecho de las LGTBI y de luchar contra la homofobia. El síndic, Rafael Ribó, se ha referido a este mandato como un reconocimiento de la institución en defensa de las minorías. Ribó ha alertado de que "a pesar de los avances políticos, normativos y sociales en el ámbito de los derechos de las personas LGTBI , todavía hoy se producen situaciones que ponen de manifiesto que no se ha conseguido la igualdad real de este colectivo.

Desde que se aprobó la Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia' el Síndic ha intervenido en diversas ocasiones. En cuanto a las quejas recibidas, aunque en estos momentos no representan un volumen significativo, sí tienen una significación muy  importante desde el punto de vista de los derechos. Hacen referencia a ámbitos tan diversos como el orden público, la privación de libertad, la asistencia sanitaria (particularmente por dos colectivos: la reproducción asistida de mujeres lesbianas; y las intervenciones quirúrgicas de reasignación de sexo) o la libertad de conciencia.
Además, el Síndic de Greuges, en su condición de MCPT, también juega un papel importante en la prevención de malos tratos a las personas LGTBI privadas de libertad.

Entre los casos concretos en que el Síndic ha actuado, destaca la negativa de un concejal de distrito de la ciudad de Barcelona de oficiar una boda entre personas del mismo sexo. El Ayuntamiento ha aplicado recientemente una de las recomendaciones emitidas por el Síndic de elaborar un registro previo de los concejales dispuestos a celebrar matrimonios, con independencia del género de los contrayentes.

El Síndic también ha intervenido en relación con la discriminación que se produce hacia las mujeres que no tienen pareja y las lesbianas para acceder a las técnicas de reproducción humana asistida. Denuncian que el acceso a estas técnicas con cargo a la sanidad pública se fundamenta en la infertilidad, de manera que se excluye "de facto" a las mujeres fértiles sin pareja o con una pareja del mismo sexo.

El Síndic ha sugerido al Departamento de Salud, por un lado, que dé las órdenes oportunas para que las mujeres lesbianas vean garantizado su acceso a las técnicas de reproducción humana asistida en condiciones de igualdad y para que los protocolos, los impresos y los tratamientos vinculados a estas técnicas se adecuen a su realidad.

Una de las actuaciones más recientes ha sido la relacionada con el respeto y la integración del alumnado transexual a los centros educativos. El Departamento de Enseñanza ha aceptado la recomendación del Síndic y dará instrucciones a escuelas e institutos que no respeten la identidad de género del alumnado transexual y mantengan el nombre asignado de nacimiento sin ninguna razón objetiva a fin de que rectifiquen y utilicen el que corresponde a su apariencia y personalidad.

Finalmente existe una actuación abierta desde hace unos meses relacionada con el proceso de desarrollo e implementación de la Ley. Con la firma de este convenio y el Consejo Nacional en proceso de constituirse, queda pendiente la elaboración de un reglamento, que, entre otros temas, establezca el procedimiento sancionador.

La Institución del Justicia de Aragón, en la persona del actual titular, Fernando García Vicente, recogerá esta noche el galardón Aragonés de Honor que concede cada año El Periódico de Aragón en la Gala organizada para reconocer el trabajo y el esfuerzo de la sociedad civil aragonesa.

Para el Justicia, el Premio refuerza el papel de la Institución en la defensa de los derechos de los ciudadanos y es un reconocimiento a la trayectoria, por lo que muestra el agradecimiento sincero al Periódico por cuanto representa altavoz cualificado de la opinión pública.

Berlin: (hib/HAU) Der Petitionsausschuss unterstützt Überlegungen zur Einführung einer solidarischen Lebensleistungsrente. In der Sitzung am Mittwochmorgen beschlossen die Abgeordneten einstimmig, eine dahingehende Petition dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales als Material zu überweisen und den Fraktionen zur Kenntnis zu geben.

Die Petition zielt darauf ab, dass im Rahmen der geplanten Lebensleistungsrente Schwerbehinderte bereits nach 35 Beitragsjahren Rente beziehen können. Ergänzend fordern die Petenten bereits jetzt eine Art Bestandsschutz für die genannte Personengruppe im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens.

In der Begründung zu seiner Beschlussempfehlung verweist der Petitionsausschuss auf die Verabredung im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD, wonach Menschen, die langjährig in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben und dennoch im Alter weniger als 30 Entgeltpunkte erreichen, durch eine Aufwertung ihrer Rente besser gestellt werden sollen. Diese Verbesserung soll dem Koalitionsvertrag zufolge Geringverdienern und Menschen zugutekommen, die Kinder erzogen und Angehörige gepflegt haben. In einer zweiten Stufe sollen diejenigen, die trotz dieser Aufwertung nicht auf eine Rente von 30 Entgeltpunkten kommen, entsprechend einer Bedürftigkeitsprüfung aber als bedürftig gelten, einen weiteren Zuschlag bis zur Gesamtsumme aus 30 Entgeltpunkten erhalten.

Wie aus einer Stellungnahme des zuständigen Bundesministeriums für Arbeit und Soziales hervorgeht, gibt es derzeit noch keine über die Überlegungen im Koalitionsvertrag hinausgehenden Festlegungen. Das Gleiche gelte auch für den konkreten Zeitplan.

Was den in der Petition geforderten Bestandsschutz angeht, so weist der Petitionsausschuss in der Vorlage daraufhin, dass es nicht möglich sei, im Rahmen der zukünftigen neuen Rentenart bereits jetzt einen Bestandsschutz zuzuerkennen. "Ob entsprechende Regelungen im Gesetzgebungsverfahren zu einer Art Bestandsschutz führen, bleibt abzuwarten", heißt es dazu in der Beschlussempfehlung.

9 May 2016

The year 2015 was not exceptional as for the number of complaints received by the Seimas Ombudsman; however, the Seimas Ombudsmen issued a record number of recommendations to the state and municipal authorities.

With these recommendations, the Seimas Ombudsmen Augustinas Normantas and Raimondas Šukys drew the attention of the officials towards the neglect of duties, breaches of laws and other legal acts, abuse of office, bureaucracy and other violations of human rights and freedoms.

During presentation of the Seimas Ombudsmen’s Annual report for the year 2015 to the public, the Seimas Ombudsmen noted that the majority of complaints were received regarding the Ministries of Justice (480), Agriculture (252), and Interior (155) as well as institutions subordinate to them. However, the largest numbers of justified complaints were received concerning the Ministries of Health (40,5 percent) and Agriculture (37,5 percent) including institutions subordinate to them.

When speaking about the human rights violations in social care institutions the Seimas Ombudsmen underscored the lack of human attitude towards residents of social care institutions. In the opinion of the head of the Seimas Ombudsmen's Office “A major problem is lack of compassion”.

In 2015, The Seimas Ombudsmen visited 44 detention places and issued 189 recommendations.  The number of recommendations submitted to social care institutions amounted to 64; to the Foreigners’ registration centre and other facilities for foreigners – 14, to places of custody and premises of temporary detention – 30, to children social care facilities – 24, and to penitentiaries – 57.

When visiting detention places the Seimas Ombudsmen identified various problems related to human rights violations. In the opinion of the Seimas Ombudsmen, the safety of residents is not always properly ensured in social care institutions.

There is a necessity of hygiene and cleanness in some social care institutions. Moreover, not all agencies provide adequate care and services to individuals who are in need of such services.

When introducing the National Prevention of Torture, the Seimas Ombudsmen noted that this function considerably strengthened their role as human rights defenders, since the human rights monitoring has highlighted the human rights issues that have not been visible during investigation of complaints.

The Law on the Seimas Ombudsmen entitles the Seimas Ombudsmen to open investigations on their own initiative when the signs of the abuse of office, bureaucracy or other violations of human rights and freedoms by the officials are established from reports of mass media or other sources. In 2015, the Seimas Ombudsmen conducted 17 investigations on their own initiative.

Following the resolution of the Seimas Committee on Human Rights, the Seimas Ombudsmen are actively involved in shaping the overall human rights concept, policies, and practices of the state in close cooperation with public authorities and other human rights organisations.

In 2015, the Seimas Ombudsmen also actively participated in the activity of the European Network of National Human Rights Institutions and International Ombudsmen Institute as well as contributed to the resolution of human rights problems on the national and international levels. Finally, at the end of 2015, the Seimas Ombudsmen submitted an application to the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to be accredited as the national human rights institution.

The Seimas Ombudsmen defend the human right to good public administration, which ensures human rights and freedoms, and oversees public authorities to ensure they comply with their duty to adequately serve the people. The Parliamentary Ombudsmen also carry out national prevention of torture at detention facilities under the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

Patients are being sent home alone, afraid and unable to cope and in some cases without their relatives or carers being told, resulting in devastating consequences, according to a report by the Parliamentary and Health Service Ombudsman published today.

The report highlights cases investigated by the Ombudsman service where people have been discharged from hospital before they are fit to leave or without making sure they can cope on their return home.

Last year the Parliamentary and Health Service Ombudsman saw a 36% increase in discharge related investigations. These found that people’s deaths or suffering could have been prevented if hospitals carried out the right checks before discharging people.

The report reveals how one woman in her 80s was discharged from hospital to an empty house, in a confused state with a catheter still in place. It also tells the tragic experience a grandmother in her late 90s, who collapsed and died at home in her granddaughter’s arms after being discharged from hospital too soon.

Another hospital sent an 85-year-old woman with dementia home alone at 11pm, without informing her family, despite the fact she was unable to look after herself. Her daughter visited her the next morning to find that her mother had been left with no food, drink and bedding, unable to care for herself or get to the toilet.

Another investigation found that a father’s death from sepsis could have been avoided if he had been treated for the condition before he was discharged from hospital.

The friends and family who complained about their loved ones’ treatment told the Ombudsman service of the impact of their experiences. One woman said she would be “haunted for the rest of her life” by her mother’s avoidable suffering just before she died. Her mother, who was 80, had Parkinson’s disease and dementia. She was re-admitted to hospital several times after being repeatedly sent home where she was unable to cope. She later died in hospital. Her daughter said she now has nightmares and can’t sleep because of what happened to her mother.

Parliamentary and Health Service Ombudsman Julie Mellor said:

‘Our investigations have found that some of the most vulnerable patients, including frail and older people, are enduring harrowing ordeals when they leave hospital.

‘Poor planning, coordination and communication between hospital staff and between health and social care services are failing patients, compromising their safety and dignity.

‘Health and social care leaders must work harder to uncover why ten years of guidance to prevent unsafe discharge is not being followed, causing misery and distress for patients, families and carers.’

Other cases included in the report reveal that:

• An elderly man with vascular dementia and a personality disorder was discharged but ended up being locked on a psychiatric ward for one year because his local authority refused to fund a dementia care home for him.

• A 93-year-old woman was left in her bed at home for over 12 hours after she had soiled herself because hospital staff across two departments failed to communicate properly about her discharge from hospital, leaving her without mobility support.