Berlin: (hib/HAU) Der Petitionsausschuss unterstützt Bemühungen zur Einführung eines Bundesteilhabegeldes als pauschalisierte Geldleistung für Menschen mit Behinderung. Während der Sitzung am Mittwochmorgen beschlossen die Abgeordneten einstimmig, eine dahingehende Petition dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales "als Material" zu überweisen. In der Petition wird die Forderung nach Einführung...

El síndic de greuges ha presentado este miércoles 13 de abril el informe monográfico sobre la dotación de pistolas eléctricas por parte de los cuerpos policiales catalanes ante el Grupo de Trabajo del Parlamento sobre la Utilización por la Policía de Pistolas Eléctricas. La intervención del síndic, Rafael Ribó, ha abierto el debate parlamentario, previo a una eventual autorización.

Este debate, que ha sido una de las recomendaciones más insistentes del Síndic respecto a las pistolas eléctricas, deberá determinar si la dotación de este armamento se adecua al nuevo modelo de seguridad pública que se quiere para Cataluña.

En su comparecencia, el síndic ha subrayado la posición del Comité Europeu para la Prevención de la Tortura y otras Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes del Consejo de Europa (CPT), que muestra preocupación por el uso abusivo que se pueda hacer de las pistolas Taser. Teme que, por el hecho de que no son armas letales, se apriete el gatillo con más facilidad que con las pistolas tradicionales. Por este motivo, ha elaborado unos estándares dirigidos a los miembros del Consejo de Europa.

El  Síndic ha alertado de que el Gobierno catalán desconoce el número de policías locales que disponen y hacen uso de las pistolas eléctricas y tampoco ha adoptado ninguna medida para garantirzar su control desde una perspectiva de derechos humanos. Ha sido el Síndic, en el marco de este informe, quien ha recopilado las datos y ha extraído una relación actualizada.

Según estos datos, del total de 213 cuerpos de policía local de toda Cataluña, 31 disponen, como dotación oficial, de una pistola eléctrica o más. De estos, sólo 21 las tienen en servicio, y hay 6 más en perspectiva. En total, hay 54 pistolas, que sólo 5 policías locales han utilizado en una o dos ocasiones. Sorprende que municipios pequeños, con una población inferior a los 20.000 habitantes (en algunos casos, bastantes menos), sean precisamente los que disponen de tres y cuatro pistolas. Este sería el caso de Dosrius, Vilanova del Vallès, Llinars del Vallès, Sant Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor y Caldes d'Estrac.

Los protocolos de actuación de los que disponen las policías locales (22) son prácticamente idénticos y su contenido coincide con el temario de la formación que han recibido por parte de la empresa Taser.

El Síndic considera que si el Parlamento avalara el uso de estas armas, la Policía de la Generalitat y las policías locales se deberían dotar de una regulación con unas directivas comunes, de acuerdo con las recomendaciones formuladas por organismos internacionales.

Así, sería necesario que los criterios para la utilización de este tipo de armas se establecieran por ley y que se controlara su uso mediante un protocolo común para todos los cuerpos policiales. El uso y el protocolo definido deben supeditarse a los principios de necesidad y de proporcionalidad, según los cuales sólo deben ser empleadas dichas armas en situaciones extremas y bien definidas, cuando exista una amenaza real e inminente para la integridad física o la vida de las personas.

Un total de 18 ayuntamientos incumplen su deber de colaboración con el Defensor del Pueblo y llevan, a día de hoy, más de 100 días sin contestar los requerimientos de la Institución.

La página web del Defensor del Pueblo (www.defensordelpueblo.es) actualiza diariamente el listado de administraciones que no responden y que son consideradas por la Institución como “no colaboradoras”, tras haberles enviado requerimientos en tres ocasiones.

El Defensor del Pueblo no ha recibido respuesta de los consistorios castellano-manchegos de Yeste (Albacete); Mestanza (Ciudad Real); El Viso de San Juan (Toledo) y Gerindote (Toledo). Este último lleva sin responder 368 días, en una queja presentada por un ciudadano a quien dicho Ayuntamiento no contestó a su solicitud de información por la posible concesión irregular de una licencia urbanística.

Yeste, por su parte, recibió el tercer requerimiento de información hace 323 días, en relación a una queja en la que la interesada denunciaba que el consistorio no le había prestado los servicios acordados como contraprestación por la compra de unos terrenos en los que el ayuntamiento quería construir un camping de turismo.

En la misma situación se encuentran los ayuntamientos castellano leoneses de La Pola de Gordón y Santa María del Páramo (León); Barruelo de Santullán (Palencia) y Montemayor del Río (Salamanca). El Defensor del Pueblo espera desde hace 522 días la respuesta del consistorio palentino, por un asunto relacionado con el mal estado de una carretera local.

Los ayuntamientos andaluces de Macael (Almería); Molvizar (Granada) y Nerja (Málaga) llevan también más de un centenar de días sin responder a la Institución. Y lo mismo ocurre con los ayuntamientos murcianos de La Unión, Mazarrón y Totana.

Molvizar recibió el último requerimiento de información en junio de 2015, hace 308 días, en el trámite de una queja presentada por un ciudadano que denunció unas obras y al que el Ayuntamiento no atendió.

En Cataluña, los ayuntamientos de Arenys de Mar (Barcelona) y de Cadaqués (Girona) no contestan al Defensor del Pueblo desde hace 427 días y 215 días, respectivamente.

El Defensor del Pueblo decidió a principios de año trasladar a la Fiscalía General del Estado la actitud no colaboradora del Ayuntamiento barcelonés,  debido a que, después de tres requerimientos por escrito, en los que se le recordaba al alcalde su obligación de contestar y de tres llamadas telefónicas, en la última de ellas, personal del gabinete de la alcaldía comunicó a esta institución que “el alcalde no tiene intención de contestar la sugerencia formulada por el Defensor del Pueblo”.

El Defensor del Pueblo, a raíz de la queja presentada por un ciudadano, formuló una sugerencia dirigida al alcalde de Arenys de Mar el 30 de abril de 2014, para que se cumpliese en todos los edificios y establecimientos dependientes de ese Ayuntamiento lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley 39/1981, sobre el uso de la bandera de España y otras banderas y enseñas.

El Ayuntamiento madrileño de Colmenar de Oreja no contesta desde hace 258 días y en el Principado de Asturias, ocurre lo mismo con el consistorio de Pola de Allande, que suma 216 días sin contestar al último requerimiento de información enviado por la Institución.

La Administración General del Estado no tiene, a fecha de hoy, ningún departamento no colaborador.

El Defensor del Pueblo recuerda que todas las administraciones tienen la obligación de responder y colaborar con la Institución y remitirle la información solicitada.

En caso de no colaborar, el Defensor del Pueblo puede poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, según establece la Ley Orgánica que regula la Institución.