En tan solo tres meses de 2016, al menos 13 mujeres han sido asesinadas por quienes eran sus parejas, cifra que podría elevarse a 15 de confirmarse dos casos aún en investigación. Estos datos –a 31 de marzo- de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género suponen un incremento del 62,5 por ciento respecto al balance mortal de violencia de género registrado en el mismo periodo de 2015.

Transcurridos más de 10 años desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, es necesario realizar un balance de su aplicación para conocer los avances realizados y lo que es preciso modificar.

En 2015, el Defensor del Pueblo ha solicitado a la Delegación del Gobierno un balance de la aplicación de la ley y ha realizado varias actuaciones en materia de violencia de género entre las que destacan:

 – La supervisión del grado de cumplimiento de la “Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia Contra la Mujer 2013-2016” y el refuerzo de todos los planes autonómicos y municipales para la actuación integral e individualizada con mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos.

 – Se ha solicitado que se  revisen y actualicen los indicadores para la valoración policial del riesgo (VPR) y la valoración policial de la evolución del riesgo (VPER) en los casos de violencia de género.

 – El seguimiento de los avances para establecer Servicios de Atención a la Familia en todas las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía donde no existan.

 – Estado de tramitación del “Protocolo de coordinación, colaboración y derivación entre profesionales que abordan la violencia de género y doméstica” y del Protocolo de las Oficinas de Asistencia a Víctimas, así como el Protocolo de los Institutos de Medicina Legal.

El Defensor del Pueblo destaca además las medidas previstas en la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, que modifica el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia que mejora las herramientas para la identificación y protección eficaz de las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas.

El número de menores de edad que han sido asesinados por sus padres, como un modo de infringir el mayor daño posible a sus madres, hace que tengamos que ser especialmente vigilantes para tratar de impedir que se vuelvan a producir más muertes. El Defensor del Pueblo quiere conocer la ejecución del Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar.