Es imprescindible un debate sobre el modelo de seguridad pública de Cataluña, juntamente con el impulso de una nueva ley de policía de Cataluña, para una mejor coordinación de la Policía de la Generalitat con las policías locales.

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) muestra su preocupación por el uso abusivo que se pueda hacer de las pistolas Taser y recomienda un debate parlamentario al respecto.

Antes del informe del Síndic se desconocía el número de policías locales que disponían de estas armas y de las que se han empleado, y no se prevé control alguno.

Según los datos del Síndic, de los 213 cuerpos de policía local de toda Cataluña, 31 disponen de una o más pistolas. En total, hay 54.

Si el Parlamento avala la utilización de las Taser, será necesario un protocolo común para todos los cuerpos policiales que no deje lugar a interpretación sobre su uso.

No deben ser utilizadas, en ningún caso, contra personas vulnerables.

El Síndic de Greuges ha presentado un informe monográfico sobre la dotación de pistolas eléctricas por parte de los cuerpos policiales catalanes. El estudio expone la falta de regulación y de control actual alrededor de estas armas y avanza algunos elementos que es preciso tener en cuenta de cara a un imprescindible debate parlamentario previo a una eventual autorización. Un debate que deberá determinar si la dotación de este armamento se adecua al nuevo modelo de seguridad pública que se desea para Cataluña, que también deberá consensuarse. Rafael Ribó insta al ejecutivo a que suspenda el uso de las pistolas para todas las policías de Cataluña en espera de que se concluyan los debates.

El Síndic de Greuges también pide que se tenga en cuenta la posición del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de otras Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes del Consejo de Europa (CPT), que muestra su preocupación por el uso abusivo que se pueda hacer de las pistolas Taser. Teme que, por el hecho de que no son armas letales, se dispare el gatillo con más facilidad que con las pistolas tradicionales. Por este motivo, ha elaborado unos estándares dirigidos a los estados miembros del Consejo de Europa.

Las pistolas eléctricas son armas paralizantes que descargan electricidad sobre la persona para inmovilizarla momentáneamente. En una gran mayoría de casos estas descargas provocan una contracción muscular generalizada que induce a una parálisis temporal y causan que la persona afectada caiga al suelo. Desde el año 2000 se está generalizando su uso en los cuerpos policiales de muchos países. A pesar de que se las cataloga como armas no letales, se ha documentado la muerte de personas en los Estados Unidos y en Canadá tras haber recibido descargas.

Los Mossos d'Esquadra disponen de unas directrices y de unos procedimientos sobre quién, cómo y cuándo se utilizarán las 130 pistolas Taser que tienen previsto adquirir. El Gobierno catalán desconoce el número de policías locales que disponen y hacen uso de las pistolas eléctricas y tampoco no ha adoptado ninguna medida para garantizar su control desde una perspectiva de derechos humanos. Ha sido el Síndic, en el marco de este informe, quien ha recopilado los datos y ha extraído una relación actualizada.

Según estos datos, del total de 213 cuerpos de policía local de toda Cataluña, 31 disponen, como dotación oficial, de una pistola eléctrica o más. De estos, sólo 21 las tienen en servicio, y hay 6 más en perspectiva. En total se cuentan 54 pistolas, que únicamente 5 policías locales han utilizado en una o dos ocasiones. Sorprende que municipios pequeños, con una población inferior a los 20.000 habitantes (en algunos casos, muchos menos), sean precisamente los que disponen de tres y cuatro pistolas. Este sería el caso de Dosrius, Vilanova del Vallès, Llinars del Vallès, Sant Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor y Caldes d'Estrac.

Los protocolos de actuación de los que disponen las policías locales (22) son prácticamente idénticos y su contenido coincide con el temario de la formación que han recibido por parte de la empresa Taser.

El Síndic considera que, en el caso de que el Parlamento avalara el uso de estas armas, la Policía de la Generalitat y las policías locales deberían regularse por unas directrices comunes, de acuerdo con las recomendaciones formuladas por organismos internacionales.

Así, sería preciso que los criterios para la utilización de este tipo de armas se establecieran por ley y que se controlara su uso mediante un protocolo común para todos los cuerpos policiales. El uso y el protocolo definido se deben supeditar a los principios de necesidad y de proporcionalidad, según los cuales sólo deben ser empleadas en situaciones extremas y bien definidas, cuando exista una amenaza real e inminente para la integridad física o la vida de las personas.

Las recomendaciones del Síndic son:

• Es necesario un debate global sobre el modelo de seguridad en Cataluña para analizar diversos aspectos, como son la prevención, la mediación y la actuación, teniendo presentes las experiencias más avanzadas y democráticas existentes hoy en día.

• Es preciso impulsar una nueva ley de policía de Cataluña que actualice la Ley de 1994. La nueva ley y la definición de la política pública sobre seguridad debería conducir a una mayor coordinación de la Policía de la Generalitat con las policías locales, incluyendo la información, y una eventual autorización, sobre su armamento.

• De manera inmediata, debe suspenderse el uso de los dispositivos electrónicos existentes y en los planes de adquisición de nuevas armas Taser o similares mientras no concluya en el Parlamento de Cataluña un debate profundo sobre el uso y los efectos de estas armas. Este debate debe tener lugar también en el seno del ejecutivo, tal como recomienda el CPT.

• No deben ser utilizadas, en ningún caso, contra personas vulnerables, incluyendo tercera edad, niños, mujeres embarazadas y enfermos coronarios. En caso de duda sobre alguna de estas circunstancias, es necesario descartar su uso.

• No deben ser utilizadas contra personas que, por su estado de alienación, no puedan entender las órdenes que les dirigen los agentes policiales.

• Estas armas sólo deben ser usadas por agentes de policía debidamente formados, con capacitación adecuada y seleccionados entre personas resistentes al estrés y con facultades de discernimiento.

• Es necesario ofrecer y garantizar un reconocimiento médico a todas las personas contra las que se utilice este tipo de armas.

• Debe quedar constancia escrita e informatizada de todos los elementos del uso de estas armas para facilitar las tareas de investigación posterior en caso de incidencias, incluyendo un chip de memoria y cámara de vídeo.

• El Gobierno, a través del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, debe revisar y actualizar sistemáticamente la formación de todos los agentes de la policía catalana −autonómica y local− para asegurar el mantenimiento óptimo de las competencias que les habiliten para utilizar estas armas, desde la perspectiva de los principios y las garantías que dimanan de los principales órganos internacionales de protección y de prevención de la tortura.

• Es preciso asegurar la plena colaboración entre los Mossos d'Esquadra y las policías locales de Cataluña en la consecución de su trabajo, y también en el uso y la gestión que se haga de este tipo de armas.

Le Médiateur de la Catalogne a publiquement déploré l'absence en Espagne de politiques linguistiques et, éventuellement, d'un commissariat spécial pour faire respecter les droits des locuteurs de toutes les langues officielles. Devant un auditoire composé de défenseurs des droits linguistiques du monde entier, Rafael Ribó a souligné que le gouvernement central n'a pas une politique claire sur la protection des langues minoritaires et que la Cour Constitutionnelle a fait preuve d'une interprétation favorable et déséquilibrée en faveur de l'espagnol. 

Rafael Ribó a participé ces jours-ci dans la troisième Conférence de l'IALC, l'Association internationale des commissaires linguistiques fondée à Barcelone en 2014 et dont le médiateur catalan est un membre fondateur.

Les thèmes centraux de la conférence de cette année ont été l'évolution juridique des questions linguistiques et le déploiement des réglementations plus protectrices. On a également abordé la relation entre identité et langue et l'importance des langues en la première éducation, et on a spécifiquement traité le cas de l'Irlande du Nord.

Outre le Médiateur, la Conférence a bénéficié de la participation, entre autres, des commissaires linguistiques du Canada, du Pays de Galles ou de la Belgique; des experts universitaires d'Écosse, de la Nouvelle-Zélande et de l'Irlande; de l'Ararteko du Pays Basque, et de l'ancien ministre d'éducation finlandais.

The Catalan Ombudsman has publicly regretted the lack of policies and of a Commission that safeguards the rights of the speakers of all official languages in Spain. Before an audience of language commissioners from around the world, Rafael Ribó has underlined the lack of a language policy of protection of minority languages and the biased legal interpretation bySpain’s Constitutional Court in favour of Spanish.

Rafael Ribó participated in the 3^rd IALC Seminar, international Language association founded in 2014 in Barcelona, of which the Catalan Ombudsman is a founding member.

The main topics discussed in the seminar are the following: legal evolution of language policy and development of more protective regulation; relation between identity and language; importance of the language in primary education, specially the case of Northern Ireland.

Besides the Catalan Ombudsman, the Seminar has also been attended by language commissioners of Canada, Wales or Belgium, academic experts of Scotland and New Zealand, the Ombudsman of Basque Country and former Finnish minister of Education, amongst others.

El síndic de greuges de Cataluña ha lamentado públicamente la inexistencia en el Estado español de políticas y de un eventual comisionado específico que garantice el cumplimiento de los derechos de los hablantes de todos los idiomas oficiales. Ante un auditorio integrado por defensores de derechos lingüísticos de todo el mundo, Rafael Ribó ha destacado que el gobierno central carece de una política clara de protección de las lenguas minoritarias y que el Tribunal Constitucional ha evidenciado una interpretación favorable y desequilibrada a favor del castellano.

Rafael Ribó, ha participado estos días en la tercera Jornada de la IALC, asociación de comisarios lingüísticos constituida en el año 2014 en Barcelona y de la cual el Síndic es miembro fundador.

Los temas centrales de la Jornada de este año han sido la evolución legal en materia lingüística y el desarrollo de normativas más protectoras. También se ha abordado la relación entre identidad y lengua, la importancia del idioma en la primera educación y se ha tratado específicamente el caso de Irlanda del Norte.

Además del Síndic, han participado en el encuentro, entre otros, comisarios lingüísticos de Canadá, Gales o Bélgica, expertos universitarios de Escocia y Nueva Zelanda, de Irlanda, el ararteko del País Vasco y el ex-ministro de Educación finlandés.

Der Bürgerbeauftragte des Freistaats Thüringen, Dr. Kurt Herzberg, hat heute (10. März) seinen Tätigkeitsbericht für das Jahr 2015 an den Präsidenten des Thüringer Landtags, Christian Carius, überreicht. Herzberg stellte den Bericht vor und zog folgendes Fazit:

„Mit dem aktuellen Bericht an den Thüringer Landtag baue ich die Transparenz meiner Arbeit weiter aus. Neben den statistischen Informationen informiere ich über die Ergebnisse einer 2015 durchgeführten repräsentativen Umfrage bei den Bürgerinnen und Bürgern, die sich an mich gewandt haben. Der Bericht gibt darüber hinaus den Abgeordneten einige Anregungen und Hinweise auf problematische Entwicklungen in der Verwaltung bzw. beim Gesetzesvollzug.

Neben der Unterrichtung des Landtags ist der Jahresbericht aber auch eine Information für die Bürgerinnen und Bürger in Thüringen. Ich erläutere deshalb ausführlich das Amt, die Wirkungsweise und Befassungsmöglichkeiten des Bürgerbeauftragten. Denn auch wenn die Fallzahlen steigen, ist es dennoch so, dass viele Menschen das Angebot des Bürgerbeauftragten nicht kennen. Dieses Informationsdefizit möchte ich mit dem Bericht weiter abbauen.

Im Jahr 2015 sind beim Bürgerbeauftragten 723 Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern schriftlich oder mündlich eingegangen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das wiederholt ein leichter Anstieg von sechs Prozent. Es fällt auf, dass fast 60 Prozent der Anliegen – im Rahmen meiner Sprechtage oder per Telefon - mündlich vorgebracht werden. Für mich ist diese Zahl ein Beleg dafür, dass das direkte Gespräch als niederschwelliges Angebot trotz aller technischen Möglichkeiten keineswegs ausgedient hat – eher im Gegenteil!

Der Blick auf die Sachgebiete, denen die Neuzugänge zugeordnet werden können, zeigt, dass die Anzahl sozialer Anliegen am höchsten und im Vergleich zu 2014 erneut gestiegen ist (+5,1 Prozent). 28,1 Prozent der Neueingänge in 2015 betreffen soziale Belange. Zu diesem Sachgebiet zählen Themen wie Arbeit, Wohnen, Familie/Kinder/Jugend, SGB II und Grundsicherung, Rente und Alter sowie Gesundheit, Behinderung und Krankenkassen.

Im Berichtszeitraum wurden 734 Anliegen abgeschlossen. Bei 17,3 Prozent der abgeschlossenen Fälle konnte der Bürgerbeauftragte dem Anliegen tatsächlich abhelfen. Hinzu kommen 25,6 Prozent, bei denen die gesuchte Information gegeben werden konnte. Bei 16 Prozent der Fälle wurde die Angelegenheit an die zuständige Stelle direkt weitergeleitet (7,8 Prozent) bzw. der Bürger an die zuständige Stelle verwiesen (8,2 Prozent). Somit haben in fast 60 Prozent der Anliegen die Menschen unmittelbar Unterstützung und Hilfe erfahren. Bei weiteren 30,5 Prozent wurde nach unabhängiger Prüfung des Sachverhalts den Bürgerinnen und Bürgern das Verwaltungshandeln umfassend erläutert, was oft zu einer besseren Akzeptanz beigetragen hat. Auch wenn der Erfolg der Arbeit des Bürgerbeauftragten sich nicht auf diese Zahlen reduzieren lässt, so ist diese Bilanz gut.

Insbesondere das Sozialleistungsrecht wird zunehmend verzweigter und angesichts der Fortentwicklung des Rechts durch Entscheidungen der Rechtsprechung auch immer ausdifferenzierter. Damit wird es aber auch fehleranfälliger. Für meine Arbeit bedeutet dieser Zustand die vermehrte Auseinandersetzung mit Multiproblemlagen, mit komplexen Fällen bei denen sich verschiedene Sozialbereiche tangieren. Ich sehe meine Aufgabe aber auch darin, ausgehend von den bearbeiteten Anliegen und den Erfahrungen aus der Vielzahl der Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern erforderlich scheinende Veränderungen auf politischer Ebene anzuregen.“


Der Bürgerbeauftragte weist auf Probleme hin

1. Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse bei Zuständigkeit des Landesverwaltungsamtes (vgl. im Bericht S. 119)

Im Berichtszeitraum traten bei mehreren Anliegen Probleme bei der Anerkennung von im Ausland erworbenen Bildungsabschlüssen zutage. Diese Anerkennung durch das zuständige Thüringer Landesverwaltungsamt (TLVwA) gestaltete sich nämlich jeweils sehr zeitaufwändig und schwierig. Es wurden Unzulänglichkeiten offensichtlich, die auf strukturelle Mängel in der Organisation bzw. bei der Personalausstattung der Verwaltung oder dort bestehende kompetenzielle Schwächen schließen lassen. Hier sieht der Bürgerbeauftragte dringenden Handlungsbedarf, zumal die Fallzahlen angesichts der aktuellen Flüchtlingssituation deutlich steigen werden. Der Bürgerbeauftragte hat sich deshalb auch bereits mit dem Präsidenten des TLVwA in Verbindung gesetzt.

2. Verwehrte Teilhabe-Leistungen für Mittagessen in Horten von freien Trägern (vgl. im Bericht S. 122)

Zum Sachverhalt:
In der Sache geht es um die Frage, ob Eltern, die SGB-II-Leistungen beziehen und deren Kinder an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung eines Hortes teilnehmen, die ihnen entstehenden Mehrkosten ersetzt bekommen. Regelfall ist der, dass das Kind diese Mittagsverpflegung im Schulhort einnimmt. Hier war und ist eine Kostenübernahme problemlos möglich. Diese Kostenübernahme für die Mehraufwendungen der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung war bis zum 31.12.2013 auch dann möglich, wenn die Kinder das Mittagessen nicht im schuleigenen Hort einnehmen, sondern in einer von den Eltern gewählten externen Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe („Träger der freie Jugendhilfe“).
Durch eine Änderung im SGB II sind die Kommunen nun aber nicht mehr dazu verpflichtet, wenn es sich nicht um eine „schulische Mittagsversorgung“ handelt. Dem Bürgerbeauftragten liegen Fälle vor, in denen diese Leistung versagt wurde. Aufgrund der Haushaltslage in vielen Kommunen ist damit zu rechnen, dass diese Praxis zunimmt.

Das Problem:
Für die betroffenen Eltern kommt es, wenn sie an ihrer Entscheidung für den Hort beim freien Träger festhalten, zu nicht unerheblichen praktischen Problemen und zu kaum lösbaren organisatorischen Schwierigkeiten. So sind z.B. Fragen der Aufsichtspflicht zwischen Unterrichtsende und schulischem Mittagessen ungeklärt, wenn die Kinder erst nach dem (geförderten) Essen in der Schule zum Hort gehen.
Im Ergebnis bedeutet dies: Familien, denen es aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation nicht möglich ist, den finanziellen Mehraufwand für die Mittagsverpflegung bei einem freien Träger zu tragen‚ ‚müssen‘ ihre Kinder zur Mittagsverpflegung des Schulhortes schicken, um die Voraussetzungen für die Kostenübernahme nach § 28 Abs. 6 SGB II zu erfüllen. Betroffene Eltern werden so auf Umwegen faktisch zur Inanspruchnahme des Schulhortes ‚gedrängt‘.
Herzberg dazu: „Damit wird jedoch in der Praxis das den Eltern zustehende Wunsch- und Wahlrecht ausgehöhlt! Außerdem findet indirekt eine soziale Segregation statt. Ich halte diese Situation für sehr unbefriedigend und beanstandungswürdig.“

Lösungsvorschläge
Herzberg schlägt zwei Möglichkeiten vor, die Situation zu beheben: „Entweder der Bund ändert das SGB II dahingehend, dass die Kostenübernahme für Mehraufwendungen der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung auch beim Besuch von Horten wieder gesetzliche Pflichtaufgabe ist. Oder: Auf Landesebene findet im Wege fachaufsichtlicher Auslegung / Präzisierung eine Klärung dahingehend statt, was im Einzelnen unter ‚Mittagsverpflegung in schulischer Verantwortung‘ zu verstehen ist bzw. unter welchen Bedingungen ein ‚Hortmittagessen in schulischer Verantwortung‘ angenommen werden kann.“

Der Bürgerbeauftragte im Qualitätstest (vgl. im Bericht ab S. 98)

Im Berichtsjahr hat der Bürgerbeauftragte seine Arbeit einem Qualitätstest unterzogen. Dazu wandte er sich im Oktober 2015 mit einem Fragebogen an die Bürgerinnen und Bürger, deren Bürgeranliegen im Zeitraum vom 1. Juli 2014 bis zum 30. Juni 2015 abgeschlossen wurden. 51 Prozent der Bürgerinnen und Bürger haben sich die Zeit genommen und beantworteten den Fragebogen.

Herzberg wörtlich: „Das war ein erstaunlicher Rücklauf, der uns sehr freute. Und ich gebe zu, wir hatten mit einem durchwachsenen Ergebnis gerechnet. Immerhin kommen Menschen zu uns, die eine teils längere Konfliktgeschichte mit Behörden hinter sich haben und denen wir nicht immer weiterhelfen können. Umso mehr waren wir überrascht, wie positiv die Betroffenen die Arbeit des Bürgerbeauf-tragten bewerteten. Besonders freue ich mich darüber, dass 88 Prozent der Befragten die Schreiben des Bürgerbeauftragten „sehr gut“ bzw. „gut“ verständlich finden. Nachdenklich macht mich, wenn 42,3 Prozent der Befragten angeben, dass sie in der Situation, in der sie sich an den Bürgerbeauftragten gewandt haben, keine weitere Hilfs- oder Unterstützungsmöglichkeit hatten. Hier wird ein Problem und ein Bedarf sichtbar.“

Ausgewählte Ergebnisse der Umfrage:
Rund 40 Prozent der Befragten gaben an, dass ihnen der Bürgerbeauftragte „sehr gut“ bzw. „gut“ helfen konnte. 54 Prozent waren mit dem Ergebnis der Arbeit des Bürgerbeauftragten „gut“ bzw. „sehr gut“ zufrieden. 16,4 Prozent waren mit dem Ergebnis sehr unzufrieden. Die Bearbeitungsdauer der Anliegen bewerten 70 Prozent der Befragten mit „sehr gut“ bzw. „gut“. (Anmerkung: Rund 50 Prozent der Anliegen werden in den ersten 30 Tagen abgeschlossen.) 88 Prozent der Befragten finden die Schreiben des Bürgerbeauftragten „sehr gut“ bzw. „gut“ verständlich.
42,3 Prozent der Befragten geben an, dass sie in der Situation, in der sie sich an den Bürgerbeauftragten gewandt haben, keine weitere Hilfs- oder Unterstützungsmöglichkeit hatten. Mit Familie (24,2 Prozent) und Freunde/Bekannte (19,8 Prozent) wird der unmittelbare soziale Nahraum als wichtigstes Unterstützungssystem bei Problemen mit der Verwaltung benannt.
Ein deutliches Anzeichen für die Qualität der Arbeit ist die Tatsache, ob jemand sich wieder an den Bürgerbeauftragten wenden bzw. diese Hilfe auch anderen empfehlen würde. Beide Fragen beantworten über 77 Prozent der Befragten mit „Ja“.

Herzbergs Fazit: „Das Amt des Bürgerbeauftragten hat sich bisher als für die Betroffenen wichtige Dialog-Instanz bewährt, wenn sie Probleme mit Verwaltung und Behörden haben. Der Bürgerbeauftragte lotst im Behördendschungel, gibt Informationen, prüft unabhängig Verwaltungshandeln und erklärt es den Betroffenen. Damit trägt der Bürgerbeauftragte zu mehr Akzeptanz behördlicher Ent-scheidungen bei und vermittelt, wenn möglich, einvernehmliche Lösungen. Gleichzeitig schützt er Verwaltungen vor falschen Erwartungen und mahnt auftretende Fehler ihnen gegenüber an. Das zeigen Beispiele, in denen der Bürgerbeauftragte die Änderung einer Straßenreinigungssatzung (vgl. S. 72) oder die rückwirkende Korrektur bestandskräftiger Gebührenbescheide bei einem Zweckverband (vgl. S. 75) erreichte.“

Der Jahresbericht des Thüringer Bürgerbeauftragten wird gemäß § 5 Thüringer Bürgerbeauftragtengesetz gegenüber dem Thüringer Landtag erstattet. Er ist – wie auch die Berichte der Vorjahre – unter www.buergerbeauftragter-thueringen.de veröffentlicht.