Perde il controllo della propria auto per colpa della mancata pulizia delle strade dal ghiaccio e finisce per urtare il mezzo di un’altra persona, causando danni ad entrambe le vetture. Ma la compagnia assicuratrice incaricata dal Comune risponde negativamente alla sua richiesta di risarcimenti, senza però dare una motivazione adeguata, mentre l’amministrazione cittadina prima invita a rivolgersi alla società gestrice della pulizia delle strade, Iren Spa, poi evita di rispondere alle richieste di chiarimenti.

Succede a una signora di Reggio Emilia, che decide allora di rivolgersi al Difensore civico regionale, Gianluca Gardini, per far valere i propri diritti. La figura di garanzia dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna non ha dubbi: “La responsabilità del Comune non è esclusa per il fatto di avere appaltato la pulizia delle strade ad Iren”, scrive nel suo parere, perché “permane in capo al Comune la responsabilità per i danni cagionati dalla cosa in custodia, salvo poi rivalersi sui soggetti che, sulla base di eventuali contratti, ne abbiano l’effettiva custodia”.

Secondo il Difensore, l’amministrazione “lascia intendere che Iren Spa sia la sola responsabile per il danno causato dalla strada ghiacciata e che, di conseguenza, qualora il soggetto appaltatore respinga ogni addebito, il Comune si riterrà esonerato dalla responsabilità per il fatto dannoso”, e tale ipotesi “è confermata dall’invito a indirizzare direttamente ad Iren Spa le istanze risarcitorie”.

Come fa notare Gardini, “in molti casi analoghi gli enti pubblici investono soggetti terzi, con cui intrattengono rapporti contrattuali, della responsabilità risarcitoria nei confronti del cittadino”, ma in verità “l’esclusione di responsabilità risarcitoria del Comune dovrà ritenersi limitata alla sola sfera dei rapporti contrattuali di appalto e non deve ripercuotersi a svantaggio di soggetti terzi, come in questo caso la signora”.

Nonostante però una prima nota che sollecitava una risposta, inviata ad agosto dal suo ufficio, seguita poi da una seconda a ottobre, da una terza a dicembre e da un contatto telefonico nel gennaio 2016, il Difensore civico ad oggi “non ha ricevuto aggiornamenti”. 
Per questo motivo, Gardini non ha potuto fare altro che archiviare il caso, non disponendo di ulteriori margini di intervento, non prima però di aver ribadito all’ente che “l’intervento di questo ufficio non è finalizzato ad ottenere dal Comune un’adesione passiva alle tesi avanzate dalla Difesa civica, ma a stimolare un migliore svolgimento dell’attività amministrativa” e che quindi “la mancata collaborazione del Comune, che ha evitato di rispondere alle richieste di chiarimenti avanzate da questo Ufficio, sia pure per confermare con adeguata motivazione il rifiuto di risarcire il danno, contravviene a questi principi”.

La valedora do pobo, Milagros Otero Parga, inició hoy una investigación para conocer la situación en la que se encuentran los profesores acreditados a catedráticos y titulares en el ámbito del Sistema Universitario Galego así como los problemas de cobertura de plazas docentes que están produciendo descontento en la comunidad universitaria. En el marco de la actuación, la defensora se dirige a los tres rectores gallegos con el objeto de recabar datos que permitan conocer las previsiones con las que se trabaja en nuestra comunidad para cubrir esa demanda de cátedras, paralizada en la actualidad, y garantizar la calidad de la docencia y de la investigación.

Tal y como indica Milagros Otero en su escrito, la situación no debería prolongarse más en el tiempo , ya que podría llegar a afectar “de manera irreversible” a la calidad de la enseñanza universitaria y al derecho a desarrollar una una carrera académica equilibrada y coherente de los profesionales. Desde la institución se entiende que “el capital humano de la Universidad -sus estudiantes, profesores y personal de administración y servicios- ha sido siempre y debe seguir siendo eje fundamental sobre lo que se asienta la Universidad”, indica la defensora del pueblo, que añade que, por esto mismo, debe ser especialmente protegido, sin que eso suponga, lógicamente, descuidar sus otras necesidades.

Conocer la planificación

La institución del Valedor do Pobo abrió una actuación de oficio para recabar de las tres universidades gallegas datos que permitan conocer la situación actual y la planificación de las necesidades docentes e investigadoras para mejorar, de manera gradual pero constante, la política de profesorado. “Estamos en un contexto de restricciones presupuestarias que entendemos, sin embargo, aún en este caso, la prioridad debe ser la calidad de la docencia y de la investigación como razón de ser de las instituciones universitarias, por encima de otros capítulos de gasto”, indica la alta comisionada parlamentaria.

Tal y como recuerda la institución del Valedor, la Ley Orgánica de Universidades, que desarrolla el contenido esencial del derecho a la educación superior, declara en su exposición de motivos que el profesorado es la piedra angular de la Universidad. En este sentido adopta medidas consideradas prioritarias para la comunidad universitaria, garantizando los principios de igualdad, mérito y capacidad en la selección del profesorado funcionario y contratado, y articulando distintos mecanismos que para asegurar una enseñanza de calidad.

Existe en la actualidad un sistema de selección más abierto, competitivo y transparente, para mejorar la calidad a través de un proceso de habilitación que otorga prioridad a los méritos docentes e investigadores de los candidatos, garantiza la objetividad en las pruebas de selección del profesorado y respeta la autonomía de las universidades al establecer étsas los procedimientos de acceso a los cuerpos docentes de los profesores que fueran habilitados, según su programación y necesidades.

Hace un año que Europa mostró, por medio de las palabras de la Canciller alemana Ángela Merkel, su rostro más hospitalario y comprensivo hacia aquellos que huían de la guerra y querían llegar a Europa, por cualquier medio posible. Por fin, dijeron muchos, la mujer de gestos y palabras severas se había expresado con humanidad, generosidad y piedad ante el drama que vivían quienes huían de su país.

La situación se ha complicado. No se pudo calcular el número de personas que llegarían a emprender esa ruta de los Balcanes. A lo largo de 2015 más de un millón de personas han llegado a Europa por mar, y se han registrado casi 83.000 nuevas llegadas en 2016. Italia, Grecia, Turquía y Jordania han sido y son, fundamentalmente, los países que como receptores se han visto desbordados, y han solicitado ayuda. Y ante su llamada, la Comisión europea resolvió fijar el número de personas que los países de la Unión Europea debían acoger.

Pero el sistema establecido para la distribución de refugiados no ha funcionado. Bien porque el registro de las personas, la entrega de documentos y la organización de las salidas sea compleja, bien porque una gran mayoría no acepta salir hacia el país que se le asigna. El resultado es que en estos momentos hay un éxodo de personas y familias que persiguen llegar al centro de Europa, fundamentalmente a Alemania desde Grecia. Y para ello tienen que cruzar cinco o seis países que, a su vez, han dicho que no quieren convertirse en países de tránsito, y mucho menos de estancias prolongadas de refugiados.

Austria, Eslovenia, Croacia, Serbia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia han acordado expulsiones colectivas que no permiten valorar de forma individual las circunstancias de cada uno; han acordado, también, cierres de fronteras, construcción de alambradas y devolución de personas hacia la frontera  griega.

La Europa de ayer ha cambiado radicalmente. Y, hoy, quienes pretendían seguir una ruta y llegar a algún lugar donde ser acogidos se ven hacinados en naves provisionales con bancos de madera en los que dormir y con el temor a su devolución al primer país de la U.E. donde pusieron un pie.

Se comprende bien la preocupación de Alemania ante la llegada de tan alto número de personas; se entiende que un país pequeño como la ARY de Macedonia no se sienta capaz de acoger a miles de personas salvo para una breve estancia. Pero lo que cuesta más entender es que los países más desarrollados, los que tienen mayor capacidad de influir no hayan podido hasta hace bien pocos días parar, aunque de manera provisional, una guerra en Siria que es la principal causa del éxodo actual. Y si se consigue detener la guerra habrá que acoger y tratar de integrar a aquellos que no puedan volver porque no queda nada de lo que un día tuvieron, si es que algo tuvieron.

Turquía se ha convertido en el primer país receptor de la gran mayoría de personas que buscan refugio. Sus campos de refugiados son verdaderas ciudades, como lo son los de Jordania. La ayuda humanitaria que prestan es muy loable pero no son ciudades para una vida; no lo son para varias generaciones que allí sobreviven.

Una nueva  vertiente parece abrirse camino en el tratamiento  de este éxodo. Se proponen medidas que faciliten la inserción laboral de un alto número de refugiados a la mayor brevedad posible con la finalidad de ayudarles y de ayudar a los países. Son muchas las voces autorizadas que subrayan los beneficios que la emigración puede suponer.  Alexander Betts y Paul Collier, profesores de la universidad de Oxford, así lo expresan en la revista Foreign Affaires: “Hagamos posible que los desplazados sirios se incorporen al mercado de trabajo. Ayudar al refugiado y que el refugiado se ayude a si mismo”.

En esta dirección parecen encaminarse las ayudas que la U.E. propone para Turquía, en las que España participa, y que permitirían desmontar poco a poco esos terribles campamentos que, aunque “humanitarios” no son para seres humanos, y evitar varias generaciones perdidas.

El comisario europeo de Migración, Avramópulos, acaba de solicitar medidas  urgentes, antes de la cumbre con Turquía, para que el sistema de recepción de refugiados no colapse. Y recuerda que son las medidas nacionales las que entorpecen el funcionamiento de un sistema común europeo, tan solicitado por muchos hasta hace muy poco.

Ayer, todo eran palabras de comprensión y ayuda. Hoy, las puertas se cierran, las vallas se levantan. Así no debería ser la Europa de hoy.

Recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo

02/03/2016. Programa europeo de reasentamiento de refugiados

30/11/2015. Protocolo de actuación para facilitar el acceso a España a los familiares de ciudadanos que ya son beneficiarios de protección internacional

15/10/2015. Refuerzo del personal destinado a la tramitación de las solicitudes de asilo en el Puesto Fronterizo de Beni Enzar (Melilla)

09/10/2015. Diseño de un programa educativo específico para los menores que se encuentran en el Centro de Estancia Temporal (CETI) de Melilla

09/10/2015. Traslado a la península de las familias con menores y personas con discapacidad física que están en el Centro de Estancia Temporal para inmigrantes (CETI) de Melilla

07/10/2015. Asistencia social a los solicitantes de asilo en el puesto fronterizo de Beni Enzar (Melilla)

En las transmisiones llevadas a cabo por dación de la vivienda habitual o mediante ejecución hipotecaria, los contribuyentes están exentos del pago del impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana con el fin de no agravar más la precaria situación de muchas personas y familias derivada de la crisis económica.

A instancias del Justicia de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza se ha comprometido a ampliar la información relativa a esta exención en los impresos de autoliquidación y a incorporar en la web municipal una ficha específica con información detallada sobre la regulación de la exención.

Esta exención fue introducida en la normativa estatal en octubre de 2014 y trajo consigo la consiguiente modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto de plusvalía por parte del Ayuntamiento de Zaragoza.

Entendiendo el Justicia de Aragón, que la publicación en los Diarios oficiales de estas modificaciones no era suficiente para que las personas la conociesen, sugirió de oficio al consistorio de la capital aragonesa que diera información directa a los ciudadanos sobre la existencia de la nueva exención y, en particular, del efecto retroactivo a fecha 1 de enero de 2014.

En la misma Sugerencia, el Justicia pedía levantar los embargos que para garantizar el pago de esta obligación pudiera haber, actuando de oficio, y procediendo en todos los casos a la devolución de lo cobrado.

Fernando García Vicente ha recibido con satisfacción la aceptación por parte del Ayuntamiento de Zaragoza porque las medidas anunciadas refuerzan la seguridad jurídica y contribuyen a rebajar la angustia de quienes han perdido su casa por no poder afrontar el pago de las deudas.



Enlaces:

• Sugerencia Expediente 1965/2015