En respuesta a una Sugerencia del Justicia de Aragón sobre el cumplimiento del procedimiento administrativo en la tramitación de expedientes urbanísticos, el Ayuntamiento de Celadas (Teruel) ha informado a la Institución que acepta la sugerencia, cumplirá con los plazos de los informes técnicos y “tomará mayor cuidado y seguimiento personal ante situaciones de reclamaciones a instancia de parte”.
Por otro lado, en su respuesta, dicho Ayuntamiento considera que, en el caso de pequeños pueblos, los órganos técnicos fiscalizadores en materia urbanística deberían ser externos a la administración local, gestionados por entidades supramunicipales, con el fin de reducir costes y ganar en eficacia, una idea que el Justicia respalda.
La sugerencia de la Institución estuvo motivada por la queja de un vecino inquieto por las posibles afecciones a su propiedad derivadas de unas obras que se estaban realizando en una solar colindante a la misma y la falta de respuesta escrita del Ayuntamiento sobre si tenían o no la licencia correspondiente.
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, alaba la actitud del Ayuntamiento de Celadas que se compromete a cumplir en tiempo y forma el procedimiento administrativo urbanístico, más si cabe, por el esfuerzo y las dificultades, en cuanto a carencia de medios y personal, a las que se enfrentan los regidores de pequeños municipios.

El equipo de Trabajo del Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura (MCPT), encabezado por el síndic, Rafael Ribó, ha presentado este viernes en el Parlamento su Informe anual correspondiente al año 2015. El documento es el sexto que se entrega a la Cámara desde que la institución recibió el mandato de ejercer las funciones de prevención y detección de la tortura en Cataluña de acuerdo con el protocolo de la ONU.

A partir de las visitas realizadas a los diversos espacios donde se encuentran las personas privadas de libertad, de las cuales 8 han sido a centros penitenciarios, el MCPT ha evidenciado una falta de base a la hora de practicar las exploraciones médicas para detectar posibles malos tratos, tanto si se llevan a cabo a partir de las denuncias de las presuntas víctimas o ante la existencia de indicios de violencia.

El desconocimiento del Protocolo de Estambul por de los profesionales i de las instituciones comporta que en ocasiones no se tengan en cuenta determinadas pautas. Por ejemplo, es relevante que los reconocimientos médicos se hagan, como regla, en privado, y que quede registrado cualquier signo de violencia o maltrato, incluso sin existir denuncia expresa.

La aplicación de este manual internacional, avalado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, para la investigación y documentación de la tortura es esencial para garantizar la veracidad de las denuncias ante los órganos jurisdiccionales competentes. La MCPT ha recomendado al Departamento de Justicia y a los colegios profesionales que divulguen y hagan pedagogía sobre el citado Protocolo y que adapten los protocolos médicos forenses a sus propuestas.

La MCPT también alerta acerca de la interpretación restrictiva que los cuerpos policiales realizan de la Directiva europea sobre los derechos de las personas detenidas y recomienda que hagan una lectura ajustada de dicha Directiva. Por ejemplo, mientras la Directiva establece que la persona detenida debe tener acceso a “materiales” y “grabaciones”, la policía facilita la información mínima de los motivos de la detención.

Como en años anteriores, el Mecanismo señala que es necesario que la normativa delimite los ámbitos de competencia entre los Mossos y la Policía local, y recuerda que esta última debe tener un papel auxiliar.

A raíz de las entrevistas mantenidas con internos y funcionarios también se ha observado que persisten los indicios de maltrato físico y psicológico en los centros penitenciarios. Aunque no se puede hablar de una situación generalizada de abusos y de malos tratos, sí que se han descrito diversos episodios. El MCPT recomienda que en caso de posibles abusos se actúe con rapidez y se activen los mecanismos de detección de acuerdo con lo establecido en el Protocolo de Estambul y, si procede, se adopten medidas disciplinarias.

45 visitas a espacios privados de libertad
Durante el año 2015 se han realizado un total de 45 visitas a centros diferentes, y se han incrementado las de más profundidad, que requieren una supervisión más intensa y prolongada.

• Comisarías: 25

• Centros penitenciarios: 8

• Centros geriátricos: 2

• Centros residenciales para personas con discapacidad: 2

• Centros de salud mental: 1

• Centros residenciales para niños y adolescentes: 7

El MCPT tras la sentencia del Tribunal Constitucional
Tras la sentencia del Tribunal Constitucional de marzo de 2015, a raíz de un recurso del Defensor del Pueblo, que declara inconstitucionales las disposiciones que establecen la condición del Síndic de Greuges como Autoridad Catalana de Prevención de la Tortura, el Síndic resolvió la creación del Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura. Esta resolución se comunicó al presidente de la Generalitat, al Parlamento de Cataluña y a la Administración de la Generalitat.

La sentencia reconoce que el Síndic puede continuar con su labor de prevención de la tortura y realizar visitas a espacios donde se encuentran personas privadas de libertad.  El MCPT ha recibido el apoyo y el reconocimiento de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), con sede en Ginebra y del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa.

Nuova serie di visite organizzata dall’Ombudsman, Andrea Nobili. Primo appuntamento a Montacuto, al quale ha partecipato il Presidente del Consiglio, Antonio Mastrovincenzo, che sull’argomento ha presentato una mozione in discussione nella seduta consiliare prevista per domani. Presenti anche i consiglieri Gianni Maggi, Luigi Zura Puntaroni, Sandro Zaffiri, Elena Leonardi.

Le problematiche legate agli istituti penitenziari marchigiani ancora al centro dell’attenzione dell’Ombudsman, Andrea Nobili. Nella sua veste di garante dei diritti dei detenuti, ha organizzato una nuova serie di visite, allargando l’invito ai parlamentari ed ai consiglieri regionali. Primo appuntamento a Montacuto, al quale hanno partecipato il Presidente del Consiglio, Antonio Mastrovincenzo ed i consiglieri Gianni Maggi, Luigi Zura Puntaroni, Sandro Zaffiri, Elena Leonardi.

“Una visita senza dubbio importante – ha sottolineato Mastrovincenzo – per conoscere in modo approfondito una realtà a molti di noi sconosciuta. Positivo il confronto con la direttrice Lebboroni, come utile l’incontro con alcuni detenuti. Tra le positività riscontrate, oltre al superamento del sovraffollamento che negli anni passati ha caratterizzato anche questa Casa circondariale, l’organizzazione interna degli spazi riservati agli stessi detenuti. Permangono, ovviamente, alcune negatività che andranno affrontate nel prossimo futuro, come quella legata alla carenza di educatori.”

In base agli ultimi dati aggiornati la popolazione detenuta a Montacuto, struttura parzialmente chiusa per ristrutturazione, è pari a 133 unità (con una capienza di 173). Gli agenti di polizia penitenziaria effettivamente in servizio sono 121 (180 in pianta organica e 166 assegnati) ed uno soltanto l’educatore operativo (ne sono previsti 5 più un capo area, ne risultano assegnati 4 più uno). L’assistenza sanitaria copre le 24 ore, mentre sono ancora presenti le difficoltà determinate dalle barriere architettoniche.

“Le visite – ha sottolineato Nobili – si protrarranno fino alla fine del mese di febbraio, andando ad interessare tutti gli istituti penitenziari marchigiani. L’obiettivo è quello di far conoscere la situazione complessiva ai parlamentari ed ai consiglieri regionali, non mancando di evidenziare le specificità che vanno a caratterizzare ogni singola struttura, così come già delineate nel report che abbiamo presentato ad ottobre”.

Partendo proprio dai contenuti dello stesso report, il Presidente del Consiglio, Antonio Mastrovincenzo, ha presentato una mozione che impegna il Presidente della Giunta a sollecitare il Ministero della Giustizia ad adottare le misure necessarie per la soluzione delle diverse problematicità. Tra quelle annoverate nell’atto, un non adeguato numero di educatori impegnati nelle attività trattamentali; la necessità di un’implementazione dell’organico degli operatori di Polizia Penitenziaria; l’esigenza di sostenere e ampliare i percorsi destinati alla risocializzazione ed al reinserimento dei detenuti; una diversa attenzione nei confronti di quelli con varie forme di dipendenza; il miglioramento delle relazioni con i familiari; il possibile superamento delle barriere architettoniche e dei problemi strutturali dei vari penitenziari. La mozione figura all’ordine del giorno della seduta consiliare di domani.

Cinco ayuntamientos de Murcia han incumplido la obligación de responder a la petición de información efectuada, hasta en tres ocasiones, por el Defensor del Pueblo por lo que figuran en la lista de “administraciones entorpecedoras”.

El Defensor del Pueblo considera que una administración es entorpecedora o “no colaboradora” cuando no responde a la institución pese a haber recibido hasta tres requerimientos.

Todas las administraciones tienen la obligación de responder al Defensor del Pueblo y de remitir la información solicitada. De no hacerlo, la Institución puede poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, como establece el artículo 24 del Capítulo VI de la Ley Orgánica 3/81, que regula la Institución.

Los Ayuntamientos entorpecedores de la Región de Murcia son:

Cartagena, por un tema referente al Registro de asociaciones locales. Tercer requerimiento emitido el  7/11/2014

Ceutí, sobre Policías locales y otros. Tercer requerimiento emitido el 27/11/2015

La Unión, a una cuestión sobre tenencia y uso de animales. Tercer requerimiento emitido el 16/7/2015

Totana, sobre contratos locales. Tercer requerimiento emitido el 09/9/2015

Mazarrón, con un asunto sobre ordenación de tráfico y otro sobre vías pecuarias. Terceros requerimientos emitidos el 24/9/2015

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha recordado que “las administraciones deben contestar al ciudadano, no guardar las preguntas en un cajón, y por supuesto están obligadas a responder la solicitud de información, razonada y motivada, del Defensor del Pueblo”.

El listado de administraciones no colaboradoras está disponible en la página web de la Institución.

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, acompañada por técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) ha visitado este jueves la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en el distrito madrileño de Arganzuela.

Se revisaron las instalaciones y los libros de registro de detenciones y se entrevistaron a los responsables y agentes encargados de la custodia de los detenidos.

También se mantuvieron entrevistas reservadas con dos detenidos y con una letrada que se encontraba asistiendo a una de estas personas.

Realizada sin previo aviso, esta visita se enmarca dentro de las inspecciones que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) realiza periódicamente a centros de privación de libertad.

Tras la visita se realizarán las oportunas conclusiones y recomendaciones a la Dirección General de la Policía que serán publicadas.