Cet événement s’inscrit dans un cycle de rencontres thématiques organisées tout au long de l’année 2016 et relatives aux discriminations dans l’accès à l’emploi, au logement et à la formation et l’éducation. Ce projet a été initié dans le cadre de l’expérimentation de la politique de la ville qui vise à promouvoir de nouvelles modalités d'intervention du Défenseur des droits dans les quartiers prioritaires et à améliorer la visibilité de ses missions auprès des populations concernées.
Le « Petit Déjeuner de l'Egalité » du 13 septembre accueillera des professionnels du logement et les acteurs de l’accès aux droits, tel que la Maison de justice et du Droit et les associations d'aide aux victimes et de lutte contre les discriminations.

Cette rencontre permettra d’informer les participants sur les politiques de lutte contre les discriminations, à travers la présentation d’études sur le phénomène des discriminations dans l’accès au logement, et d’apporter aux professionnels des outils, notamment juridiques, pour leur permettre d'identifier et de prévenir les situations discriminatoires et de renseigner le public sur ses droits.

Ces échanges serviront également la mise en réseau des acteurs afin d’orienter efficacement les personnes discriminées auprès de l’institution la plus pertinente pour qu’elles puissent faire valoir leur droit.

Intervenants :

-Marisa Lai-Puiatti et Eva Ordinaire, conseillères techniques du Défenseur des droits et Ouiade Bouzidi, déléguée à Vaulx-en-Velin

-Djaouida Séhili, sociologue et Grand Témoin  

-Eric CEDIEY, directeur d’ISM Corum, bureau d'étude spécialisé dans les discriminations  

-Sylvain CAMUZAT, directeur d’Accompagnement vers et dans le logement (AVDL), association d'insertion par le logement

El Síndic de Greuges de Catalunya ha comparecido este lunes 12 de septiembre ante la Comisión del Parlamento para explicar su informe El uso de teléfonos con tarifación especial por parte de las administraciones públicas. Rafael Ribó ha destacado que los teléfonos de información y atención públicas, como el 010 y el 012 son servicios vinculados al derecho de acceso a la información pública, reconocido legalmente, de manera que no pueden estar sujetos a ninguna contraprestación.

El hecho de escoger la modalidad tarifaria de coste añadido es una opción de la administración titular del servicio que no viene impuesta por la regulación estatal de estos servicios de información pública telefónica. El Síndic critica, en este sentido, que las administraciones obtengan beneficio económico de un servicio público.

Los argumentos del Síndic también se basan en el hecho de que, aunque el 010 y 012 están configurados como servicios de información también son canales habilitados para realizar trámites con la Administración como alternativa a la página web o a la atención presencial, que son gratuitos. En el año 2013, por ejemplo, la tramitación de multas de tráfico, con 138.649 llamadas, ocupó el tercer lugar en la lista de conexiones realizadas en el 012.

Por tanto, según Ribó, si el teléfono 012 de la Administración de la Generalitat cobra un recargo por la llamada, todos los servicios y trámites que permite realizar mediante este teléfono se deberían trasladas a una línea sin coste añadido. El Síndic alerta de que el servicio 012, mientras aplique el recargo, debería especificar la tarifa de las llamadas.

En el caso del teléfono 010 del Ayuntamiento de Barcelona, la Carta de servicios municipales también incluye la posibilidad de llevar a cabo un número significativo de trámites y gestiones, además de acceder a la información municipal. Un ejemplo son las altas y modificaciones en el padrón municipal, el volante de convivencia o residencia, la licencia y comunicados de obras menores o la tarjeta blanca para el uso del transporte especial.

A partir de una actuación del Síndic del año 2004, el Ayuntamiento de Barcelona ya creó el teléfono gratuito (prefijo 900) del civismo, con la finalidad de canalizar las llamadas que reclaman una actuación municipal o alertan de una situación determinada que debe ser objeto de actuación municipal y que tienen como fundamento un interés comunitario.

No obstante, la creación de este servicio no resuelve el hecho de que un 010 con tarifación adicional continúa siendo un canal para acceder a trámites e informaciones de procedimientos que el ciudadano tiene abiertos con el ayuntamiento y que no se deben cobrar.

Respecto a los teléfonos vinculados a la prestación de servicios públicos, como Sanitat Respon o la concertación de la ITV, el Síndic considera que deben seguir el mismo criterio que el que propone para el 010 y 012, ya que tanto si es directamente la Administración o se trata de empresas concesionarias, no pueden atender a los usuarios a través de un teléfono con coste añadido.

El Síndic trasladó a la defensora del pueblo la recomendación de obligar normativamente a los operadores de telefonía a incluir dentro de sus ofertas de tarifa plana a los teléfonos de información pública que tienen una tarifa igual o inferior a la de los teléfonos de numeración ordinaria que ya forman parte. La defensora no consideró oportuno trasladar la recomendación al ministerio competente.

Las llamadas al 010, 012 y 902 no se incluyen en la tarifa plana, de manera que siempre tienen un coste específico para el ciudadano, con independencia de si son números de tarifa ordinaria o no. Según el Síndic, es necesario tener en cuenta esta situación para valorar el coste efectivo de los servicios de información pública para los ciudadanos, aunque, en este cas, la causa sea una práctica comercial de los operadores y no una decisión de la administración que presta el servicio.

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, se ha reunido hoy con familiares de españoles que cumplen condena en el extranjero para explicarles las competencias y funciones de la institución en esta materia y la labor que realiza en favor de estas personas.

Convocados por la Fundación +34, de ayuda a los españoles en  situación de necesidad en el extranjero, a la reunión han acudido una treintena de personas con familiares o amigos presos en el extranjero.

La Defensora ha explicado que los consulados españoles son los responsables de prestar asistencia a los presos en cárceles en el extranjero y que la labor del Defensor del Pueblo es asegurarse de que reciben las visitas y la ayuda precisa, especialmente en materia de acceso a la medicación, e información sobre su situación procesal y penitenciaria.

El Defensor también puede intentar agilizar el traslado a España de los presos ya condenados y realizar actuaciones de carácter humanitario, para lo que recibe la inestimable ayuda de sus homólogos los defensores de los países extranjeros.

En los últimos años, la Defensora y personal de la institución han visitado a españoles presos en una quincena de países para interesarse por su situación.

En mayo de 2015, la institución presentó un informe sobre la situación de los presos españoles en el extranjero, que fue debatido en las Cortes generales. El informe, que analizaba la situación en 27 países, incluía recomendaciones para que los españoles presos en el exterior que carezcan de recursos económicos puedan acceder a la asistencia jurídica gratuita.

La Institución recomendó también la creación de servicios de orientación y asistencia jurídica penitenciaria en los consulados de Iberoamérica; que se refuercen los medios personales y materiales en los consulados que atienden a un mayor número de presos, y que se mejoren los canales de comunicación entre los familiares y las autoridades consulares.

En la reunión celebrada el 13 de septiembre en la sede de la institución también ha participado el responsable de la asistencia a presos en el Consulado Español en Sao Paulo (Brasil), Jaime Arderius, quien ha informado a los familiares de las actuaciones que realiza su consulado.

El presidente de la Fundación +34, Javier Casado, ha explicado la labor que realiza la organización, que actualmente trabaja con las comunidades autónomas, ha agradecido el trabajo y el interés del Defensor del Pueblo, y ha animado a los familiares a que presenten quejas para que la institución pueda realizar un seguimiento cercano de la situación personal, procesal y penitenciaria de los presos.

13/09/2016

Una familia canaria ha conseguido becas de estudio para sus tres hijos gracias a la intervención del Defensor del Pueblo.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte había denegado las becas a esta familia “por superar umbrales de patrimonio”, ya que en su última declaración de la renta constaba un incremento patrimonial.

Sin embargo, al estudiar el caso, el Defensor del Pueblo detectó que ese incremento no podía considerarse ganancia patrimonial ya que se trataba de una prestación sanitaria obtenida por la familia para hacer frente al tratamiento médico que requería uno de los hijos.

El Ministerio ha aceptado el criterio de la Institución y ha concedido las becas a esta familia.

Un joven consigue una beca tras solicitar ayuda al Defensor del Pueblo. El estudiante había solicitado una beca para cursar estudios postobligatorios.

Según expone en su escrito una vez presentada la documentación para acceder a la beca se le comunicó que tenía que aportar más datos. El joven entregó la documentación y al no recibir respuesta se personó en la unidad de becas dónde el responsable le explicó que todavía no habían podido atender todas las solicitudes pero que realizarían el trámite a tiempo.

Pasados unos meses sin recibir respuesta, el estudiante se dirigió al Defensor del Pueblo que tras analizar su caso solicitó información al respecto a la Dirección General de Política Universitaria.

Desde la citada Dirección se constató que esta persona cumplía los requisitos académicos y económicos para recibir la beca y se le concedió.

En otra ocasión se ha intentado pero fracasó. La esperanza en este nuevo intento es grande; es la única para millones de personas que viven aterrorizadas dentro del país y para millones que se han marchado y están refugiadas en distintos lugares. El intento de tregua merece ser animado y respaldado por países y organismos internacionales porque solo así se podrá pensar en el regreso de muchos que así se expresan en los campos de refugiados y ciudades que les acogen. El campo de refugiados, el exilio, decíamos, no puede ser el final.  El final es poder volver, incluso sin saber que puede quedar de lo que una vez existió.

Si la destrucción de Palmira fue un acto de odio, la destrucción de Alepo y de otras ciudades es odio y pura maldad. Los daños a las poblaciones no tienen reparación posible. Pero la paz todavía vale la pena.

Los acuerdos entre los Estados Unidos y Rusia para unir fuerzas, incluso con el régimen de Bashar Asad, y así luchar contra el estado islámico, quizás sean la única manera de detener las acciones de este. Seguramente el acuerdo de paz no satisfará a muchos que padecen directamente la guerra e incluso a observadores y ONGs. Rusia jugará un papel importante en la zona y el actual régimen sirio verá reforzado su poder, justamente lo contrario de lo que hace cinco años se perseguía. Pero el éxodo hacia el sur de Turquía disminuirá y el número de personas que emprenden la huida a través del Mediterráneo, también.

El Consejo de Europa daba hace muy pocos días la cifra de 268.000 personas llegadas a Europa por mar en este año, y 3.100 muertos o desaparecidos. El número de menores es de muy difícil cuantificación, pero se sabe que es muy alto y que la mayoría llegan de manos de traficantes y proceden de distintos países. Por ello la paz en Siria no acabará con estas huidas pero seguro que disminuirá el número de personas que quieren salir del infierno por cualquier medio. Y ahora el infierno también está en Siria.