Les 3, 4 et 5 mai 2017, l'Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF) a tenu, sous la présidence du Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, M. Marc BERTRAND, une réunion de son bureau et de son conseil d'administration à Rabat, à l'invitation du Médiateur du Royaume du Maroc, M. le Bâtonnier Abdelaziz BENZAKOUR. En marge des réunions des instances de l'AOMF, s'est tenu un séminaire sous le thème "Vers un Guide de principes déontologiques pour les Médiateurs et leurs collaborateurs".

Durant deux journées, les Médiateurs et leurs collaborateurs, issus de 22 pays différents, présents à Rabat ont pu échanger sur la question des principes déontologiques, les valeurs communes et les qualités que le Médiateur devrait revêtir.

L’affirmation de principes de conduite professionnelle des médiateurs et de leurs collaborateurs renforce la confiance des citoyens et permet de mieux connaître le rôle du médiateur.

Le rôle du médiateur n’est pas limité à un rôle de médiation entre le citoyen et l’administration.
Il dispose également de la capacité de formuler des recommandations ponctuelles et structurelles pour améliorer le fonctionnement des services publics. Il contribue ainsi à restaurer ou à renforcer la confiance des citoyens dans leurs autorités, ce qui implique des responsabilités et des règles déontologiques conformes à cette évolution.

Par ailleurs, nos sociétés réclament plus de transparence sur le fonctionnement des institutions publiques.
Ils ont ainsi pu réfléchir, ensemble, aux questions de déontologie à partir d’une évaluation et d’une prise en compte des attentes de la société envers les médiateurs.

C’est dans ce cadre que les Médiateurs ont tenté de rechercher l’équilibre entre indépendance du médiateur, qui n’est pas un privilège, transparence de l’institution, et droit à l’information du public.

Dans le cadre de ce travail, la déontologie a été et sera abordée de manière positive afin que soient réaffirmées, à la fois, des valeurs fondatrices communes à la fonction de médiateur, des principes préventifs, des qualités personnelles et des réponses aux attentes du public.

Marquant un intérêt particulier à la réflexion des Médiateurs et attentifs au travail du réseau des Médiateurs de la Francophonie, la Commission de Venise du Conseil de l'Europe et l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) étaient hautement représentés durant ce séminaire

Today we laid 107 decisions before the Scottish Parliament.

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El Ayuntamiento de Jaca tendrá lista la colocación de los equipos de medida del consumo de agua –contadores- antes del 31 de agosto de 2017 lo que permitirá abonar el Impuesto sobre Contaminación de las Aguas (ICA) según el consumo realizado, así como la tasa de agua que liquida y cobra el propio Ayuntamiento.

El consistorio jacetano responde a una petición de información del Justicia de Aragón en la que se recoge la queja de un ciudadano contrario a que su recibo de agua no refleje el consumo real sino una estimación objetiva. Añadía esta persona, que tiene un apartamento en Jaca que emplea los fines de semana y paga por el consumo de agua lo mismo que los hogares con residentes durante todo el año.

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, aplaude la colocación generalizada de los contadores, a la que por otro lado obliga la normativa municipal y autonómica, para que el usuario tenga la posibilidad de abonar la cuota del Impuesto sobre Contaminación de las aguas por consumo, además de la parte fija que está prevista.

El Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) es un impuesto de finalidad ecológica que tiene la naturaleza de recurso tributario de la Comunidad Autónoma de Aragón. Desde 2016, el Instituto Aragonés del Agua es quien liquida y cobra el impuesto, correspondiendo a los Ayuntamientos facilitar los datos de los usuarios que en casos como el de la queja y ano existir sistemas de medición, se obtenían por estimación objetiva resultando 400 litros por abonado y día

El Síndic de Greuges ha recomendado al Ayuntamiento de Barcelona que elabore un plan de renovación de las instalaciones de juegos infantiles existentes en los parques de la ciudad. El objetivo es incorporar juegos inclusivos, con diseño universal y adaptados para niños con diversidad funcional.

Según la información facilitada al Síndic por el propio consistorio, la ciudad de Barcelona actualmente cuenta con 859 áreas de juego infantil. De estas, tan sólo un 1,16% (10) son totalmente accesibles y disponen de instalaciones y juegos adaptados. El 26% (188) tienen el suelo de caucho, hecho que permite el acceso de sillas de ruedas, pero carecen de juegos inclusivos.

En opinión del Síndic, este plan para incluir juegos accesibles debe establecer un calendario independiente de la agenda prevista para llevar a cabo otras actuaciones de mantenimiento y mejoras. También propone que se realice una distribución territorial equilibrada de forma que se incrementen, paralelamente, los juegos adaptados para niños con diversidad funcional en todos los distritos de la ciudad.

La resolución destaca que, para garantizar el derecho de los niños a disfrutar de un entorno accesible, la Administración local debe diseñar espacios públicos y zonas recreativas en las que puedan confluir todos los niños, independientemente de su edad y de su diversidad funcional. La eliminación o la reducción al máximo de las barreras arquitectónicas, en este sentido, es fundamental.

La investigación, que se ha llevado a cabo a raíz de una queja presentada por la madre de un niño de seis años afectado por pluridiscapacidad, se ha basado en el principio de que en todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad se debe tener como consideración primordial la protección del interés superior del niño, y que las administraciones deben garantizar que los niños y adolescentes con discapacidad disfruten de una vida plena y que les permita llegar a valerse por sí mismos y facilite su participación activa en la comunidad.

Los niños con discapacidad tienen derecho a recibir atenciones especiales y las administraciones públicas deben ser proactivas a la hora de asegurar dichos derechos que incluyen, entre otros, la posibilidad de recibir estos servicios especiales con el objeto de alcanzar su integración social y su desarrollo individual, incluido el desarrollo cultural y espiritual, en la mayor medida posible.

Además de Barcelona, el Síndic tiene previsto abrir una actuación de oficio para valorar el grado de accesibilidad de los parques infantiles del resto de Cataluña. Una vez analizada la situación, hará llegar las recomendaciones pertinentes a las diversas administraciones afectadas.

El Defensor del Pueblo ha realizado diversas actuaciones ante la Secretaría de Estado de Hacienda y diferentes municipios con el fin de modificar la tributación en concepto de impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (conocido por plusvalía municipal). En abril de 2015 se solicitó su reforma y se reiteró en marzo de 2016.

Las actuaciones tenían por objeto, entre otros, modificar la fiscalidad de las operaciones de transmisión de inmuebles cuando se hubiesen realizado a pérdidas. Ahora, el Tribunal Constitucional, tras dos fallos que afectan a las Haciendas forales de Guipúzcoa y Álava, ha declarado inconstitucionales y nulos los artículos de la Ley de Haciendas Locales que determinan la base imponible del impuesto. Considera el Tribunal, y coincide con las Recomendaciones del Defensor del Pueblo, que la Ley no grava la plusvalía real.

El legislador tiene ahora que abordar una nueva regulación de la plusvalía municipal que se adapte a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 2017, en la línea con las recomendaciones del Defensor del Pueblo de modificar los artículos 104 a 110 inclusive del Real Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para acomodar el impuesto a la existencia de una plusvalía verdadera, y respetar así el principio de capacidad económica.

El Defensor del Pueblo, a la vista de estos procedimientos constitucionales, ha insistido en la reconsideración de las Recomendaciones, que fueron rechazadas en su momento.