El Síndic de Greuges ha convocado el grupo de expertos sobre el Castor para analizar las conclusiones del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) sobre la citada plataforma fallida en relación con las consideraciones incluidasd en el informe elaborado por el Síndic en el mes de noviembre de 2014.

Estas consideraciones se concretan en la necesidad, expresada por el Síndic, de resarcir a los afectados por los seísmos y de depurar responsabilidades de los cargos públicos que en su día obviaron los informes que alertaban de las consecuencias de la actividad sismológica.

El encuentro también debe servir para estudiar como canalizar el resarcimiento de la subvención estatal a la empresa adjudicataria, de manera que no repercuta en las facturas de los consumidores, que es como está establecido actualmente.

El Síndic también quiere que en el marco de la reunión de evalúe el impacto potencial de las conclusiones emitidas por el MIT en las actuaciones del Banco Europeo de Inversiones, del Ombudsman Europeo y de la Comisión Europea. También quiere analizar si las aportaciones citadas pueden tener alguna afectación en el procedimiento iniciado para determinar si ha existido una ayuda de estado encubierta.

Finalmente, Rafael Ribó solicitará que la información del MIT se haga llegar al juzgado que instruye la causa del Castor para que la tenga en cuenta en las deliberaciones.

La reunión del grupo de expertos, integrado por diversas entidades de consumidores, asociaciones de vecinos, sindicatos y colegios profesionales, tendrá lugar el martes 9 de mayo en la sede del Síndic.

La Unión Europea, ante la llegada de miles y miles de personas provenientes de países en guerra, como Siria, y de otros lugares por persecuciones, por ideas políticas o religiosas, por guerras entre etnias o por hambre, asignó en septiembre de 2015, a estados europeos la reubicación de 170.000 personas, provenientes de Italia y Grecia, pues era y es a estos dos países  a los que llegan una gran mayoría de ellos. Sólo en Italia, del 1 de enero al 27 de abril de 2017, han desembarcado 36.883 personas, frente a las 27.058 del mismo período en 2016. Estas son las magnitudes.

España se comprometió a acoger a 8.456 personas, y hasta la fecha han sido 876 las acogidas. Hay que tener en cuenta que a nuestro país llegan, además, directamente desde las costas del Mediterráneo cientos de personas y otros cientos entran en Ceuta y Melilla, desde Marruecos. Pero para cumplir el compromiso europeo adquirido deberíamos acoger a 7.580, de aquí al mes de septiembre. Esta última cifra nos hace preguntarnos donde radican los problemas o dificultades para que las acogidas resulten tan complicadas, y los números tan bajos en España.

Para tratar de entender cómo es el proceso de reubicación, la institución del Defensor del Pueblo ha realizado una visita, con la ayuda del “Garante nacional de personas privadas de libertad de Italia”, a Trapani, uno de los cuatro “puntos clave” (hotspot) de acogida de aquel país. En Trapani, lugar al que a lo largo de 2017 han llegado 4.000 personas, se ha remodelado un antiguo centro de internamiento que puede acoger hasta más de 400 emigrantes de los que desembarcan en los puertos más cercanos. Aquí se hacen reconocimientos médicos y complejas identificaciones antes de ser, nuevamente, trasladados a otros centros desde donde salir hacia países europeos. Los datos de Italia muestran que el mayor número de personas reubicadas lo son en Alemania, Noruega, Finlandia, Suiza y Holanda.

Todo hace pensar que los procedimientos, por una parte, para decidir las personas, las familias, los lugares de destino,  y por otra, contar con la disponibilidad de los países que reciben, requieren mucho tiempo. Sólo así se puede entender que si en el primer lugar de acogida, tras el desembarco, no están más de dos o tres días, tienen que existir algunas razones  por las que sólo han llegado a España, al 12 de abril, 144 personas de las desembarcadas en Italia.

Los problemas, pues, parecen estar aquí y allí: en los “puntos clave”, en los segundos centros a la espera de ser transferidos, y, posiblemente, en la disponibilidad y aprobación del estado que acoge.

En España, de acuerdo con la distribución de competencias de las varias administraciones, es evidente que la cooperación y acuerdos entre el ministerio del interior, la secretaria general de inmigración, las comunidades autónomas y los ayuntamientos resultan imprescindibles para facilitar las llegadas y hacer posible las reubicaciones posteriores. ACNUR (Agencia de Refugiados de Naciones Unidas), tanto en Italia como en España, comparten esta necesidad y apelan, junto con el Defensor del Pueblo, a un acuerdo entre instituciones para lograr hacer realidad lo prometido.

Die parlamentarisch gewählten Bürgerbeauftragten haben sich auf ihrer Jahrestagung in Schwerin erneut für Änderungen bei der vorzeitigen Altersrente für Arbeitslose ausgesprochen. Die Bürgerbeauftragten kritisierten die bestehende gesetzliche Regelung, die Bezieher von Arbeitslosengeld II grundsätzlich verpflichtet, mit 63 Jahren vorzeitig in Rente zu gehen. „Diese Pflicht führt zu immer größeren Nachteilen bei der Altersrente, da das allgemeine Eintrittsalter auf 67 Jahre verschoben wird. Wer vier Jahre vorher in Rente gehen muss, hat enorme Abschläge. Das ist ungerecht und unnötig“, so der Bürgerbeauftragte Mecklenburg-Vorpommerns, Matthias Crone. „Arbeitslose sollen nicht vorzeitig in Rente gedrängt werden. Das mindeste wäre es, die zeitliche Grenze für die vorzeitige Pflichtrente zu verschieben.“

Die Bürgerbeauftragten nahmen in Schwerin den ersten Bürgerbeauftragten in der Geschichte des Landes Baden-Württemberg, Volker Schindler, in ihre Arbeitsgemeinschaft auf. Schindler nimmt auch die Aufgaben eines Polizeibeauftragten wahr. Crone dazu: „Die Entscheidung eines so großen Bundeslandes für das neue Amt eines Bürgerbeauftragten stärkt die Idee des unabhängigen Ombudsmans, der Behördenentscheidungen prüft und für Bürger vermitteln kann. Wir sind sicher, dass diese Idee zeitgemäß ist und weitere Anhänger in Deutschland finden wird.“ 

Bisher gab es Bürgerbeauftragte in Deutschland nur in den Länder Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen. In Europa gibt es hingegen in den meisten Staaten und Regionen Ombudsleute. 

Die Beratungen der Bürgerbeauftragten betrafen vor allem soziale Themen, aber auch Fragen der Windenergie oder der Polizei. Die Frage nach einer guten schulischen Inklusion von Kindern mit Behinderungen nahm breiten Raum ein. Bei den Bürgerbeauftragten gehen dazu immer wieder Beschwerden über unzureichende Bedingungen für die Teilhabe von Schülern mit Behinderungen am gemeinsamen Unterricht ein. Die Bürgerbeauftragten dazu: „Inklusion braucht aber solide Voraussetzungen – beim Schulpersonal, in den Schulräumen, in den Klassengrößen. Die sonderpädagogische Förderung muss gut dosiert sein. Eingliederungshilfen dürfen nicht zögerlich gewährt werden. Inklusion gibt es nicht zum Nulltarif.“ Schlechte Bedingungen gefährdeten die Akzeptanz der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen.