La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha inaugurado una jornada sobre medidas para la protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica en la que han participado administraciones públicas, organizaciones de consumidores, compañías eléctricas y expertos en la materia.

En la inauguración también han intervenido el secretario de Estado de Energía del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, Daniel Navia Simón; el coordinador de proyectos de la Asociación de Ciencias Ambientales, José Luis López; el director general de Negocios Minoristas de Energía de Gas Natural Fenosa, Daniel López Jordá; el subdirector de Energía Eléctrica de la Dirección de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Santiago Muñoz Gámez; y la presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios, Manuela López Besteiro.

La Defensora del Pueblo ha asegurado que hay suministros que influyen en derechos fundamentales y en concreto se ha referido al derecho al agua y a la energía eléctrica.

Soledad Becerril ha destacado la importancia de estas jornadas que permiten a la Institución conocer la opinión de los expertos en esta materia y alcanzar conclusiones que derivarán en recomendaciones y sugerencias para mejorar la protección de los consumidores vulnerables.

La Defensora ha recordado que la Institución ha iniciado actuaciones sobre el bono social, sobre los cortes en el suministro eléctrico y sobre la definición del concepto de consumidor vulnerable.

El secretario de Estado de Energía ha realizado un repaso del Real Decreto Ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica

El representante de Gas Natural ha resaltado la importancia de que se definan los consumidores que van a recibir las ayudas y se regule un mecanismo de intercambio de información entre empresas y administraciones.

El subdirector de Energía Eléctrica de la Dirección de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha valorado positivamente la nueva regulación estatal del bono social y ha destacado la importancia de incluir el criterio de renta para delimitar los beneficiarios de medidas de protección.

La presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios ha asegurado que es imprescindible trabajar para conseguir consumidores conscientes y responsables y ha hecho hincapié en la necesidad de definir el concepto de consumidor vulnerable y que esta definición sea la misma en todas las comunidades autónomas.

El coordinador de proyectos de la Asociación de Ciencias Ambientales, José Luis López, ha impartido la ponencia marco de las jornadas “Pobreza energética. Situación en España y medidas para la protección de los consumidores vulnerables”.

Tras la ponencia marco se han celebrado dos mesas redondas. En la primera, sobre el concepto de consumidor vulnerable, han participado representantes de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), de la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios, de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de Iberdrola.

La segunda mesa redonda giró en torno a las medidas para evitar el corte de suministro eléctrico a los consumidores vulnerables y en ella tomaron la palabra representantes de Gas Natural Fenosa, de la Agencia Catalana de Consumo, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y de Facua Andalucía.

El Adjunto Primero del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha sido el encargado de clausurar la jornada.

Francisco Fernández Marugán ha destacado la utilidad de esta reunión para impulsar el diálogo entre todos los sectores implicados, y se ha mostrado confiado en que el Defensor del Pueblo podrá influir con sus conclusiones y recomendaciones en la futura regulación que se adopte.

Berlin: (hib/HAU) Der Petitionsausschuss unterstützt die Forderung nach einer einheitlichen Kennzeichnung vegetarischer und veganer Produkte. Während der Sitzung am Mittwochmorgen beschlossen die Abgeordneten einstimmig, eine dahingehende Petition dem Europäischen Parlament zuzuleiten.

In der Petition wird gefordert, alle vegetarischen und veganen Produkte müssten mit einem "V-Label" etikettiert werden, damit sie von den Verbrauchern leichter erkannt werden können. Zur Begründung führt der Petent an, viele Produkte würden "auf den ersten Blick" vegetarisch oder vegan erscheinen. In der Zutatenliste auf der Rückseite seien teilweise jedoch tierische Inhaltsstoffe aufgeführt.

In der Begründung zu seiner Beschlussempfehlung weist der Petitionsausschuss daraufhin, dass das allgemeine Lebensmittelkennzeichnungsrecht auf europäischer Ebene durch die sogenannte Lebensmittel-Informationsverordnung (LMIV) harmonisiert sei. Dies habe zur Folge, dass eine anderweitige Kennzeichnungspflicht von Lebensmitteln EU-rechtlich nicht zulässig sei. Wie der Ausschuss weiter schreibt, sind vorverpackte Lebensmittel - entsprechend der LMIV - grundsätzlich mit einem Verzeichnis zu versehen, in dem alle Zutaten "in absteigender Reihenfolge ihres Gewichtsanteils" aufgeführt sind. Unter dem Begriff "Zutat" seien dabei alle bei der Herstellung oder Zubereitung eines Lebensmittels verwendeten Stoffe zu verstehen, die unverändert oder verändert im Enderzeugnis vorhanden sind. Dies gelte auch für als Zutat verwendete Stoffe tierischen Ursprungs.

Nach derzeitiger Rechtslage, so heißt es in der Beschlussempfehlung weiter, handle es sich bei der Deklaration eines Lebensmittels als vegan beziehungsweise vegetarisch um die Bereitstellung freiwilliger Informationen. Die Bundesregierung habe auf Nachfrage mitgeteilt, dass die gewünschte Pflichtkennzeichnung wegen der Vielfalt freiwilliger Informationsbereitstellung nicht erforderlich sei. Aus Regierungssicht hätte dies einen großen Aufwand für die Unternehmen zur Folge und würde eine überflüssige Information für die Mehrzahl der Bevölkerung darstellen, "die kein Interesse an diesen Informationen hat".

Der Petitionsausschuss hat gleichwohl Verständnis für den Wunsch nach diesbezüglicher Kennzeichnung, schreiben die Abgeordneten in der Beschlussempfehlung. "Da eine Abweichung von den EU-rechtlichen Regelungen nicht zulässig ist, empfiehlt der Petitionsausschuss, die Petition dem Europäischen Parlament zuzuleiten", heißt es in der Vorlage.