El Informe Ordinario 2016 sitúa la institución del Valedor do Pobo como principal instrumento público garante de los derechos en Galicia

Date of article: 29/03/2017

Daily News of: 29/03/2017

Country:  Spain - Galicia

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A institución rexistrou indicadores que evidencian a súa utilidade e axilidade na atención aos problemas dos galegos. No ano 2016 incrementouse notablemente o número de persoas atendidas e de asuntos investigados. A valedoría admitiu a trámite o 99,4% das queixas presentadas. Antes de rematar o ano 2016 o 99,8% estaban concluídas.

Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2017. A valedora do pobo, Milagros Otero Parga,  entregó hoy el Informe Anual 2016 al presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices. Posteriormente, compareció ante los medios para dar cuenta de las cifras y aspectos más destacados del documento. El Informe Anual recoge la actividad desplegada por la institución durante 2016. El objetivo central de todas las actuaciones pasa por llegar al mayor número de ciudadanos para prestar la ayuda y asistencia necesaria. El número general de actuaciones de atención a la ciudadanía (quejas, atención telefónica y presencial) se incrementó este año en un 62% hasta conseguir la histórica cifra de 75.780. De ellas, 64.937 dieron lugar a expedientes de queja, lo que permitió al alto comisionado parlamentario investigar un total de 2.356 actuaciones administrativas.

La institución del Valedor do Pobo se consolida como un instrumento público que actúa con rigor, seriedad y eficacia en la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía. El objetivo conseguido en la anualidad consistió en llegar la más personas, organizaciones y entidades. El Informe Anual recoge la actividad de la institución en un año en el que se incrementó el número de personas atendidas (64.937) y lo de asuntos investigados (2.356 actos administrativos). Apenas un 0.6% de las quejas allegadas por las personas resultaron inadmitidas, un dato muy pequeño en comparación con anualidades anteriores y con los índices de rechazo de otras organizaciones.  La valedora confirma así que las personas constituyen la prioridad de la institución.

Además se redujeron los tiempos de gestión. La apuesta por la agilización de los trámites para que sean más claros y accesibles para la ciudadanía permitió que al final del año el 99.8% de las quejas tramitadas habían estado concluidas. Este dato eleva en 3 puntos los registro de la anterior anualidad.

Por primera vez en el histórico de esta institución más mujeres que hombres acudieron en auxilio de la institución del Valedor do Pobo. La proporción se situó en 65% frente al 35%.

En 2016 la institución del Valedor do Pobo promovió 21 quejas de oficio. Emitió además 103 recomendaciones a los entes públicos para corregir sus actos administrativos. De las 93 que obtuvieron respuesta dentro de la anualidad, resultaron aceptadas el 84%.

En general se detectó buena disposición de los entes supervisados para colaborar con el Valedor. No hubo declaraciones de hostilidad y sólo se tuvo que reclamar el cumplimiento de los deberes en un 0.15% de las investigaciones.

ACTUACIONES DESTACADAS
Un año más destaca el incremento en la presentación de iniciativas en grupo. Una muy numerosa hace que el área de sanidad despunte sobre del resto en cuanto a apoyo ciudadana. Reclamaba mantener abierto el Hospital Meixoeiro de Vigo para los servicios de urgencia y cirugías. Sin embargo, las cuestiones que más preocuparon a la ciudadanía, atendiendo al número de las situaciones denunciadas, fueron las relacionadas con las áreas de corporaciones locales (16% del total), empleo público e interior (13.54%) y sanidad (11%).

Protección de los usuarios de banca
La valedora denunció el incremento significativo de las quejas relacionadas con actuaciones de las entidades financieras. Se hace urgente evitar cesiones dudosas de créditos a sociedades gestoras de fondos “buitre”. Existe, por otra parte, una amplia margen de mejora en la protección de los deudores hipotecarios y personas afectadas por desahucio. Desde la institución se trabaja de oficio cada vez que se conocen situaciones de este tipo. La colaboración de las entidades financieras, en este marco, fue favorable aceptando la mayor parte de las recomendaciones dirigidas. Gracias a la colaboración con el Instituto Gallego de Vivenda e Solo (IGVS) se pudieron encontrar soluciones habitacionales para casos urgentes.

Pobreza energética
El Valedor considera que el suministro energético es esencial para la vida digna y necesaria para el ejercicio de otros derechos. La institución continúa con actuaciones para evitar que esta afecte a las personas en situación de vulnerabilidad severa. En esta área se trabajó intensamente por los derechos básicos de los usuarios y en la ampliación del bono social y el tícket eléctrico social para personas físicas económicamente vulnerables.

Convivencia ciudadana
Preocupan a la valedora los problemas de ruidos con incidencia en numerosas localidades de Galicia. La situación mejoró en muchos núcleos en los que la institución intervino, aunque queda mucho por hacer para armonizar los derechos de la ciudadanía y de los comerciantes.
La situación de difícil convivencia entre las personas sin techo y los titulares de negocios en el casco histórico de Santiago sigue sin resolver. La defensoría remitió una recomendación a principios de este año al Ayuntamiento de Santiago en la idea de que garantice los derechos de las personas sin hogar y haga cumplir las normas municipales en materia de convivencia. Aun no llegó la respuesta.

Garantizar las tareas de oposición
Por medio de 19 investigaciones se constató la tradicional resistencia existente en algunos ayuntamientos para facilitar información municipal a los miembros de la oposición. La institución del Valedor entiende imprescindible la labor de control y fiscalización que ejercen estos concejales, que precisan de información concreta para realizarla con pleno rendimiento, siempre que no se abuse ni entorpezca el normal funcionamiento de las administraciones locales.

Política sanitaria
El reto de la sanidad pública pasa ineludiblemente por la necesidad de conjugar una oferta de calidad sostenible con los recursos económicos y personales para conseguir un sistema de salud eficaz, equitativo y solvente. Es necesario mejorar la gestión de las listas de espera utilizando criterios de prioridad claros y transparentes. Esta premisa es aplicable también a juicio de la institución cuando se produzcan reorganizaciones de centros y servicios asistenciales.

Empleo público
El incremento de la oferta pública de empleo de la Xunta de Galicia tuvo su reflejo en las quejas llegadas la esta área en las que se solicita la supervisión del Valedor en el desarrollo de los procesos selectivos y, sobre todo, en el acceso a la revisión de pruebas y copia de los exámenes. Estas actuaciones son importantes en tanto en cuanto condicionan la cobertura futura de los puestos de interinidad.

Excesivo silencio de la administración
Un año más la valedora muestra su disconformidad con el excesivo amparo de las administraciones en la figura del silencio administrativo. La administración debe estar al servicio de la ciudadanía y, por lo mismo, debe contestar a sus peticiones con celeridad, claridad, justicia y responsabilidad.

Pensionistas que cotizaron en el extranjero
La institución mantiene abiertas actuaciones en relación con el impago de las pensiones a la personas gallegas que trabajaron y cotizaron en Venezuela. Estas personas, ante la sangrante situación, exigen ser protegidas, ya que el desamparo que padecen está atentando contra su dignidad y derechos fundamentales.

Menores
Se desplegaron actuaciones en 2016 hacia mejorar el funcionamiento de los centros de internamiento de menores en nuestra comunidad. El Valedor do Pobo se ocupó, por otra parte, de tratar de mejorar el funcionamiento del Instituto de Medicina Legal IMELGA en el que se refiere a los informes psicosociales de los rapaces y por mejorar las políticas de acogimiento en familia extensa.
La institución desarrolló acciones divulgativas en contra del consumo de alcohol en menores, haciendo llamamientos a los poderes públicos, a las familias y a los centros educativos.
Resta trabajo por hacer contra del acoso escolar, especialmente homófóbico y transfóbico ante situaciones que afloran en las quejas recibidas en materia de convivencia escolar.

Transparencia
En 2016 el Valedor do Pobo puso en marcha a Comisión de la Transparencia que hasta el momento recibió 73 reclamaciones sobre derecho de acceso a la información pública ejercido ante las administraciones gallegas. A día de hoy constan como finalizadas 50. En más de la mitad de los casos (27) se consiguió que las administraciones aludidas habían reconocido el derecho a acceder a las personas y les facilitaran la información pública demandada.

Personas LGTBI
En el ejercicio sometido a repaso a institución mantuvo activa su vigilancia en la protección de la diversidad sexual. Se desplegaron acciones divulgativas en centros escolares y foros de análisis y estudio de esta realidad. Destaca, entre otras acciones, el acompañamiento de la valedoría a una persona transexual en su proceso quirúrgico que, tras muchos atrancos, se desarrolló con éxito.

CASOS DE ÉXITO
El Valedor do Pobo consiguió en el ejercicio 2016 dar efectividad a los derechos de las personas en numerosas circunstancias en las que estas estaban especialmente desprotegidas. Valgan como ejemplo los siguientes casos:

Escuelas infantiles. Gracias a una recomendación del Valedor do Pobo, la Consellería de Política Social accedió a mantener abierta una escuela infantil por localidad durante los días laborables de los períodos no lectivos de Navidad y Semana Santa, independientemente del número de usuarios. De este modo se facilita las familias de niños menores de 3 años a posibilidad de conciliar.

Accesibilidad auditiva. Tras una visita a Pontevedra de la defensora, se activaron los mecanismos ante la Xunta de Galicia para que garantizara la instalación de los denominados bucles magnéticos en edificios públicos. Estos dispositivos ayudan mucho a la comunicación de las personas con problemas auditivos. En una línea semejante se consiguió que la administración autonómica accediera a crear, tal y como se le había recomendado desde el Valedor do Pobo, una tarjeta acreditativa de la discapacidad de las personas en Galicia.

Libre acceso a los cines de niños diabéticos. Por medio de una mediación, la institución consiguió que empresarios que gestionan salas de cine en Galicia permitieran acceder libremente a los recintos a niños diabéticos y personas con enfermedad intestinal. Demandaron la atención de la valedoría ante la necesidad de introducir bolsas en los recintos con material higiénico y sanitario.

 

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Gemeindebund zu Gast in der Volksanwaltschaft

Date of article: 29/03/2017

Daily News of: 29/03/2017

Country:  Austria

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Article language: de

18 Jahre war Helmut Mödlhammer Präsident des Österreichischen Gemeindebundes. Jetzt verabschiedet er sich aus seinem Amt. In der letzten Vorstandssitzung, die im Festsaal der Volksanwaltschaft stattfand, blickt er in seiner Rede auch auf 18 Jahre Gastfreundschaft und gute Zusammenarbeit mit der VA zurück.

Der guten Tradition folgend, lädt Volksanwältin Brinek schon jetzt die neue Führung dazu ein, die zukünftigen Bundesvorstandssitzungen auch weiterhin in den Räumlichkeiten der Volksanwaltschaft abzuhalten. Brinek, in deren Bereich die Prüfung der Länder und Gemeinden fällt, betont die zahlreichen positiven Kontakte zwischen der Volksanwaltschaft und den österreichischen Gemeinden. „Gemeinsam haben wir immer wieder neue Wege gefunden und erfolgreich an guten Lösungen für die Bevölkerung gearbeitet“, würdigt sie die Zusammenarbeit mit dem Gemeindebund.

 

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Volksanwältin Brinek bei Podiumsdiskussion zum neuen Erwachsenenschutzgesetz

Date of article: 27/03/2017

Daily News of: 29/03/2017

Country:  Austria

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Article language: de

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „FORUM Justiz“ nahm Volksanwältin Brinek an einer Podiumsdiskussion zum neuen Erwachsenenschutzgesetz in Innsbruck teil. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus der Justiz, debattierte Brinek über die geplante Reform der Sachwalterschaft. Das neue Gesetz soll diese Woche im Nationalrat beschlossen werden.

„In der geplanten Gesetzesreform ist vor allem der Wille der Betroffenen maßgeblich, “ so Brinek. „Bisher wurde zu früh, zu umfassend und zu selbstverständlich von dauerhafter Besachwalterung Gebrauch gemacht. Im neuen Gesetz stehen Selbstbestimmung und Autonomie im Mittelpunkt. Nun soll stärker auf die jeweiligen Bedürfnisse von betroffenen Personen eingegangen werden und auch die Rechte von Angehörigen werden gestärkt.“

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Guyane : le Défenseur des droits demande que l’égal accès aux droits et aux services publics soit respecté pour tous les habitants

Date of article: 27/03/2017

Daily News of: 29/03/2017

Country:  France

Author:

Article language: fr

Le Défenseur des droits, Jacques Toubon, s'est rendu en octobre dernier en Guyane afin de mieux apprécier le niveau de garantie de la protection des droits fondamentaux des habitants de ce département d'outre-mer.

Ce territoire, aux nombreuses singularités géographiques et humaines, est confronté à une pression démographique exceptionnelle et doit faire face à des enjeux d'aménagement pour créer et rendre accessibles les équipements et les services publics que la population d'un département français est en droit d'attendre, malgré un contexte de ressources budgétaires insuffisamment optimisées jusqu'alors.

Dans sa décision 2017-078 du 14 février 2017, le Défenseur des droits formule plusieurs recommandations dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la protection de l'enfance, de l'accès aux services publics pour lesquels il a constaté que de nombreuses défaillances administratives rendent difficiles, voire inopérantes, le principe d'égal accès aux droits et aux services publics.

Le rapport de mission de ce déplacement a mis en lumière les insuffisances et les déséquilibres en matière de services de santé. Le taux de mortalité infantile est près de trois fois supérieur à celui de la métropole, le nombre de tentatives de suicide et de suicides est particulièrement alarmant, surtout chez les jeunes amérindiens. Le Défenseur des droits recommande notamment de :

  • reconsidérer le maillage du territoire en structures de soins, d'accroître les moyens et leur pérennité à la permanence de soins et de santé pour les personnes les plus démunies ;
  • de lancer des programmes ciblés visant à lutter contre les maladies (dengue, tuberculose, , paludisme, VIH, etc)

En matière d'éducation, le Défenseur des droits recommande :

  • d'assurer une mise en œuvre effective de l'obligation scolaire sans omettre les enfants des peuples des forêts et des fleuves et les enfants étrangers ;
  • d'assurer l'accès à un repas/collation quotidien, d'assurer le transport scolaire à toutes et à tous les élèves (gratuité des transports fluviaux scolaires et création d'un nombre de places suffisantes pour garantir le déplacement de tous les élèves) ;
  • de mettre en place un plan d‘action en faveur de l'accès à l'école des enfants des communes isolées (développement des places d'internat, amélioration des conditions de transport scolaire fluvial).

En matière de services publics, il constate un non accès au droit, soit par méconnaissance du droit, soit par renonciation du fait des entraves physiques liées à la géographie de ce territoire. Le Défenseur des droits préconise entre autres autres

  • d’accélérer toutes les décisions et procédures permettant de réaliser les équipements publics nécessaires à l’équilibre en termes de desserte et d’accès au service public en général ;
  • d'élaborer des procédures simplifiées d'accès à l'information des personnes, en tenant compte de la fracture numérique et de la vulnérabilité d'une frange de la population.

Ce déplacement du Défenseur des droits, qui fait suite à une première mission exploratoire conduite en 2014, a permis également de développer l'essor du réseau local de l'institution, constitué dorénavant de huit délégués, d'installer un conseiller territorial permanent et cinq jeunes ambassadeurs des droits auprès des enfants.

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El Síndic evidencia las deficiencias en formación y protección del Cuerpo de Agentes Rurales para gestionar problemas de seguridad

Date of article: 28/03/2017

Daily News of: 29/03/2017

Country:  Spain - Catalonia

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Resolución relativa a la muerte de dos agentes rurales en Lleida

Es necesario que se apruebe el reglamento sobre la seguridad y la protección de los agentes rurales que determine en qué situaciones se debería llevar armas

Sugiere que se revisen de oficio los criterios para la obtención y la renovación de las licencias de armas


Recomienda que se aborde el debate del modelo de régimen de armas y de caza, se elabore una ley y que se reclamen las competencias

Más allá de constatar que es necesario reforzar las medidas de protección y seguridad del Cuerpo de Agentes Rurales, el Síndic de Greuges de Cataluña ha reclamado este martes, 27 de marzo, un debate más amplio sobre la situación del ámbito de la caza en Cataluña.

A raíz de la muerte de dos agentes rurales a manos de un cazador en un vedado de caza en Aspa (Lleida) el pasado mes de enero, el Síndic, abrió una investigación que ahora ha resuelto con la recomendación de que el Parlamento catalán elabore una ley de caza propia, de acuerdo con el modelo normativo y político que previamente se haya debatido y acordado. Además, este hecho debe implicar un traspaso de competencias por parte del Gobierno del Estado a la Generalitat en este ámbito.

En cuanto a la situación de los agentes rurales, el reglamento, que debería desplegar todas las cuestiones relativas a las medidas de seguridad y definir las situaciones en que se debería determinar la necesidad de llevar armas o no, y también el tipo de armamento, aún no se ha aprobado, a pesar del tiempo transcurrido y de haber sido una reivindicación histórica del Cuerpo. En este sentido, el Síndic recomienda su aprobación con diligencia.

A pesar de que los agentes rurales tienen encomendada una función a menudo coercitiva que ocasiona situaciones de riesgo concreto, que se están incrementando en los últimos años, no disponen de una prevención de riesgos laborales adecuada. Desde el año 1990 hasta mediados de febrero de 2017 se han recogido y documentado un total de 235 incidentes que corresponden a agresiones, desobediencias y situaciones de violencia en general. Los agentes afirman, sin embargo, que se han dado muchas más. En su resolución, el Síndic constata que es preciso dotar al Cuerpo de Agentes Rurales de una prevención y evaluación de riesgos específicos. También es necesario dotarles de los elementos de protección necesarios para el ejercicio de sus funciones y ofrecer la formación suficiente para utilizarlos.

En cuanto a la descoordinación detectada entre las fuerzas de seguridad implicadas, el Síndic constata que entre el Cuerpo de Agentes Rurales y los Mossos de Esquadra no existe un protocolo frente a las inspecciones y el control sobre los permisos de armas, a pesar de que sí que existe un protocolo de coordinación y colaboración en la ejecución de las funciones respectivas.

En cuanto a la colaboración con la Guardia Civil, es la misma que preside y rige las relaciones entre los diferentes cuerpos de seguridad, sin que exista un protocolo específico sobre intercambio de información en relación a la trayectoria que experimenta la licencia de armas concedida.

Con referencia a esta falta de coordinación, el Síndic propone que en el marco de la próxima Junta de Seguridad se elabore un protocolo concreto y específico en materia de inspecciones y controles sobre permisos de armas que prevea el intercambio de información entre el Ministerio del Interior, el Departamento de Interior y el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Además, en cuanto a la expedición de licencias de armas, recomienda que en el marco de esta misma junta de seguridad se proponga un seguimiento de oficio de las condiciones psicosanitarias de los titulares de los permisos y las licencias de armas que se otorgan para un periodo de cinco años. De la misma manera, considera que se deberían endurecer los criterios para obtener y renovar las licencias. Así, propone que los informes de aptitudes psíquicas y físicas para la obtención de licencias de armas tan sólo se puedan expedir en centros autorizados específicamente con este objeto y, además, sea necesario aportar un informe complementario de reconocimiento psicológico efectuado por un psicólogo y/o psiquiatra de la Seguridad Social.

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