Beim Katarakt oder Grauen Star handelt es sich um eine Trübung der Linse. Durch die Zunahme der Trübung verschlechtert sich das Sehvermögen, dabei wird etwa das Autofahren oder Lesen für die Betroffenen zunehmend schwieriger, ohne der Verschlechterung mit Brillen oder Kontaktlinsen entgegen treten zu können.  Eine Operation, bei der die Linse entfernt und durch eine Kunstlinse ersetzt wird, führt in den meisten Fällen zu einer Verbesserung der Sehkraft.

Eine Kärntnerin erhielt von ihrer Augenärztin eine Überweisung für eine Operation an das Klinikum Klagenfurt. Sie fiel aus allen Wolken, als sie das Schreiben des Klinikums Klagenfurt erhielt: Die Operation sei für Oktober 2017 vorgesehen – rund ein Jahr später!

Volksanwalt Kräuter diskutiert in der ORF-Sendung „Bürgeranwalt“ mit dem Vertreter des Gesundheitsministeriums (BMGF) Sektionsleiter Prof. Gerhard Aigner über die aktuelle Situation in Österreich und über Verbesserungsmöglichkeiten im Bereich der Wartezeiten bei Operationen.

Für Volksanwalt Kräuter ist eines klar: „Patientinnen und Patienten über ein Jahr für eine dringend benötigte Operation warten zu lassen ist unmöglich.“ 

Sektionsleiter Gerhard Aigner versichert, dass das BMG den Schock der Beschwerdeführerin verstehe, für die Vergabe der Operationstermine sei jedoch die KABEG als Rechtsträger des Klinikums Klagenfurt zuständig. Die Wartezeit, wie in dem speziellen Fall, ist laut Prof. Aigner „nicht im Interesse der Gesundheit der Menschen.“ Weiters führt er aus, dass die Wartezeiten speziell in Kärnten sehr hoch seien. In anderen Bundesländern, wie etwa Wien, belaufen sich die Wartezeiten des Wiener Krankenanstaltenverbundes (KAV) für einen solchen Eingriff auf etwa 3-5 Monate.

Volksanwalt Kräuter betont, dass es nicht nur um die Einschränkung der Lebensqualität, sondern auch um Gefahren, die sich aufgrund des verschlechterten Sehvermögens  im Haushalt ergeben, gehe. Wartezeiten über ein Jahr sind nicht akzeptabel.

* Aumenta la respuesta de las Administraciones y las resoluciones aceptadas
* La Institución atendió 3.084 personas
* Las actuaciones de oficio ascendieron a 128

Durante el año de 2016, el Justicia de Aragón tramitó 2.906 quejas frente a las 2.285 que se instruyeron el pasado año, y se dictaron 397 sugerencias, recomendaciones y recordatorios de deberes legales, mientras que el pasado año se emitieron 455. Por provincias, en Zaragoza se recibieron 2.199 quejas, en Teruel 185 y en Huesca, 183.
Estos datos son para la Institución un estímulo para seguir trabajando en el cumplimiento de las competencias atribuidas, en especial, la defensa de los derechos de las personas que viven en Aragón. En particular, el incremento en un 27 % de las quejas recibidas puede ser considerado un reflejo de la confianza de la ciudadanía en la Institución, a la que refuerza, no pudiendo olvidarse que su vocación, es el servicio a las personas.
Debe destacarse, además, que durante el año de 2016, las administraciones dieron una mayor respuesta a las Sugerencias dictadas y a los Informe emitidos, citándose como ejemplos, el Gobierno de Aragón y los Ayuntamientos de Zaragoza, Huesca, Teruel y Calatayud. Asimismo, fue uno de los años en los que las administraciones aceptaron un mayor número de Sugerencias, siendo el objetivo de la Institución la colaboración con las diferentes administraciones para buscar soluciones a los problemas planteados por los ciudadanos en sus quejas.
Las resoluciones aceptadas por las distintas Administraciones fueron el 64% de total de las remitidas, tres puntos por encima del porcentaje del año 2015, una cifra que puede verse incrementada próximamente porque están pendientes de respuesta 53 resoluciones. Las Sugerencias rechazadas fueron el 13% y no obtuvieron respuesta el 8%.
Este incremento de respuestas positivas, unido al importante número de casos en los que la pretensión ciudadana se solucionó o está en vías de hacerlo, favoreció que disminuyeran las resoluciones dictadas.
El mayor número de demandas ciudadanas fue debido a las diferentes iniciativas de la administración educativa aragonesa en materia de horarios, jornada continua y elección mediante el voto de las familias, sistema de mayorías, propuesta de voto por correo, cómputo del voto en los Colegios Rurales Agrupado, etc. El total de estos expedientes ascendió a 800, sobre un 1.054 del área de Educación. Estas cuestiones dieron lugar a varias Sugerencias que ya han sido aceptadas por la administración educativa.
Por el contrario, en 2016 por tercer año consecutivo, descendieron las quejas en el área de Asistencia Social, en un 39%, pasando de de 391 a 238, debido a que se han recibido menos quejas sobre la aprobación y renovación del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) y sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia. En opinión del Justicia de Aragón, la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales tramita con mayor agilidad los expedientes, lo que repercute de forma positiva, también, en la actividad de la Institución que, en consecuencia, redujo las resoluciones en esta área en un 69%.
Además de en el área de Educación, el año pasado se incrementaron las quejas en Empleo Público, Urbanismo, Seguridad Social, Derechos civiles y políticos, Contratación administrativa, Comercio y Agricultura. Los mayores porcentajes al alza se dieron en Empleo Público que pasó de 176 a 254 expedientes y en Urbanismo, de 80 a 110, un 69 y un 35%, respectivamente. En el primer caso, el motivo del incremento son las 53 quejas presentadas sobre el primer ejercicio de las pruebas selectivas para el ingreso al Cuerpo de Auxiliar Administrativo, celebrado el 19 de junio de 2016.
En cuanto al área de Urbanismo, el incremento se debe al interés directo de la Institución por supervisar las decisiones de las Administraciones locales para avanzar en la eliminación de barreras arquitectónicas que limitan los derechos de las personas con movilidad reducida.
Por el contrario, las quejas del área de Servicios Públicos y de Vivienda se redujeron un 41%; en el primer caso, fue debido a la finalización de los expedientes de oficio abiertos en 2015 para estudiar las actuaciones de supervisión y control de Parques Infantiles, en total, 27; respecto a Vivienda, descendieron las quejas sobre alquiler de VPO y las referidas a ayudas para la rehabilitación.
El número de personas que se dirigió a la Institución en el año de 2016 para presentar su queja, ascendió a 3.084, sin contar los ciudadanos que se sumaron a algunas de las quejas ya presentadas, y el total de los casos solucionados por la intervención del Justicia fue de 2.626.
En cuanto a las actuaciones de oficio, y de acuerdo con el número de Administraciones implicadas, destacan las investigaciones iniciadas para comprobar el cumplimiento de la legalidad por parte de los Ayuntamientos en materia de barreras arquitectónicas para favorecer obras de eliminación de obstáculos que conlleven ocupar espacio público (aceras, viales, etc.), el estudio del cumplimiento de la Directiva Europea 1999/31 sobre el sellado de vertederos, y la petición a los Ayuntamientos para que modifiquen su Ordenanza reguladora de la tasa de abastecimiento de agua y contemplen la posibilidad de refacturación por avería, siempre que la fuga de agua se deba a causas objetivas ajenas a la voluntad del usuario del servicio y que éste haya actuado con diligencia tanto antes como después de la detección de la avería.
También de oficio y en forma de Informe Especial, la Institución elaboró el pasado año un Informe titulado “Personas en situación de exclusión social en Aragón” en el que se presentaba un diagnóstico de la situación y proponían medidas para afrontarla. En síntesis, El Justicia de Aragón hace hincapié, en la necesidad de disponer de los instrumentos legales que permitan, por un lado, salir del círculo vicioso de la pobreza y la exclusión y por otro, dar respuesta adecuada a las situaciones de emergencia.
En otro orden de cosas, merece una reseña la actividad itinerante del Justicia de Aragón que en el año 2016 celebró 10 años desde que se pusiera en marcha. A lo largo de todo el ejercicio, Fernando García Vicente, recibió un centenar de personas y en total, la cifra supera las 700 personas.



Enlaces:

• Informe Anual 2016

De acuerdo con la normativa en materia de administración electrónica, el Síndic ha habilitado su sede electrónica, un sitio web que, a través de la red, permite consultar expedientes y hacer trámites que hasta ahora tan sólo se podían realizar de forma presencial en la sede física de la institución.  

Se trata de una plataforma complementaria al sitio web www.sindic.cat, desde donde se puede acceder, que vehicula las comunicaciones telemáticas entre el Síndic y los usuarios del servicio. En el diseño y configuración de la sede electrónica, el Síndic ha dado prioridad a la usabilidad y a la navegación intuitiva para facilitar y alentar a la ciudadanía y al resto de agentes a que interactúen con la institución desde esta plataforma.

Con la puesta en marcha de la sede electrónica, el Síndic pretende dar máxima transparencia a sus actuaciones. Así, las partes implicadas en un expediente de queja, por ejemplo, podrán consultar el estado de la tramitación y el tiempo de respuesta. Aún así, también se ha habilitado un sistema de seguridad para preservar la confidencialidad de los expedientes, especialmente en aquellas materias que son de especial sensibilidad.

Uno de los objetivos de la nueva sede es que tanto la ciudadanía como la Administración, las empresas y también las oficinas de ombudsman, con espacios diferenciados, se puedan relacionar con el Síndic por medios electrónicos con garantías de confidencialidad y de eficiencia. Todos ellos tienen un catálogo asociado de los trámites y servicios habilitados y pueden acceder a su documentación  y consultar sus expedientes de una manera ágil, sencilla y rápida. Además, disponen de un apartado de gráficos y datos en que pueden conocer la información más relevante o más solicitada.

La sede electrónica, en línea con el resto de la página web institucional, está hecha con un formato responsivo. Además, tiene implementado el servicio IDCAT-SMS, de manera que los usuarios podrán tramitar y consultar la documentación de sus expedientes desde cualquier dispositivo electrónico (móvil, tabletas, ordenadores de mesa, etc.). También, como la web general, la sede electrónica está traducida a 5 idiomas: catalán, castellano, aranés, inglés y francés.

Con la puesta en funcionamiento de la sede electrónica, el Síndic tiene como objetivo simplificar los trámites, eliminar la burocracia y ser más transparente.