La valedora do pobo mantiene abierta la actuación de apoyo a los pensionistas gallegos afectados por el impago del Instituto Venezolano de Pensiones desde hace más de 12 meses. Milagros Otero dirigió una carta al Defensor del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela en demanda de colaboración ante la gravedad de la situación social y económica de muchos de estos afectados.
Hace meses que la institución del Valedor do Pobo abrió una actuación de oficio por el impago de las pensiones a personas gallegas que trabajaron y cotizaron en Venezuela. La alarma social desatada por los amplios retrasos en el abono de las pensiones de los españoles, muchos de ellos gallegos, empeoró en los últimos tiempos. La dilación en los pagos, que ya supera en algunos casos los doce meses, está desembocando en situaciones críticas para personas que, como efecto de estos retrasos, pueden verse privadas de sus viviendas y tienen serios problemas para asumir el pago de los suministros domésticos.
Confirmada esta realidad, también por medio de las quejas que particulares han acercado en los últimos meses la esta defensoría, la valedora do pobo se dirigió al Defensor del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela para “solicitar su colaboración en pro de la pronta restitución de los derechos de las personas afectadas”. Tal y como le indica en esa misiva, el Instituto Venezolano de Seguros Sociales hace más de 12 meses que no abona las pensiones referidas, lo que está provocando graves situaciones personales y familiares de tipo económico y social.
La actuación de la valedoría se suma a lo actuado, a su instancia, desde el Defensor del Pueblo estatal, que se dirigió también a su homólogo venezolano y a las instituciones españolas, sin apreciar, en estas últimas, ninguna actuación irregular. Desde Madrid, la defensora instó a las autoridades españolas (Instituto Nacional de Seguridad Social, INSS) a incidir en que se cumpla con lo preceptuado en el convenio hispano-venezolano de seguridad social y se garantice el abono de las pensiones a los retornados de Venezuela. El INSS remite cada reclamación que recibe de forma individualizada al Instituto Venezolano de Seguros Sociales. También la Embajada de España en Venezuela da trámite a las reclamaciones que le remiten las personas afectadas por medio de su consejería de empleo y seguridad social.
A pesar de todo esto la situación permanece enquistada. La valedora está preocupada especialmente por la vulnerabilidad del colectivo de afectados: muchos de ellos padecen graves problemas de salud o tienen discapacidades reconocidas. La pensión es su único medio de subsistencia dado que por la edad o condiciones de incapacidad no pueden retornar al mercado laboral.
Milagros Otero confía en recibir pronta respuesta de su homólogo en Venezuela y encontrar en él la deseada colaboración. La valedora no cejará en su empeño en esta causa, al entender que la dignidad de estas personas y alguno de sus derechos fundamentales están comprometidos.
