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El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha abierto un expediente de oficio para recabar información sobre la situación de la familia kurda que ayer fue encontrada en un camión frigorífico que circulaba por la autopista A-23 a la altura de la estación de servicio de Ferreruela de Huerva (Teruel) La familia está compuesta por los padres y cuatro hijos menores de entre seis y doce años, según la información facilitada por la Guardia Civil a los medios de comunicación.

La intervención del Justicia se enmarca en su función de protección y defensa de las personas en general y los menores en particular. Como en otros casos de personas solicitantes de asilo y que residen en la Comunidad, el Justicia se ha interesado por la aplicación del Sistema español de Acogida e Integración de beneficiarios de protección internacional, en los aspectos concretos que son competencia de la Comunidad Autónoma.

La Institución ha mostrado especial interés por la situación de los menores y la necesidad de que sean escolarizados lo antes posible, con el acompañamiento necesario, tanto para el aprendizaje del idioma, como para su paulatina integración social.

El Síndic de Greuges ha sugerido al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias que retire el proyecto de ampliación donde está situado actualmente el centro de acogida La Misericòrdia de Girona, con la incorporación de un nuevo centro. El proyecto prevé alojar en un mismo edificio a los 38 niños y niñas que ya residen actualmente en situación de sobreocupación y a los 20 chicos procedentes del centro Mas Garriga.

Este proyecto de macrocentro puede suponer una vulneración del derecho a la recuperación física y psicológica de los niños y adolescentes tutelados, que ya han sido separados de su familia por el hecho de estar en situación de desamparo, y conlleva un claro retroceso en el proceso iniciado hacia un modelo cuanto más desinstitucionalizado mejor de la infancia tutelada en Cataluña.

Según el Síndic, los centros de acogida, donde los niños pueden permanecer legalmente un máximo de seis meses, a pesar de que a menudo sobrepasan con creces este tiempo de residencia, también deben responder a los estándares de calidad previstos actualmente para los centros residenciales. Esto quiere decir, tal y como ha recomendado el Síndic en informes anteriores, y de acuerdo con las directrices sobre las modalidades alternativas del cuidado de los niños aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas del año 2010, que los gobiernos deben establecer estándares de acogimiento para garantizar la calidad y las condiciones propicias para el desarrollo del niño (la atención individualizada y en grupos pequeños).

Además, la decisión de plantear el traslado y la consiguiente adaptación del centro de acogida La Misericòrdia contraviene las numerosas recomendaciones que aconsejan crear unidades de convivencia pequeñas y similares a las familias. También contradice la moción parlamentaria sobre la dignificación de la atención a la infancia, aprobada por unanimidad el 9 de febrero de 2017. El texto de la moción prevé la aplicación progresiva de diversas medidas con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los niños tutelados residentes en centros y, entre otros, la planificación de reducir, durante los próximos seis años, las plazas de cada centro hasta llegar a un máximo de diez o doce niños por centro, tal y como recomiendan diversos informes del Síndic de Greuges.

Por último, el Síndic lamenta y cuestiona el hecho de que no se haya dejado participar ni opinar a los niños y adolescentes afectados ni tampoco a los educadores y referentes a la hora de adoptar esta decisión.

En una visita reciente realizada a las instalaciones del centro de acogida La Misericòrdia, el Síndic también ha constatado deficiencias en el equipamiento y las condiciones materiales actuales del centro, que se podrían agravar con la incorporación al mismo de los adolescentes que actualmente residen en Mas Garriga.

El análisis de estas condiciones está siendo objeto de otra investigación específica por parte de la institución.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha aceptado una sugerencia del Defensor del Pueblo e impulsará la movilidad del personal funcionario y estatutario en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

El Defensor del Pueblo inició una actuación ante el Ministerio de Sanidad y ante todas las comunidades autónomas tras recibir la queja de un funcionario de la Comunidad Foral de Navarra que quería optar a una plaza de personal estatutario en Aragón.

La institución propuso la adopción de un modelo común de convenio de colaboración entre las administraciones sanitarias que permita que el personal funcionario de carrera y estatutario fijo de los servicios de salud pueda acceder a los procedimientos de movilidad voluntaria establecidos para ambos tipos de personal.

Sanidad ha comunicado que someterá dicha propuesta a la Comisión de Recursos de Humanos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para que sea debatida y en su caso, aprobada por el Consejo Interterritorial.

Incontro tra il Garante dei diritti, Andrea Nobili, ed il Presidente di Anci Marche, Maurizio Mangialardi. Nota alle amministrazioni comunali al fine di attivare una corretta formulazione dei bandi, evitando il rischio di discriminazioni

Alla luce delle segnalazioni pervenute nell'ambito del contrasto alle discriminazioni, il Garante dei diritti, Andrea Nobili, ha incontrato il Presidente dell'Anci (Associazione nazionale comuni italiani) Marche, Maurizio Mangialardi, per affrontare la questione relativa all'accesso dei cittadini stranieri al pubblico impiego, in base a quanto previsto dalla legge nazionale n. 97 del 2013.

Per il Garante, infatti, è necessario sensibilizzare la pubbliche amministrazioni al rispetto della norma, tramite la declinazione di bandi che riconoscano la possibilità di partecipazione anche ai cittadini extracomunitari, che abbiano il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Al termine dell’incontro Mangialardi e Nobili hanno definito un accordo sulla base del quale l'Anci Marche inoltrerà una nota alle amministrazioni comunali, al fine di attivare una corretta formulazione degli stessi bandi, evitando il rischio di adottare provvedimenti che abbiano caratteristiche di natura discriminatoria.