Comme chaque année, le Défenseur des droits s’associe à la journée internationale des personnes handicapées, le 3 décembre. Dans le cadre de ses missions, la défense des droits des personnes handicapées tient une place toute particulière. En tant que mécanisme indépendant chargé, depuis 2011, du suivi de l’application de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH), il assure une mission de protection, de promotion et de suivi de l’application des droits fondamentaux consacrés par la convention.

La mission de protection consiste à accompagner les personnes handicapées dans la connaissance et la défense de leurs droits, cela se manifeste notamment par le traitement des réclamations individuelles particulièrement l’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap.

La mission de promotion consiste, en lien avec la société civile et l’État, à sensibiliser les personnes handicapées ainsi que les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la convention, aux droits qu’elle contient, au sens qu’il convient de leur donner, à leur portée juridique, afin de prévenir toute discrimination.

La mission de suivi consiste à veiller à la conformité de la législation, des politiques publiques et des pratiques mises en œuvre par les différents acteurs, publics et privés, aux stipulations de la convention. Afin d’assurer pleinement cette mission, le Défenseur des droits coordonne un Comité de suivi, composé d’acteurs nationaux essentiels à la défense des droits des personnes handicapées.

En 2016 et 2017 le Défenseur a publié divers documents contribuant à la promotion et la mise en œuvre de cette convention. 

Le Défenseur des droits publiera le 13 décembre, jour anniversaire de l’adoption de la convention internationale relative aux droits des handicapées, un guide des aménagements raisonnables.

Exemple de cas traités par le Défenseur des droits.

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, en el Día Internacional de las personas con discapacidad, ha reiterado el compromiso de la Institución que dirige con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Barreras arquitectónicas

Recientemente, el Defensor ha iniciado una actuación de oficio con todas las comunidades autónomas para conocer si cuentan con fondos para subvencionar la supresión de barreras arquitectónicas en el entorno urbano, y si incluyen partidas presupuestarias para subvencionar programas específicos de los ayuntamientos en este sentido.

Además, en 2017, la Institución ha culminado una actuación iniciada con nueve ciudades para conocer sus planes municipales de accesibilidad. Todos los ayuntamientos consultados han iniciado obras para la eliminación de barreras arquitectónicas y cuentan con canales de comunicación con los vecinos para detectar barreras pero sólo tres de ellos tienen planes municipales de accesibilidad. Por ello, se ha sugerido a los municipios restantes la elaboración de planes de adaptación y supresión de barreras para promover la accesibilidad de los espacios públicos urbanizados.

La Institución también tiene muy presentes las barreras a las que se enfrentan los menores con discapacidad en el entorno urbano. Así, el Defensor valora positivamente que la Comisión de Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia del Senado haya recogido las recomendaciones efectuadas en el Estudio sobre Seguridad y Accesibilidad de las Áreas de Juego Infantil.

En el ámbito del transporte ferroviario y metropolitano, la Institución está tramitando quejas sobre las barreras que se encuentran las personas que utilizan estos medios transporte.

Otras actuaciones   

Una parte significativa del colectivo de personas con discapacidad precisa un mayor nivel de medicamentos y productos sanitarios que la población en general. Por este motivo, el Defensor ha recomendado la supresión del copago farmaceútico para las personas con discapacidad con grado reconocido.

Además, se está trabajando para solucionar casos de discordancia entre las certificaciones de los servicios sociales sobre grado de discapacidad y su tributación.

El Defensor del Pueblo recomendó, en junio de 2016, la modificación la LOREG para reforzar el derecho al voto de las personas con discapacidad de modo que sólo pueda privarse judicialmente del derecho al voto en supuestos de plena inconsciencia o absoluta falta de capacidad de conocimiento de la persona.

En materia educativa, la Institución también ha recomendado reiteradamente a las administraciones que adopten medidas normativas y presupuestarias para asegurar el derecho a la educación inclusiva, de acuerdo con los principios de la convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha formulado diez sugerencias y un recordatorio de deberes legales a la Dirección General de la Policía para que las personas extranjeras (todos son hombres de nacionalidad argelina) internadas en las instalaciones de Archidona (Málaga) gocen de los mismos derechos y garantías que en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Los pasados días 23 y 24 de noviembre, dos técnicos de la Institución, en su doble condición de Alto Comisionado de las Cortes Generales y Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, visitaron el Centro Penitenciario Málaga II (Archidona) en funciones de CIE de carácter temporal, en las que se han detectado numerosas carencias.

A pesar de que las instalaciones presentan mejores condiciones arquitectónicas que cualquiera de los CIE actualmente en funcionamiento, el Defensor tiene dudas sobre la idoneidad de su empleo para este fin, dado que las mismas habían sido designadas ya como centro penitenciario. No obstante, para la Institución resulta relevante que dicho centro no haya iniciado su actividad penitenciaria.

Situación del centro

El Defensor reconoce el esfuerzo de los funcionarios de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para habilitar estas dependencias; sin embargo, considera que la premura en la puesta en marcha de este centro supone que no todos los servicios, incluso algunos elementales, estén operativos.

Los internos permanecen en el patio desde el desayuno hasta la cena (excepto para la comida) sin poder pasar al resto de zonas comunes, incluido los baños. Esta ausencia de horario y actividades favorecen los incidentes entre los internos.

Otra medida que para el Defensor no favorece la normalización de la convivencia en el centro es que la gestión directa con los internos la están realizando agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) con su uniformidad e instrumentos habituales.

La Institución también ha constatado que no se están respetando las reglas mínimas para la custodia de las personas internadas en un CIE (carencia de atención sanitaria suficiente, información normas mínimas de funcionamiento del centro; ausencia horario y actividades, etc).

Según el relato de los internos entrevistados, el traslado al centro se realizó con los ciudadanos extranjeros unidos por la muñeca contraria mediante bridas.

En cuanto a las visitas de familiares se realizan en locutorios cerrados con mamparas aislantes de cristal, mediante teléfono y la privacidad no está garantizada.

Al Defensor también le ha llamado la atención que en los autos de autorización de internamiento que se han emitido por órganos judiciales de diferentes localidades (Alicante, Almería, Cartagena, Elche, Lorca o Vera) no consta el lugar exacto en el que se produjo la detención de cada una de estas personas cuando la norma establece que el juez competente es el del lugar de la detención.

Además, salvo en los autos procedentes de Elche, no se entra a valorar el hecho de autorizar el internamiento en unas instalaciones que tienen atribuido carácter penitenciario. Por otra parte, el centro en los diferentes autos recibe diversas denominaciones lo que genera dudas al Defensor sobre la información facilitada a los distintos órganos jurisdiccionales.

Sugerencias y recordatorio de deberes legales

Con independencia de que las condiciones arquitectónicas del centro sean mejores que las de cualquier CIE, las carencias detectadas no permiten considerar que los servicios sean similares a los de los centros de internamiento.

Por este motivo, para garantizar los derechos de los internos, el Defensor ha formulado diez sugerencias y un recordatorio de deberes legales:

• Sustituir como agentes de custodia a los miembros de la UIP por funcionarios policiales de las brigadas que habitualmente prestan servicios en los CIE.
• Proceder de manera inmediata al reconocimiento médico de todas las personas internadas en el centro.
• Establecer asistencia médico-sanitaria las 24 horas.
• Garantizar a cada interno la disponibilidad de sus objetos personales y de vestuario y su sustitución con una frecuencia aceptable.
• Establecer un horario diario de actividades para los internos.
• Garantizar que las visitas de familiares se realicen sin separación física por mamparas y en condiciones de privacidad.
• Facilitar los medios materiales para que los internos puedan comunicar su detención y lugar de internamiento a familiares o la persona que determinen.
• Establecer convenios con los colegios de abogados y ongs para hacer efectivo el derecho a la orientación jurídica y social.
• Habilitar los instrumentos necesarios para la formalización de reclamaciones, quejas e instancias a las distintas autoridades competentes.
• Completar los expedientes administrativos y devolver a los internos las copias de los autos de internamiento o cualquier otra documentación administrativa.

Por último, el Defensor ha formulado un recordatorio de deberes legales a la Dirección General de la Policía en el que le recuerda su obligación de velar por el respeto a la vida, integridad física y salud de los internos, especialmente en lo referido a impedir altercados entre ellos y en lo relativo a la existencia de planes de evacuación, prevención de incendios y almacenamiento de las imágenes y sonidos captados por los sistemas de videovigilancia.

El pasado 27 de octubre, tras la aprobación de dos resoluciones en el Parlamento de Cataluña, claramente fuera del marco constitucional con la pretendida declaración de independencia, a propuesta del Consejo de Ministros, el Pleno del Senado autorizó una amplia serie de medidas respecto a la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución española (CE). A partir de aquí, el presidente del Gobierno español ha adoptado diversos reales decretos que incluyen el cese del presidente, el vicepresidente y los consejeros del Gobierno de la Generalitat, y también de otros altos cargos del Gobierno, y la disolución del Parlamento de Cataluña; disolución que lleva aparejada la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre de este año. La Fiscalía General del Estado también ha planteado delante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional querellas penales contra las personas que han gobernado la Generalitat y contra la Mesa del Parlamento, que han sido admitidas a trámite por ambos tribunales.

En el marco de este contexto, el síndic de greuges, Rafael Ribó, ha informado este viernes 1 de diciembre, que ha abierto diversas actuaciones para garantizar la defensa de los derechos de los candidatos y del electorado ante la contienda electoral del próximo 21 de diciembre. La campaña, que empieza en tres días, concretamente el próximo día 5 de diciembre, podría celebrarse, en opinión del Síndic, sin preservar el derecho a la igualdad de condiciones para todas las candidaturas. Por este motivo, supervisará todas las posibles afectaciones y dificultades que puedan encontrar los candidatos para llevar a cabo la campaña.

Otro frente que preocupa al Síndic son las decisiones que está adoptando la Junta Electoral Central, las cuales considera que podrían enmarcarse fuera de sus competencias, e incluso, traspasando la legalidad constitucional. Nos encontramos frente a la censura previa de contenidos y expresiones diversas, tanto en cuanto a los candidatos, como a los medios de comunicación e incluso a la ciudadanía. Se trata, considera al Síndic, de una grave conculcación del derecho a la libertad de expresión o a la de manifestación. Hechos como la prohibición del color amarillo o las restricciones impuestas a los medios de comunicación públicos son un ejemplo.

Por último, el Síndic, también ha manifestado su voluntad de analizar la página web del Ministerio del Interior, para determinar si puede ser clasificada como mecanismo para incitar a la catalanofobia con el objetivo, en este caso paradójico, de denunciar los delitos de odio.

El Síndic ha anunciado estas nuevas líneas de investigación en el marco de la presentación pública del informe de síntesis de las actuaciones realizadas en torno a los hechos del 1 de octubre. Además, suponen una continuación de la tarea iniciada en el pasado mes de abril con la publicación de un informe sobre los retrocesos democráticos en el reino de España en los últimos años. Ahora, en Cataluña, especialmente preocupantes a raíz de la aplicación del artículo 155.

Los hechos en torno al 1-O

Tras realizar un seguimiento de las actuaciones policiales llevadas a cabo el 1 de octubre a partir de las quejas recibidas y de la información a qué se ha accedido desde diversos canales, el Síndic inició una actuación de oficio. Rafael Ribó considera que, a pesar de que la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña era clara en cuanto al cierre de los colegios electorales, también señalaba que era preciso ejecutarla “sin afectar a la normal convivencia ciudadana".

El síndic de greuges ha enviado puntualmente al comisario informaciones acerca del contexto social y político en España y Cataluña; en concreto, le ha trasladado información sobre la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado durante el 1 de octubre y la voluntad de la institución de dilucidar responsabilidades judiciales y policiales. “Os insto a que aseguréis, con la colaboración de otros organismos responsables de la seguridad, que se lleven a cabo, de forma ágil, independiente y efectiva, investigaciones sobre las acusaciones contra los cuerpos policiales de haber hecho un uso desproporcionado de la fuerza el pasado 1 de octubre en Cataluña”. Este es el requerimiento que el comisario europeo de Derechos Humanos ha enviado recientemente (4 de octubre) al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. El síndic también pone de relieve el compromiso que el ministro Alfonso Dastis adquirió ante el Secretario General del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland, a fin de iniciar una investigación sobre el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiales. En este sentido, destaca las conclusiones a las que han llegado organismos internacionales de reconocido prestigio, como pueden ser Human Rights Watch o Amnistía Internacional.

El síndic ha manifestado su sorpresa ante el anuncio de suspender la comisión que debía analizar los hechos en el Parlamento de Cataluña, así como que no se haya articulado ningún mecanismo para hacerlo en el Congreso de los Diputados.

La aplicación del artículo 155 CE

La actuación del Tribunal Constitucional que suspende o declara inconstitucionales leyes aprobadas por el Parlamento o declaraciones posteriores demuestra que dentro del ordenamiento vigente existen medidas jurídicas para garantizar el respeto al ordenamiento constitucional más adecuadas que el uso que se ha hecho del artículo 155 CE. Además de no haberse fijado un límite temporal de la excepcionalidad de manera explícita, las medidas adoptadas por el Gobierno del Estado podrían vulnerar el derecho fundamental a la participación política de toda la ciudadanía de Cataluña, reconocido en los artículos 23 de la Constitución y 3 del Protocolo adicional al Convenio europeo de derechos humanos.

El ejercicio del mandato parlamentario de los cargos electos está protegido por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en aplicación de este último precepto y, desde este punto de vista, la destitución del Gobierno catalán en pleno vulnera el derecho a la participación política de toda la ciudadanía de Cataluña, con independencia de las opciones que votara en las elecciones de septiembre de 2015. Esto es así en tanto que esta destitución se produce con una posible transgresión del mismo ordenamiento jurídico español, puesto que ningún precepto de la Constitución española, incluido el artículo 155 CE, prevé que se pueda adoptar una medida de esta naturaleza.

Esta resolución puede ser impugnada judicialmente por los ciudadanos, incluso en amparo constitucional, por quienes consideren lesionado su derecho de participación. Por su parte, frente a irregularidades cometidas en sede parlamentaria que lesionan sus derechos, los parlamentarios disponen, como ya ha advertido al Síndic, de la vía del recurso específico previsto en la Ley del Tribunal Constitucional.

A su vez, la interpretación que han realizado el Senado y el Gobierno del artículo 155 parece contraria a otros preceptos constitucionales. Las decisiones adoptadas sobre la competencia de disolver el Parlamento y convocar elecciones, así como de cesar al presidente y al Gobierno, pueden transgredir el derecho a la autonomía reconocida en el artículo 2 de la CE y el sistema desplegado en el título VIII. No obstante, las elecciones convocadas para el 21 de diciembre se deben poder desarrollar con todas las garantías democráticas y sin ninguna amenaza ni advertimiento respecto a sus resultados. Y, en todo caso, el Gobierno español se debería comprometer públicamente a levantar las medidas excepcionales adoptadas una vez se forme, libremente y según las previsiones estatutarias, el nuevo gobierno de la Generalitat.

Además, con independencia de que la suspensión del autogobierno de Cataluña se pueda considerar una vulneración intrínseca de derechos o no, el hecho de que desde el lunes la Administración de la Generalitat de Cataluña se gobierne a distancia, por instancias ajenas a la voluntad popular expresada por la ciudadanía de Cataluña y que no responden ante sus legítimos representantes, puede generar un riesgo de mala administración y de potenciales vulneraciones de derechos.