Técnicos del Defensor visitaron el martes 3 de enero el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid, tras aprobar el Consejo de Ministros del 30 de diciembre la contratación de obras para reparar deficiencias en las mismas.

La institución ha reiterado las sugerencias ya formuladas  para la mejora de las instalaciones del CIE y ha pedido a la Dirección General de la Policía habilitar una sala multiconfesional y otra multiusos para ocio y formación, con material suficiente.

También ha solicitado que se pinten todas las dependencias del centro e instalar cámaras de videovigilancia para cubrir los espacios que aún carecen de ellas.

El Defensor del Pueblo ha valorado positivamente la instalación de cámaras en las habitaciones de separación temporal y la puesta en marcha de un sistema de apertura mecánica de las puertas de las habitaciones.

La institución está a la espera de recibir respuesta a las sugerencias que formuló en su anterior visita realizada el 26 y 27 de octubre de 2016.

Entre estas, destacan la solicitud de asistencia sanitaria permanente en el centro, el acceso a la historia clínica completa e informatizada, que el idioma no suponga obstáculo para los servicios sanitarios y que se realice un examen médico a las personas repatriadas y se acompañe con su historia clínica.

El pasado 20 de diciembre la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, compareció ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para dar cuenta de la supervisión que realiza la institución de estos centros, y específicamente del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, Madrid.

La Institución centró sus esfuerzos en facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios que presta. Redujo los tiempos medios de sus respuestas y reformó su página web www.defensordelpueblo.es, para optimizar la transparencia e informar de todas las actividades que realiza.

Actualmente se emplea una media de 27,99 días en responder a los ciudadanos, frente a los 62 días que se tardaba en 2013. Se publicaron cuatro encuestas en la página web para recabar información directa que la institución utilizará para elaborar informes sobre asuntos relevantes: necesidades de los celiacos, barreras arquitectónicas en vías y espacios públicos, inicio del curso escolar y cesión de créditos.

Se publicaron los informes anuales de 2015, el Informe Anual del MNP  2015, un informe de actividad del Primer semestre del año 2016 y los siguientes estudios monográficos:

“Los niños y adolescentes en el informe del Defensor 2015”

“Las personas con discapacidad en el informe del Defensor 2015”

“El asilo en España. La protección internacional y los recursos del sistema de acogida”

“Los derechos de las víctimas de ETA. Su situación actual”

 

ACTUACIONES Y RECOMENDACIONES RELEVANTES

La Institución formuló más de 1700 resoluciones, dirigidas a las diferentes administraciones para proponer cambios normativos y mejoras a favor de los ciudadanos e inició 870 actuaciones de oficio.

Los asuntos más relevantes abordados a lo largo del año fueron:

Refugiados

Se formularon 26 recomendaciones para mejorar el sistema de acogida e integración de quienes buscan refugio en España. Asimismo, se ha reclamado una política común de asilo en toda la UE “para evitar que la burocracia y los diferentes criterios en procedimientos y plazos conviertan las solicitudes en laberintos para solicitantes y funcionarios”. La institución organizó, en octubre junto a ACNUR, una jornada para impulsar la coordinación entre administraciones y agilizar la acogida e integración de refugiados en España. La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, visitó en diciembre los campos de refugiados de Termopilas y Eloneas en Grecia.

Violencia de género

Se realizaron recomendaciones a las administraciones para mejorar la detección de riesgo y la protección de las mujeres víctimas de malos tratos y de sus hijos. Tras pedir el Defensor del Pueblo la actualización de los indicadores de valoración policial, la Dirección General de la Policía puso en marcha el nuevo protocolo para la valoración policial del riesgo de violencia de género y de gestión de seguridad de las víctimas.

Protección de los deudores hipotecarios

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 21 de diciembre de 2016, obliga a las entidades a devolver todo lo cobrado con las cláusulas suelo de las hipotecas. El Defensor del Pueblo propuso la creación de un sistema extrajudicial que evite que los clientes afectados tengan que acudir a los tribunales. El Defensor también insistió en la necesidad de regular la prestación de servicios de recobro de cantidades impagadas para evitar que algunas empresas utilicen métodos poco éticos para cobrar las deudas.

Comisiones en cajeros automáticos

El cobro de nuevas comisiones por la retirada de dinero de cajeros automáticos ajenos a la entidad bancaria emisora de la tarjeta motivó la actuación de la institución, que abogó por aplicar una tarifa máxima y por ofrecer información clara y precisa que permita a los clientes decidir qué cajero utilizar.

Medio ambiente

Se preguntó a 14 ayuntamientos por sus planes de acción a corto plazo para luchar contra la contaminación atmosférica y sobre la información proporcionada a la población. También se pidió al Gobierno balear que justificase la rebaja de la protección ambiental de los espacios naturales, tras la entrada en vigor de la Ley de evaluación ambiental, aprobada en agosto. La institución pidió asimismo información a las administraciones tras producirse el incendio del vertedero de neumáticos de Seseña.

Pensiones escritores jubilados

La Plataforma “Seguir Creando”, integrada por artistas y creadores, solicitó la intervención de la institución por la situación de muchos profesionales de la cultura, que han tenido que elegir entre continuar su labor artística o cobrar la pensión de jubilación. La institución pidió a la Administración mayor flexibilidad para que se pueda compatibilizar el cobro del total de la pensión con los ingresos procedentes de actividades profesionales.

Pacientes oncológicos

Se realizaron actuaciones para proteger los derechos de los pacientes oncológicos, por ejemplo, para resolver posibles carencias en la atención a menores; para conocer si existen retrasos en la incorporación de los nuevos antitumorales al Sistema Nacional de Salud; para que se incorporen a la cartera de servicios los test genómicos para determinar la idoneidad de la quimioterapia en cánceres de mama y para dotar de especialistas en oncología a hospitales que carecían de este personal.

Protección del alumnado con discapacidad

Se iniciaron actuaciones ante la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades y las Consejerías de Educación de las comunidades autónomas sobre la regulación de las condiciones que deben reunir las aulas de educación especial que funcionan en centros ordinarios, destinadas a la atención de alumnos con trastornos generalizados del desarrollo (TGD). También se ha actuado de oficio ante las universidades públicas españolas para conocer si sus procedimientos de admisión para estudios de Máster y Doctorado prevén reservar un porcentaje de plazas a estudiantes con discapacidad.

Agresiones a funcionarios públicos

El Defensor también se ha interesado por el aumento de agresiones a funcionarios públicos y mantiene abierta una actuación al respecto.  

Trata de seres humanos

Se realizaron recomendaciones para mejorar la coordinación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad nacionales y autonómicos en la lucha contra la trata de seres humanos y para tramitar de manera preferente la solicitudes de autorización de residencia y de trabajo por circunstancias excepcionales formuladas por las víctimas de este delito.

Presos españoles en el extranjero

El Defensor del Pueblo continuó su labor para asegurar que los presos españoles en el extranjero reciben las visitas y la ayuda precisa por parte de los consulados, especialmente en materia de acceso a la medicación, e información sobre su situación procesal y penitenciaria. El Defensor también intervino para agilizar el traslado a España de presos ya condenados y realizó actuaciones de carácter humanitario.

Actividad del Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura (MNP)

En 2016 se realizaron más de 100 visitas a centros de privación de libertad. El MNP formuló 10 recomendaciones, 319 sugerencias y 3 recordatorios de deberes legales. También inició 131 expedientes de oficio. Además, técnicos de la institución supervisaron dos vuelos de repatriación de ciudadanos extranjeros, organizados por España (vuelo FRONTEX), de Madrid a Colombia y República Dominicana.
 

La guerra en Siria ha alcanzado las cotas más altas de destrucción que cabe pensar. Las imágenes del este de Alepo, como ejemplo, podrían ser las de una ciudad polaca o alemana, tras la segunda guerra mundial. Los corredores humanitarios para evacuar a la población han sido muy difíciles y de enormes riesgos.

Por fin, tras muchas voces que han clamado por un alto el fuego, incluido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, presidido por España, se ha alcanzado una nueva tregua.  La guerra de Siria con varios frentes es de muy difícil comprensión para quienes vivimos lejos: un ejército gubernamental con aliados potentes que le apoyan, una coalición de fuerzas opositoras, grupos armados de un nuevo y pretendido estado. Y por todo ello, un país empobrecido, con población que huye, con otra que no puede hacerlo y malvive, y  cientos de miles de personas desplazadas.

Italia y Grecia  reciben a muchos de aquellos que huyen de los bombardeos y de las persecuciones, por medios paupérrimos y salvados por fragatas, entre ellas, españolas. En Grecia hay 62 campos de refugiados pues llega una media de setenta y cinco personas al día. El campo de Eleonas, en Atenas, acoge a 2.050 personas, en su mayoría sirias.

No parece posible que en el siglo XXI las grandes potencias no alcancen un acuerdo de paz. Aquellas que actuaron en la Segunda Guerra Mundial han reconocido los terribles daños que sus acciones causaron. Setenta y cinco años después, Estados Unidos y Japón así lo han hecho. Perdón no han pedido pero han dicho que algo semejante, nunca jamás.

En Siria no se persigue la ocupación de otros países, no hay portaaviones que hundir, no se lanzan bombas atómicas, pero el desastre de una guerra de cinco años tendrá, también, consecuencias para décadas y décadas. Como siempre hemos dicho que para cortar esta catástrofe humanitaria la paz era imprescindible, nos alegramos del  alto el fuego y esperamos que se alcance la paz.

Quienes buscan refugio llegan a la Europa próspera, como hace pocos días llegaron a España ciento noventa y ocho personas. Esta vez la política común europea para la acogida de refugiados, que tanto reclamamos, parece que puede funcionar.
 

Se valora positivamente el anuncio de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, de reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) para evitar que las personas incapacitadas judicialmente se vean privadas del derecho al voto.

El Defensor del Pueblo recomendó, en junio de 2016, la modificación de la LOREG para reforzar el derecho al voto de las personas con discapacidad de modo que sólo pueda privarse judicialmente del derecho al voto en supuestos de plena inconsciencia o absoluta falta de capacidad de conocimiento de la persona.

El derecho de sufragio, recogido en el artículo 23 de la Constitución, debe ser interpretado de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales suscritos por España. Entre estos tratados se encuentra la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dedica su artículo 29 a la participación política, incluido el derecho a votar. Sin embargo, el artículo 3.1 de la LOREG permite la privación del derecho al voto en sentencias judiciales de incapacitación y en casos de internamiento en centros psiquiátricos.

Según datos de la Oficina del Censo Electoral, en las elecciones generales de 2000 carecieron de derecho al voto 12.709 personas; en las de 2004, 31.262; en las de 2008, 55.949; en las de 2011, 79.233; y en las de 2.015, 96.418.

Estas cifras comprenden los tres supuestos del artículo 3.1 de la LOREG: a) los condenados a la pena de privación del derecho de sufragio; b) los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio; c) los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que dure su internamiento siempre que en la autorización el Juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio.

Por ello, el Defensor del Pueblo reitera su recomendación y considera que la  reforma de la LOREG debe tener en cuenta la recomendación de revisión normativa que formuló el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas a España en 2011 para que todas las personas con discapacidad, independientemente de su deficiencia, de su condición jurídica o de su lugar de residencia, tengan derecho a votar y a participar en la vida pública.

El Defensor del Pueblo considera, en la línea defendida por la Fiscalía General del Estado, que la única privación judicial del voto que debería incluir la reforma sería en supuestos de plena inconsciencia o absoluta falta de capacidad de conocimiento de la persona.

La institución confía en que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tengan en cuenta sus recomendaciones para abordar esta reforma de la Ley Electoral.
 

Am 22. Dezember 2016 empfing Volksanwältin Gertrude Brinek den Minister für Parlamentsreformen und Medien Herr Hon. GAYANTHA KARUNATILAKA und die Sri-lankische Botschafterin in Österreich H. E. PRIYANEE WIJESEKERA zu einem Arbeitsgespräch.


Volksanwältin Gertrude Brinek erläuterte die Arbeitsweise und Aufgaben der Volksanwaltschaft. Besonderes Interesse zeigte die Delegation aus Sri Lanka am Zusammenwirken zwischen Parlament und Volksanwaltschaft sowie an der konkreten Handhabung von Beschwerden und den Ergebnissen der Prüfungsverfahren. In diesem Zusammenhang wurde vonseiten der Volksanwaltschaft nicht nur die Wichtigkeit der Präsentation des Jahresberichtes im österreichischen Parlament betont, sondern auch eine gute Vermittlung und Präsenz von relevanten Themen in den Medien. Die wöchentliche Ausstrahlung ausgewählter Fälle der Volksanwaltschaft in der ORF Sendung „Bürgeranwalt“ ist für die Volksanwaltschaft hier von großer Bedeutung.

Abschließend bedankte sich Volksanwältin Gertrude Brinek für das rege Interesse an der Volksanwaltschaft und für den erfolgreichen Erfahrungsaustausch zwischen den Einrichtungen.