El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha presentado hoy en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo Congreso y Senado tres informes monográficos. Se trata de una Guía de buenas prácticas en contenciones mecánicas y los estudios La situación de las personas con enfermedad celíaca en España y Protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica.


Contenciones mecánicas

Francisco Fernández Marugán ha presentado una Guía de buenas prácticas en contenciones mecánicas que tiene por objetivo difundir los criterios de la Institución en actuaciones que requieran el empleo de las mismas.

El Defensor del Pueblo que, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, visita centros de privación de libertad, detectó la existencia de diferencias muy notables respecto a la frecuencia, forma de llevar a cabo y manera de registrar la realización de contenciones o sujeciones mecánicas y por ello decidió realizar esta guía.

La Institución pide en este documento que las sujeciones mecánicas se apliquen de manera excepcional, que su duración sea la mínima imprescindible, que se usen medios e infraestructuras idóneas y que exista un adecuado control mediante un acompañamiento y supervisión permanentes.

Fernández Marugán ha insistido en la necesidad de que exista una regulación específica de este tipo de medidas coercitivas que “ofrezca mayores garantías a los internos y un marco de actuación mejor definido a los funcionarios”.

El Defensor también ha mostrado su preocupación por el uso de este tipo de contenciones en las residencias para personas mayores. Así ha hecho hincapié en que las sujeciones “deben ser la última opción” y las personas a las que se les apliquen estos medidas “siempre deben estar sometidas a vigilancia”.

La situación de las personas con enfermedad celiaca

El Defensor también ha expuesto las conclusiones del estudio La situación de las personas con enfermedad celíaca en España que dirige 22 recomendaciones a 59 organismos de las administraciones estatal y autonómica para mejorar la vida de las personas que sufren esta enfermedad crónica cuyo único tratamiento posible es seguir una dieta sin gluten.

El objetivo de este estudio es animar a la investigación de la enfermedad, divulgar la importancia de los diagnósticos y de la especialización médica, dar a conocer las necesidades y los costes en productos alimenticios y las dificultades a las que se enfrentan para seguir su dieta.

Fernández Marugán también ha destacado que “una enfermedad crónica como es la celiaquía no está debidamente cubierta por el actual sistema social y sanitario” por lo que ha animado a las administraciones a que apliquen ayudas sociales o de compensación fiscal para estos pacientes y en especial a los de menor renta.

Protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica

Francisco Fernández Marugán ha valorado positivamente la nueva regulación del bono social eléctrico aprobada recientemente que recoge las recomendaciones formuladas por la Institución en el estudio Protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica.

La nueva normativa establece la renta como criterio para acceder al bono social e introduce medidas que protegen a los consumidores en el mercado libre, tal y como había recomendado el Defensor del Pueblo.

También contempla que no se corte el suministro por impago sin antes verificar con los servicios sociales la posible situación de vulnerabilidad de los consumidores afectados. Para el Defensor esta medida es especialmente relevante.

Otras recomendaciones de la Institución que incorpora el nuevo bono social eléctrico son la modulación del umbral de renta para proteger a determinados colectivos (menores, mayores y personas con discapacidad).

En las conclusiones de las jornadas sobre protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctricas organizadas por el Defensor del Pueblo en marzo de 2017, la Institución destacaba la importancia de proteger los hogares donde residan menores de edad, personas mayores y personas con discapacidad.

En opinión de Fernández Marugán, “hay que valorar el principio de interés superior del menor, y el hecho de que la falta de suministro eléctrico afecta al derecho fundamental a la educación, porque en los meses de invierno los menores han de realizar sus tareas escolares después de la puesta de sol”.

Del mismo modo, para el Defensor, “las personas mayores y las personas con discapacidad cuentan con unas necesidades particulares que no pueden olvidarse”. Así, también ha recordado, la importancia de garantizar el suministro a los pacientes electrodependientes.
 

En France, 1 femme sur 5 déclare avoir été victime de harcèlement sexuel au travail mais rares sont les femmes qui osent entamer une action en justice, et ce selon les résultats d’une enquête  publiée par la Défenseur des droits en 2014[1].

Les gestes et propos à connotation sexuelle sans le consentement de la personne et un environnement de travail avec des blagues à caractère sexuel sont, avec le chantage sexuel et l'envoi de message à caractère pornographique, les manifestations les plus rapportées.

Face à ce constat, le Défenseur des droits souhaite rappeler que le harcèlement sexuel, encore trop souvent banalisé, est interdit par la loi. Il invite les personnes concernées à faire valoir leurs droits, notamment en le saisissant.

Dans cette même enquête de 2014, le Défenseur des droits montre que le harcèlement est le plus souvent commis par un collègue (41%) ; viennent ensuite l'employeur (22%), le supérieur hiérarchique (18%) et le client. Face à ces situations, les femmes ne peuvent le plus souvent que compter sur elles-mêmes. Dans ce contexte, seuls 3 cas sur 10 sont rapportés à la direction ou à l'employeur et près d’un tiers des victimes n'en parlent à personne.

Partant de ces constats, le Défenseur des droits s’est engagé, depuis plusieurs années, dans diverses actions d’information et sensibilisation contre le harcèlement sexuel. En 2018, il entend poursuivre et étendre son action, et ce en faisant connaître au travers d’une campagne contre le harcèlement sexuel les droits et le recours dont disposent les victimes. C’est dans ce cadre qu’il a lancé un appel à concours portant sur la réalisation d’un court-métrage dont la diffusion constituera un des outils de sensibilisation contre le harcèlement sexuel développé par le Défenseur des droits.

Enfin, si l’information et la sensibilisation à l’accès aux droits figurent au titre des missions du Défenseur des droits, il est aussi l’institution de recours à laquelle les personnes victimes de harcèlement sexuel peuvent faire appel. A titre d’exemple, le Défenseur des droits a été saisi en 2016 d’une réclamation relative à des faits de harcèlement au sein d’une équipe d’une entreprise : blagues grivoises fondées sur le sexe, insultes, circulation de vidéos suggestives. Dans son enquête, le Défenseur des droits a constaté l’existence d’un harcèlement sexuel basé sur des agissements sexistes qui ont, ensuite, été sanctionnés par la Cour d’appel d’Orléans en tant que « harcèlement environnemental ». Ainsi, la cour d’appel d’Orléans, dans une décision du 7 février 2017, a condamné l’entreprise à 78 500 € de dommages intérêts en considérant que « le harcèlement sexuel peut consister en un harcèlement environnemental ou d’ambiance, où, sans être directement visée, la victime subit les provocations et blagues obscènes et vulgaires qui lui deviennent insupportables ».