Si è tenuto lo scorso 6 ottobre in Firenze, in Palazzo Bastogi, il Seminario dal titolo: “Il Difensore Civico per rafforzare la democrazia deliberativa e la soluzione dei problemi dei cittadini”.

I lavori sono stati aperti dal saluto istituzionale del Presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, cui sono seguiti l’intervento del Difensore civico della Toscana, Lucia Franchini, quindi l’introduzione di Fabrizio Di Carlo, Difensore civico della Regione Abruzzo e Coordinatore nazionale dei Difensori civici regionali e la relazione di Stefano Ceccanti, dell’Università La Sapienza di Roma; in chiusura l’intervento di Franco Iacop, Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome.

L’incontro, cui hanno partecipato numerosi Difensori Civici Regionali, ha inteso affrontare in modo coordinato gli aspetti sempre più “a carattere policentrico” connessi al ruolo del difensore civico, a quarant’anni dall’inserimento di questa figura nel procedimento amministrativo e quindi nel rapporto tra cittadino e istituzioni.

L’evento costituisce il primo step di un percorso di approfondimento sui temi della Difesa Civica in Italia, nelle Regioni ed in Europa cui la Conferenza dei Presidenti della Assise Regionale ha dichiarato di attribuire grande rilievo.

In tale prospettiva, la Conferenza si è impegnata a porre in essere ogni iniziativa utile alla istituzione del Difensore Civico Nazionale, ed a far approvare dal Parlamento Nazionale una legge quadro sulla Difesa Civica.

Nello stesso spirito, sarà avviata una riflessione comune sulla possibilità da parte delle Regioni di nominare il Difensore Civico Regionale quale Garante del Diritto alla salute, ai sensi dell’art. 2 della Legge 24/2017, che sembra costituire una straordinaria opportunità di miglioramento della gestione del servizio sanitario, nello spirito di una maggiore fiducia del Cittadino nelle Istituzioni, in un rapporto più diretto, più trasparente, più garantito.

Questo articolo è stato pubblicato in In evidenza, Notizie il 10 ottobre 2017 da Paola Martinelli.

Le Défenseur des droits, Jacques Toubon, à l’issue de l’instruction menée par ses services sur le projet d’ouverture de l’annexe judiciaire du tribunal de grande instance de Bobigny dans la zone aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle, adresse ses recommandations à Madame Nicole BELLOUBET, ministre de la Justice, Garde des Sceaux, et Monsieur Gérard COLLOMB, ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.

Cette annexe du tribunal de grande instance de Bobigny doit être dédiée prochainement à la présentation des étrangers maintenus en zone d’attente devant le juge des libertés et de la détention.

En mai 2017, le Défenseur des droits avait décidé de s’autosaisir suite à l’annonce de l’ouverture prochaine de cette annexe afin de vérifier les conditions dans lesquelles les droits procéduraux des personnes jugées pourraient être garantis.

Compte tenu des éléments portés à sa connaissance, et eu égard aux vérifications et constatations effectuées sur place en juin dernier, le Défenseur des droits considère que les garanties procédurales fondamentales ne sont à ce jour pas réunies pour permettre la tenue des audiences au sein de l’annexe.

Le Défenseur des droits estime que le droit à une juridiction indépendante et impartiale, la publicité des débats judiciaires et les droits de la défense sont susceptibles d’être gravement compromis par le dispositif procédural actuel et les modalités fonctionnelles d’ouverture de cette salle d’audiences délocalisée, située dans une zone d’accessibilité réduite.

En ce qui concerne les mineurs non accompagnés, le Défenseur des droits s’inquiète des conditions de leur prise en charge, en l’absence de cadre juridique clair et de représentant du parquet dans l’annexe, et alors que les services de l’Aide sociale à l’enfance ne semblent pas avoir été dotés des moyens nécessaires pour assurer cette prise en charge.

En conséquence, le Défenseur des droits recommande de surseoir à l’ouverture de l’annexe et souhaite que le ministère de la justice puisse trouver rapidement des solutions conformes à ses recommandations.

file type icon CP Défenseur des droits - annexe TGI Bobigny à Roissy.pdf
file type icon Décision du Défenseur des droits msp 2017-211.pdf

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha abierto una queja de oficio para investigar la dotación de personal para el nuevo aula de Educación Especial del IES Mediterraneo de Torrevieja, que presta atención a 10 alumnos/as. En concreto, el defensor quiere saber las medidas adoptadas por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte para para proveer este aula de dos profesores de psicología terapéutica, un educador social y un profesor de audición y lenguaje.

El defensor del pueblo valenciano ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de la difícil situación por la que atraviesa el centro para poder llevar a cabo un proyecto dirigido a alumnado con necesidades especiales. Al parecer, al inicio del curso, la incorporación de los profesionales especializados no se ha materializado por completo, provocando una situación que, según el AMPA del centro, hace que el proyecto sea inviable.

De acuerdo con la información a la que ha tenido acceso esta institución, durante el curso pasado la Administración educativa presentó y aprobó un proyecto para impulsar la creación de un aula de estas características, con el compromiso autonómico de contratar personal especializado y de aportar el material didáctico. Por su parte el centro se hizo cargo del acondicionamiento del aula, así como del material y organización del horario para que dos de sus profesores dedicaran parte de su jornada a reforzar la atención de estos alumnos.

El Síndic, de momento, se ha dirigido a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte para solicitarle información detallada sobre las medidas adoptadas para dotar el aula específica del IES Mediterráneo de dos profesores de psicología terapéutica, un educador social y un profesor de audición y lenguaje. Igualmente, también se dará traslado al AMPA para conocer la situación del alumnado y conocer propuestas alternativas.

Volksanwalt Günther Kräuter empfing den kosovarischen Ombudsman, der gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen von 4.-6. Oktober 2017  zu einem Erfahrungsaustausch in die Volksanwaltschaft gekommen war. Dr. Kräuter und Experten der Volksanwaltschaft, stellten vorerst die Struktur, die Aufgaben und Aktivitäten der Volksanwaltschaft vor und erklärten anschließend die Arbeitsweise des österreichischen Nationalen...

La institución del Valedor do Pobo concluyó dos quejas sobre la rotulación única en gallego de varias señales de tráfico en el Ayuntamiento de Gondomar. La autoridad municipal informó de que adaptaría los textos a la normativa específica, que señala que deben aparecer en las dos lenguas cooficiales.

Santiago de Compostela, 9 de octubre de 2017. La institución del Valedor do Pobo inició el pasado verano dos investigaciones a instancia de parte sobre sendas señales de tráfico ubicadas en el acceso al Polígono de A Pasaxe y en el entorno de un instituto en el Ayuntamiento de Gondomar. El objeto de ambas quejas, aunque con sentidos contrapuestos, se centró en el uso idiomático de las leyendas de las señales de prohibido en esos puntos, que en ese momento aparecían redactadas sólo en gallego.

Admitidas a trámite las quejas, la valedoría pidió informe al Ayuntamiento de Gondomar, la autoridad responsable de disponer esa señalización. El gobierno municipal respondió en tiempo y forma al Valedor do Pobo, indicando en su oficio que procedería en las siguientes fechas a modificar las señales para dar cumplimiento a la normativa específica.

Con esta información en su mano, la valedoría del pueblo concluyó, sin resolución, su actuación. Esto quiere decir que, al anunciar la administración afectada que aplicaría la normativa específica, no fue preciso recomendar ni sugerir ninguna medida correctora.

La normativa específica que afecta a la queja es el artículo 138 del Real Decreto 1428/2003, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo de la Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad viaria. Ese artículo especifica que las indicaciones escritas que acompañen a los paneles de señalización de las vías públicas (leyendas) figurarán en idioma castellano y, además, en la lengua oficial de la comunidad autónoma cuando la señal esté en su ámbito territorial.

La aplicación de la normativa específica, en este caso, pasa por la inclusión de los textos de las señales en los dos idiomas cooficiales en Galicia, el gallego y el castellano, para aplicación de la regulación de tráfico. El Ayuntamiento de Gondomar anunció que aplicaría esta norma en el marco de la queja que finalizó su tramitación el pasado mes de septiembre.

Ante la confusión generada al respecto, la institución del Valedor do Pobo quiere aclarar que en ningún momento, en el marco de esta actuación, se defendió la rotulación única en castellano ni la eliminación de los textos en gallego. La rotulación de las señales de tráfico, según la normativa específica, tiene que hacerse en los dos idiomas cooficiales de Galicia, gallego y castellano, para mayor abundamento e identificación por parte de los conductores.

La valedora do pobo se pondrá en contacto durante esta jornada con la alcaldía de Gondomar para que le informe de lo actuado y trasladarle esta necesidad de rotular en los dos idiomas las señales afectadas.