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The Ombudsman of Catalonia highlighted this Tuesday, September 26^th, that anyone with complaints or queries related to political events in recent days can file them through www.sindic.cat or at the Ombudsman’s headquarters (pg. de Lluís Companys, 7, Barcelona). 

Rafael Ribó recalled that, in accordance with article 78 of the Statute of Autonomy of Catalonia, the Ombudsman office is performing its duties to guarantee the rights and freedoms in Catalonia. In this regard, he clarified that he will attend to all complaints from public offices that consider that the guidelines they receive, also by public offices, may result in maladministration.

The Catalan Ombudsman also issued a statement in which he questions the actions of the Public Prosecutor of Catalonia in recent events and advances that he is investigating if the Prosecutor’s Office may have transgressed the legal framework in force.

As explained in the statement, the Prosecutor's Office is performing functions that go beyond its powers. In this same sense, according to the Catalan Ombudsman, the prosecutor's instruction intends to play a "coordination" role. "Coordinating" and "directing", however, are not equivalent functions, as established by a very broad doctrine of the Constitutional Court itself. And in no case would it be justified that the security and public order should remain at the orders of the Spanish Ministry of Internal Affairs by decision of a prosecutor, instead of the Catalan Ministry of Internal Affairs, who has this competence.

Finally, he has questioned the use of the criminal way by the Public Prosecutor's Office to punish conducts that are not criminal.

El Síndic de Greuges ha solicitado información al Departamento de Salud para aclarar las informaciones aparecidas en prensa que apuntan a posibles irregularidades en la asistencia de un paciente de 20 años muerto el pasado 25 de septiembre en el Hospital Sant Joan de Déu de Manresa a causa de una peritonitis aguda.

El Síndic quiere investigar los hechos puesto que la familia ha denunciado a los medios de comunicación que el joven acudió hasta cuatro veces al servicio de urgencias de referencia de su domicilio en Sant Salvador de Guardiola, en la comarca del Bages. En dos ocasiones al CAP de esta localidad y las otras dos al citado hospital de Manresa, donde finalmente fue ingresado. El paciente, que se quejaba de un fuerte dolor abdominal, fue diagnosticado primero gastroenteritis y después estreñimiento.

En el mes de agosto de 2016 el Síndic ya actuó de oficio a raíz de la muerte de una persona por peritonitis en Igualada. En aquel caso, en que se constataron diversos errores en la asistencia al paciente, el Síndic sugirió al Departamento de Salud que iniciara de oficio una reclamación de responsabilidad patrimonial. También le solicitó que le enviase información sobre las medidas concretas de mejora implantadas en el centro hospitalario implicado.

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha enviado un escrito al Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, en el que le recuerda que la situación de los derechos humanos en Turquía cambió con el golpe de estado fallido en julio de 2016. Esta nueva situación, a juicio de la Institución, debería tenerse en cuenta en todas las fases del procedimiento de extradición del periodista turco sueco  Hamza Yalçin.

Recientemente, la Fiscalía General del Estado ha remitido un informe al Defensor del Pueblo en el que destaca un pronunciamiento de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que, el 11 de marzo de 2016, cuatro meses antes del golpe de estado frustrado, desestimó las alegaciones generales contra la aceptación de entregas extradicionales a Turquía.

En opinión del Defensor del Pueblo, que también se ha dirigido sobre este asunto a la Secretaría de Estado de Justicia, la situación desde la perspectiva de los derechos humanos ha cambiado sustancialmente desde entonces.

Así, ha insistido en que “estas circunstancias deben ponderarse tanto en la fase gubernativa previa a la decisión sobre la continuidad del procedimiento de extradición como, eventualmente, en la fase gubernativa posterior a una decisión de la Audiencia Nacional”.

Fernández Marugán reitera su “preocupación por el posible uso de la extradición por el Estado turco como instrumento de represión política, desvinculado de la comisión de delitos”. Y remarca que “son de general conocimiento las actuaciones represivas que han padecido periodistas y escritores, muchos de ellos ciudadanos de algún país de la Unión Europea”.

Yalçin, ciudadano de doble nacionalidad turca y sueca, fue detenido en Barcelona el 3 de agosto y privado de su libertad en el marco de un  procedimiento de extradición pasiva solicitada por Turquía. Además, la Institución se ha interesado por la situación del periodista turco alemán Dogan Akhanli, que fue detenido el 19 de agosto en Granada y posteriormente puesto en libertad, y que también se encuentra sujeto a un proceso de extradición pasiva a solicitud de Turquía.