Cholbi insiste en que el alumnado con necesidades educativas especiales tiene derecho a una educación inclusiva de calidad y a una verdadera atención a la diversidad

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido a la Conselleria de Educación para que responda en un plazo de 15 días  si acepta o no la recomendación que le hizo llegar en julio para garantizar la escolarización adecuada a los alumnos con necesidades educativas especiales del CEIP Azorín de San Vicente del Raspeig.

La intervención del defensor del pueblo valenciano se inició a finales de enero de 2017, cuando la madre de una niña de 8 años, con daño cerebral y epilepsia refractaria, escolarizada en dicho centro acudió a esta institución en busca de ayuda. La familia, que vive en Agost, se vio obligada a escolarizar a la menor en el CEIP Azorín de San Vicente del Raspeig, con los correspondientes 24 km diarios de trayecto, al no poderle ofrecer una respuesta especializada en los centros de su municipio.

No obstante, los padres se quejan de la escasa respuesta especializada que recibe no solo su hija sino todos los niños del centro con necesidades educativas especiales.  Y añadían que el centro contaba con un total de 25 horas semanales de audición y lenguaje repartidas entre 40 niños que lo necesitan.

De acuerdo con los padres, el equipo directivo del colegio, el AMPA y la Inspección educativa correspondiente han llevado a cabo las gestiones administrativas oportunas solicitando a la Conselleria de Educación los recursos humanos necesarios para mejorar y aumentar el apoyo que reciben los alumnos de este CEIP en Audición y Lenguaje, pero al parecer no han conseguido el resultado esperado. 

En mayo de 2017, en plena tramitación de la queja, la Conselleria comunicó  a los padres las nuevas medidas adoptadas en relación con su hija de acuerdo con un “nuevo diagnóstico más ajustado”. Le aumentaban a 5 las sesiones semanales de audición y lenguaje. Sin embargo, a los padres les parecía que la respuesta de la Conselleria no solucionaba el problema, puesto que el apoyo de más que le estaban ofreciendo a su hija provenía de los recortes en atención a otros niños que también lo necesitaban y merecían. Así, los promotores de la queja pidieron al defensor que no cerrara la investigación puesto que no habían aumentado la dotación de recursos personales para atender a los alumnos que necesitan apoyo en audición y lenguaje.

Por todo ello, el pasado mes de julio, el Síndic de Greuges instó a la Administración educativa que agilizara al máximo todos los trámites necesarios de creación y provisión de puestos de trabajo y de evaluación de futuras necesidades con el objetivo de dotar este colegio de los profesionales necesarios de audición y lenguaje para garantizar una educación inclusiva de calidad, “proceda con celeridad a dotar el CEIP Azorín de los profesionales necesarios(…) incrementando el número de horas semanales de audición y lenguaje para el próximo curso escolar 2017/2018 …”.  

Desde esta institución insistimos en que el alumnado con necesidades educativas especiales tiene derecho a que la Administración educativa les facilite el acceso a los recursos, medios materiales o ayudas específicas para su participación en el proceso de aprendizaje en condiciones de igualdad respecto a los demás alumnos.

La resolución del síndic sobre este asunto se puede consultar en nuestra web: http://www.elsindic.com/Resoluciones/10871723.pdf

We, the signatories to this Joint Statement, acting within our statutory competence, reaffirm the basic goals and principles of the Visegrad States’ cooperation, especially the establishment of a democratic legal state fully respecting and protecting human rights, fundamental freedoms and the dignity of every person.

These objectives have become the fundamental values of the Visegrad Group States throughout the years of the existence of this cooperation. As public defenders of rights, we feel particularly obliged to overview and monitor the compliance with these principles as they serve as the cornerstones of democracy, freedom and prosperity of society.

The Visegrad Group cooperation was established as an alliance in which every participating state supports each other in respecting the above-mentioned values. It is, however, not only for the governments and ministries to fulfil this “promise”, but also for any other state institution to find its own way, within its mandate and powers, to support the mutual cooperation. The public defenders of rights of the Visegrad countries have been organizing the annual meetings already for fourteen years. Ombudsmen have always been considered as “advocates of people” of all kinds and backgrounds; actual “advocating” the rights and freedoms of all people, especially the most vulnerable ones, might, however, not always find the understanding or support of the general public. This, however, we consider to be one of the very cornerstones of the democratic legal state – that the ombudsman may undertake this role without being under the risk of restriction in his or her powers or other form of persecution.

Therefore, we emphasize the importance of having an independent and strong ombudsperson who would always follow and try, to the best of his or her capacity, to fulfil the main objectives of this institution, i.e. to protect everyone against the misconduct of public authorities and promote and protect human rights and fundamental freedoms.

While following these goals we wish, as ombudsmen and ombudswomen of Visegrad Group’s States, to support each other by strengthening the mutual cooperation and exchange of good practices, as well as by the individual support in times or situations when public opinion’s or political pressure may influence the independence of the ombudsman’s institution or in any other manner restrict or make it impossible to fulfil their mandate.

Done in Brno, Czech Republic, on this 6th day of September of the year 2017