El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido al Ayuntamiento de Alicante para solicitarle que siga adoptando medidas tanto de prevención como de reducción y corrección previstas en la ley para eliminar al máximo las molestias generadas por la práctica del botellón en el barrio de Santa Cruz de Alicante. También insta a que la Policía Local siga ejerciendo labores de disuasión y sanción a fin de erradicar las consecuencias derivadas de esta práctica.

Esta es la resolución del defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana a la queja presentada por casi un centenar de vecinos del barrio que acudieron a esta institución ante las insoportables molestias que soportan desde hace años durante todos los fines de semana a consecuencia del botellón.

Los vecinos han denunciado ante el Síndic y ante el Consistorio que multitud de jóvenes se congregan en las inmediaciones de sus domicilios, concretamente en la muralla del Barrio de Santa Cruz, donde organizan botellones con los consiguientes perjuicios en la vía pública, jardines e incluso en sus propias viviendas. En concreto, los vecinos se quejan de los ruidos y la suciedad en la zona (botellas de cristal y vasos rotos, macetas destrozadas, vómitos, orines en las entradas y puertas de las casas…) además de las inseguridad sembrada por las peleas y griteríos hasta altas horas de la noche.

Durante la fase de investigación, el Ayuntamiento de Alicante comunicó al Síndic las actuaciones llevadas a cabo en esta zona. Según el informe remitido,  en el último año (desde el 1 de junio de 2016 al  31 de mayo de 2017) la Policía Local ha denunciado a 36 personas por consumir bebidas alcohólicas en la zona. Además, todos los fines de semana y en horario nocturno, dicho cuerpo despliega un dispositivo de vigilancia en el Casco Antiguo para evitar el consumo de alcohol en vía pública y las molestias a los vecinos.

Aunque Cholbi hace una valoración positiva de las medidas adoptadas hasta el momento por el Ayuntamiento, advierte que a pesar de las mismas se siguen produciendo molestias. Los vecinos que acudieron al Síndic reclaman algo tan básico como que se les permita el derecho al descanso, que cesen las molestias generadas por los ruidos y los actos incívicos fruto de la práctica del botellón. De ahí que el defensor considere necesario que el Ayuntamiento siga trabajando con todas las medidas y recursos legales de los que dispone para dar una respuesta eficaz a los diferentes problemas generados por la práctica del botellón en la zona mencionada.

Si bien es cierto que la Administración tienen la obligación de actuar frente a cualquier alteración de la paz vecinal y del entorno en que se desarrolla la vida íntima o privada, el Síndic también apela al comportamiento cívico de los jóvenes y considera imprescindible que la ciudadanía sea consciente del deber de respetar los derechos de las demás.

Councils in England are getting it wrong too often when it comes to waste collection complaints, says the Local Government and Social Care Ombudsman.

Its new report - Lifting the lid on bin complaints – shows the Ombudsman upheld 81% of its complaint investigations into council waste and recycling services last year. This shot up from 59% the year before. 

With many councils outsourcing waste services, one of the common issues the Ombudsman sees is insufficient council oversight of those contractors. Many of its upheld complaints feature councils not taking full ownership of ensuring service issues are responded to properly. 

This leaves residents frustrated at having to raise concerns about their bin collections to their council time and time again. 

Other common issues the Ombudsman sees from its investigations include: 

• Repeated missed collections - sometimes compounded by the infrequent nature of collections 
• Poor complaint handling and problems monitoring reported issues 
• Issues with assisted collections for those with disabilities or mobility problems 

Michael King, the Local Government and Social Care Ombudsman, said: 

“Councils can contract out their waste services, but they cannot wash their hands of it. They are responsible and accountable for delivering those services, and for putting things right when they go wrong. Outsourced should not mean out of touch.

“Whether the service is outsourced or not, we shouldn’t be upholding 81% of the complaints we investigate – this is too much, particularly for a service that should be relatively simple to get right. 

“Many thousands of bins are collected successfully every day in England. But the complaints we investigate tell the story of real public experiences. No matter how trivial it may seem to some, people are right to expect councils to take their concerns seriously and act on them. When things go wrong, it’s how councils put them right that really matters. 

“I hope councils take onboard the learning points from our report, particularly by properly overseeing contractors; ensuring peoples’ concerns are listened to, and appreciating that contracting out and charging for services brings with it different expectations from the public.”

22/08/2017

El Síndic ha decidido intervenir en esta situación con el objetivo de supervisar de oficio la actuación de la Administración para garantizar tanto el derecho de los trabajadores como el de los alumnos y profesores de autoescuela, y ante los perjuicios que esta situación está causando en las personas que se quieren presentar a las pruebas prácticas para obtener el permiso de conducir.

Por este motivo, se ha dirigido a la Dirección General de Tráfico y ha pedido información sobre los motivos de la falta de acuerdo y las medidas previstas para minimizar las repercusiones de la huelga indefinida convocada para el próximo día 4 de septiembre.

A raíz de una queja recibida por la falta de examinadores en la demarcación de Tarragona y la existencia de una cuota máxima de seis alumnos por profesor y convocatoria, el Síndic alerta de que se puede tratar de un problema estructural. Un problema que, según la queja concreta recibida, lleva a los alumnos catalanes a tener que registrarse en autoescuelas de municipios vecinos de Aragón o Castellón, en la Comunidad Valenciana.

Rafael Ribó, quien ha querido profundizar en los motivos del conflicto, ha solicitado datos comparados con otras comunidades autónomas sobre el número de examinadores y las ratios y cuotas existentes. Así, ha solicitado información a la Dirección General de Tráfico y a la Delegación del Gobierno en Cataluña y ha trasladado el caso al Defensor del Pueblo.

Los motivos principales de la huelga son la demanda de aumento salarial y la mejora de las condiciones laborales, afectadas, sobretodo, por déficit en el número de funcionarios examinadores. Des de el inicio de la huelga, el pasado mes de junio, se han suspendido unas 80.000 pruebas prácticas.

22/08/2017

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha mostrado su preocupación por los paros parciales llevados a cabo por los examinadores de tráfico, conflicto que tiene visos de agravarse en los próximos meses, convirtiéndose en una huelga indefinida que podría afectar a más de 100.000 alumnos.

El pasado mes de junio, tras recibir más de 1.700 quejas ciudadanas, se iniciaron actuaciones y se pidió información a la Dirección General de Tráfico (DGT)  sobre los avances en la negociación con los convocantes de la huelga.

En opinión de la Institución, el elevado número de ciudadanos afectados hace necesario que la DGT adopte medidas de forma urgente, a fin de normalizar la situación lo antes posible.

Asimismo, la Institución ha preguntado sobre las principales demandas planteadas por el colectivo convocante y sobre los compromisos asumidos por la DGT hace dos años que, a juicio de los examinadores, no se habrían cumplido. Además, se ha requerido información sobre las reuniones celebradas y sobre la posibilidad real de alcanzar un acuerdo en las próximas fechas.

El Defensor del Pueblo también se ha interesado por el posible déficit estructural  que soporta la plantilla de examinadores de tráfico, tras tener conocimiento  de que no se habrían cubierto las plazas por jubilación ni reforzado el personal en función de la demanda existente.

or del Pueblo pide información a la DGT sobre los avances en la negociación