El Diputado del Común, Rafael Yanes, presentará una queja a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Lady Nieves Barreto, para que se cumpla con lo estipulado en el protocolo de colaboración que se firmó en abril de 2016 con la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas (Pcalc).                                              ...

El Diputado del Común, Rafael Yanes, continúa con su intención de lograr la gratuidad del servicio de televisión en todos los centros hospitalarios de Canarias. Por ello ha mantenido una reunión con el director del Área de Salud de Tenerife, Ignacio López, con el presidente y con el gerente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife (ASHOTEL), Jorge Marichal y Juan Pab...

El síndic, Rafael Ribó, y la adjunta para la defensa de los derechos de los niños y adolescentes, M. Jesús Larios, han presentado este martes 10 de julio el Informe anual sobre los derechos de los niños 2017 ante la Comisión de Infancia del Parlamento de Cataluña.

A pesar de que el informe reconoce los adelantos y los esfuerzos de la Administración en cuanto al sistema de protección de la infancia (se han creado 242 plazas nuevas para atender a los migrantes no acompañados), aún es uno de los ámbitos que más preocupan al Síndic respecto a los derechos de los niños. Más concretamente, el Síndic destaca la necesidad de adoptar un plan específico para abordar el gran número de adolescentes extranjeros no acompañados que llegan a Cataluña en los últimos tiempos. Un incremento que empezó en el año 2016 y que en el año 2017 fue exponencial.

Este plan debe ser complementario a las medidas de mejora del sistema protector. En este sentido, se debe abordar el aún insuficiente número de familias acogedoras y la falta de despliegue del acogimiento profesional. El informe constata, además, que sería necesario continuar avanzando en la promoción de una red de centros más pequeños, como ha empezado a hacer la DGAIA, si bien estas dimensiones deberían ser aplicables a cualquier tipo de centro de protección. Así mismo, cabe avanzar en la mejora de las condiciones laborales del personal educador.

También en el ámbito social el informe incluye una lista de recomendaciones para combatir la pobreza infantil y recopila la tarea impulsada por el Síndic para alcanzar la firma, de momento en suspenso, de un pacto contra la segregación escolar. En cuanto a los derechos civiles, destacan las actuaciones para garantizar los derechos del colectivo LGTBI y las sugerencias para proteger y regular los derechos de imagen de los niños.

Un sistema de protección condicionado por la falta de acogimiento familiar, la situación laboral del personal educador y la llegada de adolescentes extranjeros no acompañados (pág. 25 y 91)

Los esfuerzos de la Administración para promover el acogimiento familiar, si bien suponen una mejora en cuanto al apoyo a las familias acogedoras, aún no han dado los resultados que requeriría la necesidad de este recurso, puesto que no se ha incrementado de forma significativa el número de familias acogedoras. Tan sólo un 46,8% de los niños tutelados están en acogimiento familiar, proporción muy similar a la existente desde hace más de diez años.

El factor más determinante para entender el incremento de la presión sobre el sistema de protección tiene que ver con el incremento de la llegada de adolescentes migrantes no acompañados. En el mes de octubre de 2017 ya se habían alcanzado 1.116 nuevos casos, un 63,2% más que en todo el año 2016. Las dificultades del sistema de protección para atender esta realidad han provocado que en la Ciudad de la Justicia de Barcelona y l’Hospitalet de Llobregat se mantuviera a numerosos niños, sin estar detenidos, más de cuatro días.

El colectivo de los educadores ha planteado al Síndic déficits que afectan directamente a la efectividad y a la garantía de los derechos de los niños. Entre las recomendaciones en este sentido destaca revisar el número y el perfil de profesionales que son necesarios en cada uno de los centros de acuerdo con las necesidades detectadas y expresadas por los mismos profesionales y las evaluaciones de riesgos psicosociales.

La pobreza infantil: un problema estructural (pág. 111)

En el año 2016 los datos sobre el índice de pobreza infantil mejoraron, pero aún existe cerca de un 25% de niños en riesgo de pobreza y un 6% de niños que sufren una situación de privación material severa, indicadores significativamente superiores a los datos para el conjunto de la población. A pesar de la constatación de que la prevalencia de pobreza es más alta en niños que en otros colectivos, el informe denuncia que la renta garantizada de ciudadanía, que se aprobó en el año 2017, protege a las familias con menos ingresos, pero no realiza una discriminación positiva suficiente de las familias con niños a cargo. Los importes previstos varían en función de los miembros de la unidad familiar, pero no distinguen si son niños o adultos.

En este sentido, el Síndic ha recomendado que se establezcan prestaciones regulares y eficaces dirigidas a niños y adolescentes que les den la máxima cobertura y cuyo acceso a las mismas no se acondicione a las necesidades de los demás, o también que el derecho a un nivel de vida adecuada de los niños sea un derecho subjetivo exigible frente a las administraciones y en sede judicial.

El pacto contra la segregación: un reto pendiente (pág. 61 y 128)

El Síndic presentó en el año 2016 dos informes sobre la segregación escolar. A partir de estos, junto con el Departamento de Educación, ha promovido la elaboración de un pacto contra la segregación en Cataluña. El pacto se fundamenta en los principios de corresponsabilidad de todos los centros, independientemente de la titularidad, y el del derecho a la educación con igualdad de oportunidades. Para garantizar el éxito del pacto contra la segregación escolar (aún en proceso de elaboración), tanto en cuanto a su suscripción como en cuanto a su aplicación efectiva, el informe recomienda que se adopte una posición activa sobre las medidas normativas y organizativas que se deben adoptar así como sobre las previsiones presupuestarias.

El informe pone de manifiesto el conflicto existente entre los efectos negativos en cuanto a la segregación de la difusión de datos de resultados académicos y el derecho de acceso a la información pública. En este sentido, la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) ha recibido demandas de acceso a datos de resultados. Para evitar esta situación, el Síndic recomienda que se regule la privacidad de esta información mediante un decreto.

Más control del uso de la imagen de los niños (pág. 17)

El Síndic destaca en su informe la falta de concienciación generalizada en cuanto a los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los niños. Así, señala que no se tiene lo suficientemente presente que la difusión de la identidad o de la imagen del niño no sólo lesiona sus derechos, sino que, además, puede perturbar su correcto desarrollo físico, mental, moral y social.

Una de las recomendaciones que efectúa el Síndic es garantizar con rigor que el derecho a la información y a la libertad de expresión no pase los límites que impone el ordenamiento jurídico de preservar los derechos mencionados, especialmente si los niños han sido víctimas de un delito o de maltrato.

Más recursos para las familias refugiadas (pág. 75)

Es preciso garantizar que los servicios sociales dispongan de los recursos para poder llevar a cabo una intervención adecuada en casos de familias refugiadas de reciente llegada y de especial vulnerabilidad a fin de puedan tener éxito en llegar a ser autónomos.

También es necesario crear centros o recursos para atender a familias con niños de reciente llegada que presentan una situación compleja y que requiere ser abordada de manera específica con planes de trabajo concreto y un seguimiento intensivo.

Otros temas

#LGTBI Déficits de la Administración en cuanto a las políticas de coeducación y visibilización de los niños LGTBI (pág. 11).

#Salut Insuficiencia de profesionales de pediatría (pág. 52). Consumo de tabaco en instalaciones deportivas donde los niños desarrollan actividades (pág. 54)

Discapacidad Programa respiro para niños con discapacidad intelectual (pág. 39) 

In einem von Hochwasser gefährdeten Bereich in Gols im Burgenland wurden Anschüttungen vorgenommen und neue Wohnhäuser errichtet. Weil das Wasser jetzt nirgends mehr abfließen könne, befürchtet die Eigentümerin eines angrenzenden Hauses, dass beim nächsten Starkregen Haus und Keller überflutet werden. Sie wandte sich an die Volksanwaltschaft. Volksanwältin Brinek kritisiert die Vorgangsweise der Gemeinde Gols und diskutierte den Fall mit dem Golser Bürgermeister, Experten und der Betroffenen in der Sendung Bürgeranwalt.

In Gols bereiten der Golser Kanal – der künstlich als Drainage-Kanal angelegt worden war, um die umliegenden Felder zu entwässern, das geringe Gefälle und der relativ hohe Stand des Grundwassers in der Gegend Probleme. Da das Wasser nirgends abfließen und kaum versickern kann, kommt es bei Starkregen immer wieder zu Überflutungen. So stand zuletzt 1995 der ganze Ort unter Wasser. Die Feuerwehr war tagelang im Dauereinsatz. Die Gemeinde Gols leitete daraufhin Hochwasserschutzmaßnahmen ein, die sich laut Bürgermeister bei Starkregen auch bereits bewährt haben.

Das Haus der betroffenen Burgenländerin liegt jedoch am tiefsten Punkt des Ortes und in unmittelbarer Nähe des Golser Kanals. Der Grünstreifen vor dem Haus war als Hochwasserschutzzone vorgesehen und dort, wo nun neue Wohnungen entstehen, war eigentlich die Errichtung eines Retentionsbeckens geplant. In Zukunft soll das Wasser noch vor den neuen Bauten abgefangen und durch einen kürzlich errichteten Kanal abgeleitet werden. Dass diese Maßnahmen bei Starkregen ausreichen, bezweifelt die Anrainerin. Der Bürgermeister vertraut hingegen den Berechnungen der Hochwasserexperten.

Die rechtliche Prüfung der Volksanwaltschaft ergab, dass das besagte Areal laut Burgenländischem Landesentwicklungsplan 2011 gar nicht bebaut werden dürfte, da es sich im 30-jährlichen und teilweise 100-jährlichen Hochwasserabflussbereich befindet. „Ich möchte das Land an sein eigenes Konzept erinnern. Demzufolge hätte der Flächenwidmungsplan in Gols ab 2011 geändert werden müssen. Diesen Plan hat man verworfen. Stattdessen macht man einen Bauplatz, schüttet die Fläche an und schafft für die alten Häuser darunter eine neue Risikozone. Die Betroffenheit der Nachbarn wird nicht berücksichtigt.“

Das vorliegende Gutachten hätte den Nachweis erbringen müssen, dass bei einem 30- und 100-jährlichen Hochwasser weder das Baugrundstück noch die Anrainer gefährdet wären. Und erst auf Grundlage dieses Gutachtens hätte die Baubewilligung von der Gemeinde erteilt werden dürfen. Volksanwältin Brinek fordert daher: „Die Flächenwidmung raschest anzupassen und keine neuen Baubewilligungen mehr auszusprechen für Flächen, die im Hochwassergebiet liegen. Insbesondere fehlt mir ein Gesamtkonzept für Hochwasserschutz in Gols.“

Nachgefragt: Schadenersatz nach Hundebiss

Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin eines Tierheims in Oberösterreich wurde von einem Hund gebissen und im Gesicht verletzt. In Folge der Verletzungen musste sie vier Tage im Krankenhaus verbringen. Für die erheblichen Behandlungskosten hatte sie einen Selbstbehalt zu bezahlen. Die Stadt Wels als Betreiberin des Tierheims und deren Versicherung lehnten die Haftung dafür ab mit der Begründung, dass seitens der Gemeinde kein Verschulden vorläge.

Volksanwältin Brinek beharrte im Dezember 2017 auf Schadenersatz für die verletzte Frau. Denn in Oberösterreich seien Hundehalter – in diesem Fall die Stadt Wels – gesetzlich dazu verpflichtet, eine Hundehaftpflichtversicherung abzuschließen. Ähnlich wie bei der Haftpflichtversicherung eines Autos, sollen auf diese Weise durch den Hund verursachte Schäden gedeckt werden. Demnach ist die Beschwerdeführerin als Dritte jedenfalls von den durch den Hund versursachten Schäden geschützt. Auf ein allfälliges Verschulden kommt es nicht an.

Die Versicherung versprach, den Fall nochmals zu prüfen. Sie und die Stadt Wels ließen sich schließlich von den Argumenten der Volksanwältin überzeugen. Die ehrenamtliche Mitarbeiterin wurde entschädigt, allerdings auf freiwilliger Basis. Dazu Volksanwältin Brinek: „Ich halte fest, damit wir aus dieser freiwilligen Entschädigung herauskommen, ist eine Hundehalterhaftpflichtversicherung abzuschließen. Nur auf diese Weise können wir sicherstellen, dass es bei zukünftigen tragischen Ereignissen mit Hunden nicht wieder eines Aktes der Großzügigkeit bedarf.“