Tanto la valedora como las entidades que trabajan con la discapacidad subrayaron durante su presentación la necesidad de dar cumplimiento a la obligación de conseguir la accesibilidad universal en Galicia.

Santiago de Compostela, 28 de junio de 2018. La valedora do pobo, Milagros Otero Parga, entregó hoy en el Pazo do Hórreo al presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, el Informe Extraordinario “La accesibilidad en Galicia”. En una rueda de prensa celebrada a continuación en las dependencias del Valedor do Pobo se dio a conocer el contenido más destacado del documento. Tanto la valedora como las entidades más representativas de la discapacidad en Galicia, que contribuyeron a la elaboración del informe, subrayaron la necesidad de dar cumplimiento las exigencias legales de accesibilidad universal y apelaron a la implicación de los poder sociales y de la ciudadanía.

Otero compareció acompañada del presidente del Consejo territorial de la ONCE en Galicia, Carlos Lamigueiro; del presidente de COGAMI, Anxo Queiruga; del presidente de la Federación de Asociaciones de personas xordas, Iker Sertucha y de la vicepresidenta de Fademga Plena Inclusión Galicia, entidades todas ellas que contribuyeron a elaborar el informe que servirá como marco de referencia para trabajar por la plena accesibilidad universal en Galicia.

Como indicó la valedora “la vida cotidiana refleja que la plena accesibilidad es un deseo no cumplido” por lo que “es preciso mudar esa realidad enseguida haciendo cumplir las leyes que ya prevén los derechos exigibles”.

Durante su intervención, la valedora pidió que se adopten con carácter inmediato las medidas para dar cumplimiento legal a la normativa cuyos plazos vencieron el pasado diciembre, que obliga a la accesibilidad universal a todos los bienes y servicios dependientes de la administración pública. Otero cree preciso instar al sector privado a corregir sus servicios y a sancionar los incumplimientos de la normativa.

Parte importante del trabajo pendiente guarda relación, a juicio de la defensora, con la necesidad de concienciar a la sociedad, enseñando que “el cumplimiento de las medidas constituye un imperativo de justicia que no puede ser aplazado”.

Por todo esto, la institución del Valedor do Pobo dirigió recomendaciones a la administración autonómica, para que acelere los trámites para aprobar el reglamento de desarrollo de la Ley de accesibilidad, e impulse el Plan gallego de accesibilidad y sus ayudas y para que incida en atajar los retrasos que afectan a las valoraciones de las discapacidades y de las dependencias, así como de las prestaciones de los servicios que estas conllevan.

A las entidades locales y provinciales les pidió mayor diligencia en la eliminación de barreras, en las exigencias de adaptación de las obras y en la oferta de plazas de aparcamiento.

Carlos Fernández Lamigueiro, presidente del Consejo Territorial de la Once en Galicia, denunció durante su intervención que “todo lo que tiene que ver con la accesibilidad no ocupa en las agendas políticas ni en la mediática el lugar preferente que merece”. La accesibilidad, matizó, afecta a un volumen grande de la ciudadanía y “no sólo las personas con discapacidad se ven directísimamente afectadas por la misma”. Insistió además que el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad favorecen la habitabilidad y otros derechos como el acceso a la información de los pueblos. “Marcan la diferencia para que las personas puedan poner en valor su dignidad”, afirmó.

Anxo Queiruga, presidente de COGAMI, indicó que las barreras persisten por la falta de formación y de sensibilización que “hace que se perciba la accesibilidad como un gasto impuesto por ley más que como una inversión para el desarrollo del conjunto de la sociedad”.

Iker Sertucha, presidente de FAXPG, afirmó que hay que “entender la accesibilidad como una necesidad transversal” que no afecta únicamente a las persona con discapacidad. “Todos tenemos que trabajar de manera corresponsable para conseguir una sociedad participativa y social”, aseveró y añadió que cuándo se incumplen y no se normalizan las leyes que avalan al colectivo de las personas sordas “es donde comenza la discriminación”.

Carmela González, vicepresidenta de Fademga Plena Inclusión, tomó la palabra para alertar que resulta terrible que habiendo unas leyes que protegen a todas las personas con dificultades, éstas no se cumplan. Desde Fademga, que representa a personas con discapacidad cognitiva, detectaron problemas principalmente de comprensión de entornos, con especial dificultad en las estaciones de autobuses de los principales municipios.

El informe extraordinario hoy presentado al presidente parlamentario será objeto de una comparecencia de la defensora del pueblo ante la Comisión de Peticiones que se celebrará en los próximos días.